Siete etarras, a las puertas de salir de prisión tras publicarse la ley en el BOE, según la AVT

La ley fija su entrada en vigor veinte días después de su publicación en el BOE, es decir, veinte días después de este sábado, y desde ese momento los presos de ETA podrán reclamar que se descuenten de sus penas los años de cárcel que pasaron en Francia por anteriores condenas. Los tribunales analizarán caso a caso, pero la AVT ha realizado un informe en el que se prevé la puesta en libertad de siete etarras sin contar a Aitzol Gogorza, que pasó más de once años entre rejas en el país vecino y fue condenado a otros veinte por la Audiencia Nacional por el intento de asesinato del funcionario de prisiones de Martutene (San Sebastián) Juan José Baeza, herido gravemente por un disparo en el cuello. Este, por una enfermedad mental, está fuera de prisión desde hace un lustro.

Entre los siete etarras que podrían salir de prisión una vez se aplique la ley, figuran dos con crímenes de sangre: Juan Ramón Casatorre, alias Zapata, quien asesinó al exdiputado autonómico vasco, líder del PP de Guipúzcoa y teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, al militar Mariano de Juan y al inspector jefe de la Policía Nacional Enrique Viyella; y Félix Alberto López de Lacalle, conocido como Mobutu, quien mató a los guardias civiles Avelino Palma, Ángel Prado y José Luis Vázquez.

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Además de ellos, y siempre si se cumplen las estimaciones de la AVT —cuya presidenta, Maite Araluce, reclamó sin éxito al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, la retirada de la ley—, saldrán de prisión Jon Mirena San Pedro, condenado a cincuenta años por el intento de atentado contra un policía en Baracaldo (Vizcaya); Balbino Sáez, sentenciado a 108 años por el intento de asesinato de los exministros del PSOE José Barrionuevo y Matilde Fernández, y por un atentando fallido contra dos furgones policiales; Ismael Berasategui, quien preparaba coches bomba en el comando Behorburu; Luis Enrique Garate, condenado a 54 años por participar en el secuestro del industrial alavés Lucio Aguinagalde —en cuyo rescate murió el policía Genaro García de Andonain—; y Gregorio Vicario, condenado a dieciocho años por un intento de coche bomba contra una patrulla policial en Barcelona, por el secuestro del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya, y a otros 154 años por un atentado contra el Gobierno Militar de Barcelona.

Entre los más sanguinarios de los beneficiados por esta reforma legal —que traspone una directiva europea sobre antecedentes penales, pero que a través de una enmienda de Sumar elimina la salvaguarda que impedía que los presos de ETA se descuenten los años cumplidos en el extranjero por delitos anteriores— se encuentra José Javier Arizcuren, alias Kantauri, quien pasó siete años y ocho meses de cárcel en Francia que se descontará de su condena. Gracias a eso podrá salir a la calle en 2025, tras haber asesinado a los policías Pedro Ortiz de Urbina, Antonio Ligero Hec y Rafael Mucientes, al histórico dirigente del Partido Socialista de Euskadi Fernando Múgica, al militar Miguel Ángel Ayllón, al concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y a la procuradora Ascensión García.

Según los datos de Sare, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, hasta 52 reos podrán beneficiarse de la reforma legal aprobada por las Cortes Generales y publicada este sábado en el BOE. La norma se ha difundido sin que la Mesa del Congreso haya dado respuesta al escrito del presidente del Senado, Pedro Rollán, ni a la reconsideración exigida por el Grupo Parlamentario Popular, que exigían que se volviese a debatir por el Pleno de la Cámara Baja. Las enmiendas de Sumar que favorecen a los etarras condenados fueron introducidas en la ponencia del Congreso que debatió la ley sin que la oposición se percatase de sus efectos.

La norma se aprobó en la Comisión de Justicia con la abstención de Vox, por otros motivos, y después en el Pleno del Congreso por unanimidad. Ya estaba en el Senado cuando trascendió que se iban a beneficiar de ella los presos de ETA que hubiesen cumplido años de cárcel en el extranjero, pero los senadores no habían introducido ni enmiendas ni veto en el plazo marcado por la Constitución y el reglamento de la Cámara Alta. Rollán, por sorpresa, apoyado por un informe de su cuerpo de letrados y tras la votación del lunes, anunció que al haber rechazado la ley la mayoría absoluta de los senadores, la daba por vetada y la devolvía a la Cámara Baja.

El órgano rector de esta última, sin embargo, despachó el asunto al día siguiente con el criterio verbal expresado por su secretario general, Fernando Galindo, que alegó que ni se había presentado ningún veto ni se había aprobado en los «veinte días naturales» marcados en la Carta Magna. Cuatro días después, ya está publicada en el BOE. Fuentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado consultadas por este diario mantienen que irán «hasta el final», llevarán al Pleno de la Cámara Alta el requerimiento para plantear un conflicto de atribuciones contra el Congreso y lo elevarán en última instancia al Tribunal Constitucional. «Las prisas del Gobierno por atender las demandas de Bildu, aunque eso suponga beneficiar a presos de ETA y enfrentar a instituciones del Estado, solo demuestran su nerviosismo para satisfacer a sus socios», zanjan desde el PP, en un mensaje distribuido en su canal de comunicación.