El Ayuntamiento ignoró un informe que daba por buena la gestión privada de la Funeraria

La memoria de desprivatización llevada a cabo por la Corporación en 2015 se basaba en dos estudios previos. Uno era el realizado por Cemusa Corporación Europea de Mobiliario Urbano , que ponía en cuestión el estado de algunas infraestructuras de la funeraria; el otro, el de AFI (Analistas Financieros Internacionales Consultores de las Administraciones Públicas), del que extrajeron exclusivamente lo que avalaba su tesis, ya que obviaron las partes del documento que reconocían que el servicio del gestor privado era «óptimo» , una palabra que se define en el diccionario como «sumamente bueno, que no puede ser mejor».

El estudio de AFI, al que ha tenido acceso ABC, comenzó a tramitarse en la última etapa del Gobierno de Ana Botella (PP), con motivo de que la concesión con Funespaña culminaba el 15 de septiembre de 2016. El informe fue ejecutado y culminado, sin embargo, con el Gobierno de Manuela Carmena , ya que data de diciembre de 2015. Como se ha podido comprobar, la formación de Podemos en la capital utilizó parcialmente el trabajo de esta entidad y omitió los párrafos donde se reconocía que había un buen servicio.

AFI aseguraba que anualmente se realizaban «distintos trabajos de mantenimiento y conservación de instalaciones» que permitían «garantizar la prestación de servicios funerarios y cementerios en óptimas condiciones, tal y como confirman los resultados de la Encuesta de Calidad de los Servicios». Esta consultora afirmaba tajantemente que las instalaciones en aquel momento y el equipamiento disponible también garantizaban «la prestación del servicio de forma óptima» . Ahora Madrid, sin embargo, obvió esta parte y basaba su argumento exclusivamente en la necesidad de la municipalización por el mal estado de la empresa y sus activos, así como nefasta conservación de los cementerios y los tanatorios por la falta de inversiones de Funespaña para su mantenimiento.

Desde el punto de vista económico-financiero también se daba un revés al discurso de Sánchez Mato: «En la actualidad (diciembre de 2015), la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid es una empresa con una estructura financiera muy sólida». Explicaba que al cierre previsto de ese año, el 87% de su activo total estaba financiado con fondos propios, y se había incrementado desde el 2011 en seis puntos sin tener ningún tipo de deuda financiera.

Los máximos representantes de la rebautizada como Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios comparecieron el jueves pasado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Javier Barbero , como presidente del consejo de administración; Sánchez Mato, como vicepresidente, y Fernando Sánchez, como gerente trataron de dar un giro a la noticia que publicó ABC hace una semana informando sobre la caída en picado de la facturación y la cuota de mercado desde que se hizo pública el 16 de septiembre de 2016. Hasta entonces, nunca se habían referido a la pérdida de cuota de mercado ni de facturación, algo que reconocieron ante los micrófonos por primera vez.

Los responsables políticos querían neutralizar los datos de pérdida de negocio resaltando, como en otras ocasiones, los beneficios de la nueva entidad. En el ejercicio de 2017 arrojó un resultado positivo de 4,1 millones de euros . Lo que omitieron fue que parte de esta cuenta se debe a que la Funeraria de Carmena está exenta del pago de IBI y del Impuesto de Sociedades al 99%, lo que supone 1,2 millones de euros de ahorro. A esta suma hay que añadir las inyecciones que recibe del Ayuntamiento para las inversiones, previstas hasta 2020 en 39 millones de euros para reformar tanatorios y cementerios, así como el sistema informático.

Pero la realidad es que la cuota de mercado ha descendido ocho puntos. La mixta acaparaba en 2014 –último año del que se disponen datos– el 44% del sector, mientras que en 2017 cayó hasta llegar a representar el 36% del sector. Barbero y Sánchez Mato pusieron el acento el jueves en que la culpa fue del socio privado, que dejó caer el negocio cuando supo que no se le renovaría hasta llegar al 34% de la cuota en 2016. Ese año hubo pérdidas de 233.000 euros .

La facturación de la Funeraria ha bajado un 8,9% respecto a 2015, el último año completo que fue gestionada junto a Funespaña. O lo que es lo mismo, ha perdido 4,6 millones de euros. Si hace tres años se cerró el ejercicio con unos ingresos de 51 millones de euros , en 2017 se hizo con 46,4 millones. El motivo, un descenso en la contratación de servicios básicos, como el transporte en coche fúnebre, el alquiler de las salas en los tanatorios, las flores o las inhumaciones, pilar de este negocio. Parcesa e Interfunerarias son las empresas privadas más fuertes en la capital. La oposición, PP y Ciudadanos, le ha advertido todo este tiempo que no puede competir con un sector liberalizado.

Barbero destacó en rueda de prensa que cuando se emprendió el reto de convertir en pública la Funeraria quería una empresa «modernizada, que cuidara la calidad en la atención a las personas y que fuera sostenible y viable desde el punto de vista económico. Me consta que no ha perdido la perspectiva de los tres ejes», declaró.

El presidente de la Funeraria ensalzó el plus de esta empresa en cuanto al acompañamiento de las familias de los difuntos, como ocurrió en la tragedia del derrumbe del edificio de General Martínez Campos , refirió.

El que fuera delegado de Economía defendió que la nueva Funeraria es mejor tanto cualitativa como cuantitativamente. «Nuestro objetivo no es mantener la cuota de mercado, pero sí hacer sostenible la empresa para que pueda realizar las inversiones de las que carecía en la etapa anterior».