Granados comparece desde la cárcel en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid
Granados comparece desde la cárcel en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid - EFE

«La compra de suelo en Arpegio se decidía por criterios políticos»

Un exresponsable admite que la empresa pública estaba «al servicio del Gobierno»; otro defiende que se regalara un jamón y un lomo de caña a consejeros y empleados

MADRIDActualizado:

El exconsejero delegado de Nuevo Arpegio,Francisco Labayen, admitió ayer en la comisión que investiga posibles casos de corrupción en la Asamblea de Madrid, que la compra de suelo por parte de la empresa pública en una zona u otra de la región se realizaba por «criterios políticos», y no necesariamente técnicos. «Arpegio era un instrumento al servicio del Gobierno regional y su estrategia. Si se decide potenciar algunos lugares del sur, yo voy a intentar que Arpegio encuentre suelo allí. Una vez identificado el municipio, se necesita un informe técnico claramente favorable», dijo ayer Labayen, quien añadió que no todas las compras seguían el mismo procedimiento.

«Hay pagos en contado o no, depende. Al final, las operaciones salben bien y no se hablan de ellas. Y otras salen mal. Normalmente, las decisiones se adoptan valorando el futuro, que es incierto», alegó, para concluir que «era una herramienta útil», informa Europa Press.

Labayen defendió que el Ejecutivo regional, a través de Arpegio, buscó el equilibrio territorial, potenciando los usos menos atractivos para atraer inversiones. «Son decisiones políticas de hace veinte años», admitió, recordando que «ningún acto se hacía» sin el respaldo del Consejo de Gobierno.

Otro exconsejero de Arpegio entre 2004 y 2008, Eduardo Larraz, reconoció que la empresa pública regaló a los miembros del consejo de administración, a los trabajadores y a todos los miembros de Prisma un jamón y una caña de lomo porque «la gente trabajaba muy bien» y los resultados alcanzaron los «100 millones de euros». Larraz admitió también la ausencia de criterio técnico en el proceder de la empresa, ya que «si el suelo se veía que no tenía problema, no era necesario».

Arpegio, empresa liquidada ahora por el Gobierno de Cristina Cifuentes, figura en el sumario de la trama Púnica por varios contratos irregulares en los que, al parecer, medió el exconsejero Francisco Granados, en la cúspide de la trama corrupta.

C’s criticó «el uso tan alegre» del dinero público en Arpegio, Podemos su afán de «especular»; mientras que el PSOE vio «derroche económico» en alguno de sus proyectos. El PP defendió su gestión en los últimos 20 años.