Entra en vigor la ley que pondrá ya en la calle a 7 etarras y a un total de 52

A partir de la entrada en vigor este viernes de la reforma legal, los presos tendrán que solicitar la liquidación de la condena al juez de Vigilancia Penitencia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía emitirá un informe antes de la resolución con la que se acuerde la salida de prisión o no. De ahí que, aunque este viernes ya podían acogerse a la ley, las excarcelaciones se irán sucediendo en los próximos meses.

Según los datos de Sare y la asociación de apoyo a presos de ETA Exterat, 140 etarras continúan en las cárceles del País Vasco y Navarra y otros cuatro, en Francia.

Según los cálculos de AVT y la información que trasladó cuando la norma se publicó en el BOE el 19 de octubre, los miembros de la banda que podrían beneficiarse ya de la ley son Juan Ramón Carasatorre, ‘Zapata’; Félix Alberto López de Lacalle, ‘Mobutu’; Jon Mirena San Pedro; Balbino Sáez; Ismael Berasategui; Luis Enrique Garate y Gregorio Vicario.

Además de ellos, José Javier Arizkuren, ‘Kantauri’, a quien se podrá descontar del tiempo de prisión que le queda por cumplir los siete años y ocho meses que cumplió en el país vecino, podrá quedar excarcelado en los primeros meses de 2025. Por la norma también se liquidaría la condena de Aitzol Gogorza, que en realidad no saldrá de ninguna cárcel porque por motivos de salud cumple condena en su domicilio desde hace un año.

Tanto Zapata como Mobutu cargan a sus espaldas víctimas mortales. El primero fue condenado por los asesinatos del brigada de Infantería Mariano de Juan Santamaría; del inspector jefe de la Policía Nacional Enrique Nieto Viyella y del líder del PP de Guipúzcoa y teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, en 1995. Mobutu mató a los guardias civiles Avelino Palma, Ángel Prado y José Luis Vázquez. A Balbino Sáez, por su parte se le atribuyó el intento de asesinato de los exministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández.

La adaptación de la ley que provocó un fuerte enfrentamiento entre Gobierno y oposición beneficiaría a todos ellos. La primera redacción del proyecto de ley no incluía ninguna mención que supusiese consecuencias positivas para los presos de ETA. El 31 de julio, a las puertas de las vacaciones de los parlamentarios, se reunió la ponencia de la ley en el Congreso, donde Sumar introdujo dos enmiendas en las que se incluyó lo que posteriormente el PP y Vox consideraron un engaño.

Vox se abstuvo en la votación para sacarla adelante en comisión, aunque por motivos distintos a percatarse de lo que la norma conllevaría y el resto de partidos, también Unión del Pueblo Navarro (UPN), la aprobaron. El Pleno dio luz verde por unanimidad. No fue hasta un día antes de que la iniciativa se debatiera en el Pleno del Senado, y sin que se hubieran planteado enmiendas ni vetos contra ella, cuando a raíz de una información de ‘El Confidencial’ la oposición se dio cuenta de su error.

Ya era tarde, porque el daño de que decenas de etarras vean reducidas sus condenas y algunos salgan de prisión estaba hecho.