Denuncian a dos ediles de Carmena por un «catastrazo ilegal» en Moncloa

El pasado 30 de abril, un residente de Moncloa afectado por esta regularización al alza denunció a dos delegados del equipo municipal por la vía penal por cooperar en un presunto delito de prevaricación al incrementar el valor catastral de su edificio en contra de la Ley del Catastro Inmobiliario (LCI). Apunta a Jorge García Castaño, responsable de Economía y Hacienda, a quien califica de inductor del delito, y a José Manuel Calvo, al frente de Desarrollo Urbano Sostenible, por haber facilitado los informes de obras. El peso de la causa penal recae sobre el gerente regional del Catastro, Luis Antonio García Zarza, a quien acusa de tres delitos : prevaricación administrativa, falsedad documental ideológica y de haber ejercido como cooperador necesario de un delito continuado de exacción ilegal.

Los doce familias que viven en el edificio de la calle de Tutor, 5 (Moncloa-Aravaca), recibieron una ingrata sorpresa en agosto de 2017 en sus buzones. La Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, les notificó que se iba a llevar a cabo una alteración catastral de su inmueble porque habían realizado unas obras que no habían sido comunicadas de forma «completa y correcta en el plazo establecido». El valor catastral de sus viviendas se duplicaba , aunque no sabían por qué. Casi un año más tarde, en julio de 2018, el director de la Agencia Tributaria de Madrid, órgano del Ayuntamiento de la capital, les reclamó el pago del IBI de los años no prescritos: 2015, 2016 y 2017, según la modificación realizada. Su recibo anual de este tributo se ha incrementado de media 162 euros.

El denunciante, un letrado jubilado, se movilizó para saber el origen del requerimiento. Su investigación, incluido el certificado de un perito judicial especialista en edificación y urbanismo, concluyó que las reformas a las que hacía referencia el Catastro (del año 1982, 2001 y 2009) no tenían que ser declaradas ni comunicadas y, lo más importante, no suponían, según el artículo 16.2.a) de la Ley del Catastro Inmobiliario , causa para modificar el valor de la edificación ya que se trataban de obras de conservación y mantenimiento del edificio.

El primer expediente al que hacía referencia el Catastro era por unos trabajos que se realizaron en 1982 para sustituir las bajantes de las aguas fecales . Otro se remontaba a las subsanaciones que tenían que llevar a cabo tras someterse a una Inspección Técnica del Edificio (ITE). La construcción, levantada en el año 1900, presentaba deficiencias y los vecinos tuvieron que reparar la cornisa, limpiar la fachada, los canalones, sustituir elementos metálicos de los balcones... En cualquier caso, reparaciones que no afectaban a zonas privadas, sino comunes.

El último expendiente con el que se justifica el incremento del valor catastral era sobre una obra de enero de 2009 en el que tuvieron que arreglar revestimientos, pinturas y de retejado . Como el inmueble se encuentra dentro del entorno del Plan Especial, se dio traslado de la solicitud de licencia a la Protección del Patrimonio Histórico,Artístico y Natural, informándose favorablemente como obras «de conservación parcial del edificio». Entre ellas, saneado de humedades, barnizado de pasamanos, pintura de cerrajería, etcétera.

Este « c atastrazo ilegal » en esta finca situada en paralelo a la calle de la Princesa y a tres del Templo de Debod ha acabado en los Juzgados de Plaza Castilla después de que el denunciante presentara alegaciones al órgano estatal y fueran desestimadas. A su juicio se trata de «una subida ideológica». Desde Economía y Hacienda afirman que por ahora no tienen constancia del caso. «No es la primera vez que llega una denuncia contra algún miembro de la Corporación ni tampoco es infrecuente que estas cuestiones tengan lugar en campaña electoral. Lo relevante es tener presente que este tipo de denuncias suelen acabar archivadas por su falta de fundamento».

El vecino de Tutor, 5, menciona en el texto jurídico que acudió al Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) y que estaba «colapsado» por casos similares. Desde le Ministerio de Hacienda no pudieron verificar esta versión al no ofrecer información al respecto; desde el Ayuntamiento comentaron que el tribunal madrileño que lleva estas competencias no estaba saturado: «Resuelve las reclamaciones planteadas en un plazo razonable, tal y como se acredita en las memorias de funcionamiento del mismo».

El madrileño que ha emprendido esta causa pide que se revoque la subida del valor catastral de su inmueble y, a la vez, que se investigue a las personas aludidas y sus actuaciones.