Celia Mayer: «No hay reconciliación posible mientras haya muertos enterrados en las cunetas»

Celia Mayer ha destacado que para que en Madrid se produzca una política pública de memoria «realmente democrática» es necesario entender la implicación ciudadana y que el proceso de revisión histórica de la Guerra Civil y la Dictadura «debería seguir las directrices de derechos humanos marcadas por las organizaciones internacionales».

Mayer ha publicado sus opiniones en sus redes sociales, donde ha explicado que la realización de un plan integral de memoria desde el área no trataba sólo de cumplir con la ley sino que además apostaba por la elaboración de una política pública de memoria en la ciudad dado que se ha construido en torno a «una determinada visión de la historia, parcial y sesgada como todas, que ensalza principalmente figuras militares y principalmente masculinas».

Todo ello «invisibilizando la importancia de otras historias, de las mujeres, de los barrios, de profesiones invisibles, historias cotidianas que no han encontrado un lugar de reconocimiento en la ciudad». El objetivo del plan era crear «mecanismos para que la gente decidiera y participara sobre la construcción de la identidad y la memoria de la ciudad». Empezaron los trabajos con más de una treintena de asociaciones de Memoria Histórica y con entidades externas.

Se trataba de elaborar una primera batería de medidas para el cumplimiento de la ley que implicaba la retirada de algunos vestigios y de treinta calles , de acuerdo con el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica, ha recordado Mayer.

Dicho artículo manifiesta que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, «tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». Estas medidas fueron consensuadas con los grupos políticos PSOE y Ciudadanos y anunciadas en el pleno del 23 de diciembre.

La segunda fase, «más pausada», abordaría el resto de las más de 200 calles que existen en Madrid a día de hoy y que no ostentaban una interpretación legal e histórica «tan evidente» y que, por tanto requerían de un amplio debate entre los grupos políticos, las asociaciones de memoria y la ciudadanía en su conjunto.

El tercer paso sería un protocolo para los vecinos de cara a minimizar las molestias ocasionadas por los posibles cambios. «Hay que aclarar que no supone coste ni burocracia adicional, se respeta un periodo de transición y simplemente se ha de actualizar cuando se actualicen sus documentos de manera habitual», ha concretado.

El cuarto sería la puesta en marcha de acciones pedagógicas y culturales ya consensuadas con las asociaciones, como la realización de actividades y rutas explicativas en lugares simbólicos de la ciudad, como la antigua cárcel de mujeres, la cárcel de Carabanchel o el cementerio de la Almudena.

El último paso sería la creación de un mecanismo estable y participativo para la propuesta de nombres, homenajes y placas de la ciudad que pueda abordar aspectos más generales de la memoria de Madrid, como las profesiones, el género o cualquier otra narrativa ausente.