La reactivación desata el fraude en la venta de viviendas protegidas

«Lo que hemos detectado son ofertas de vivienda protegida con sobreprecio o ventas realizadas con sobreprecio sin repestar el módulo de precio de vivienda protegida correspondiente», explican fuentes de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. En concreto, «desde 2017, y especialmente en 2018, —indican— se observa un incremento de los expedientes abiertos por exigencia y/o percepción de sobreprecio en paralelo a la incipiente recuperación del mercado inmobiliario. Solo en lo que llevamos de año (hasta agosto) casi se han doblado los expedientes abiertos en todo 2015». En el último año y medio, se han estudiado cientos de operaciones que podrían ser fraudulentas y finalmente se han tramitado 101 expedientes por sobreprecio que han concluido en sanción.

Este tipo de fraude, que había desapareció en los años más duros de la crisis, también se da en Barcelona y determinados destinos de la costa. No en vano, el Gobierno quiere tomar cartas en el asunto. De hecho, y según indican fuentes del Ministerio de Fomento, se ha formado un equipo interministerial que trabaja en diseñar «un régimen de sanciones homogéneo para evitar maniobras especulativas y la opacidad en la vivienda con algún tipo de protección». Aunque todo «está en pañales», afirman, esta medida sería una de las que recogería una futura ley de vivienda.

Las viviendas protegidas cuestan menos que el precio del mercado y están sujetas a unas limitaciones en función de su calificación. «Tienen un periodo de protección fijado en la Cédula de la Calificación Definitiva que otorga la correspondiente consejería de la comunidad autónoma», explican desde la consultora Soluciones e Información para Viviendas Protegidas. Es decir, solo se puede vender cuando expire ese plazo, normalmente 30 años, aunque también pueden ser de 15 o 10 años. Una vez cumplido este periodo, la vivienda puede pasar a otras manos siempre que respete un precio fijado por la administración autonómica. Estos precios se recogen en módulos que establecen un valor por metro cuadrado y por ubicación.

Si se quiere vender la casa antes de que cumpla el plazo de protección, se puede pedir la descalificación «devolviendo las ayudas percibidas más los intereses correspondientes», señala la consultora.

Ocurre que hay quien no respeta toda esta regulación y añade un sobreprecio cuando vende la vivienda protegida, algo de lo que abusaron promotores y particulares durante la época de la burbuja inmobiliaria. Hoy en día el «sobreprecio se disfraza bajo conceptos como las trasmisión de la vivienda con "mejoras" tales como muebles, aire acodicionado, uso de terraza.... Ninguna de estas mejoras se puede repercutir como un coste adicional al precio de la vivienda», sostiene la consultora.

El sobrecoste puede variar mucho, como indica la consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, una vivienda de 70 metros cuadrados en Moratalaz, uno de los barrios en los que más ha subido el mercado (ha recuperado un 20% de su valor), puede llegar a recoger un sobreprecio de unos 20.000 euros. En un barrio de moda y con gran demanda como Las Tablas rondaría, al menos, los 70.000 euros.

El fraude no solo puede interesar al propietario, como apunta Juan Casares, presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi) . «También —cuenta— hay compradores que quieren blanquear dinero negro a través de estas transacciones». No obstante, Casares asegura que «en las coperativas es algo que no se da.Concovi vela por todas las coperativas integradas en su confederación».

Y es que el fraude es muy difícil de detectar, aunque ayuda el hecho de que ya no se puedan realizar pagos en efectivo de más de 2.500 euros. «El sobreprecio es un acuerdo que se hace de forma privada y verbal entre particulares», explican en el portal idealista.com. Es algo que no se publicita. «Sería muy extraño que un propietario o una agencia anunciara algo ilegal en pisos.com. En caso se detectarlo, lo gestionaríamos como cualquier otro fraude: retirada del anuncio, contactaríamos con el anunciante para aclarar la situación y si no se puede resolver se pone a disposiciones de las autoridades correspondientes», señala Ferrán Font, director de Estudios de esta plataforma inmobiliaria.

Desde luego quien quiera engañar tiene que pensárselo dos veces, porque la sanción que le impondrían oscila de 6.000 a 60.000 euros y la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.