El CGPJ se reúne para renovar el TC sin candidatos y obviando los plazos del Gobierno

El mensaje de Lesmes no pudo ser más claro: abrirá la puerta a presentar su dimisión «en cuestión de semanas» y descabezar el tercer poder del Estado si PSOE y PP no llegan a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces o, en su defecto, no se devuelve al Consejo la facultad que le quitó el Gobierno de cubrir las vacantes pendientes en la cúpula judicial –en unos meses serán una de cada cuatro plazas del Supremo–. «No quiero llegar a eso (la dimisión), sino entregar el testigo a quien proceda. Pero la situación es insostenible y los efectos devastadores», insistió después a la prensa.

La intervención del presidente del Tribunal Supremo durante la apertura del Año Judicial, que con su anuncio, abre una crisis institucional sin precedentes, fue probablemente la última llamada de atención a los políticos y a la ciudadanía por su bloqueo y el posterior ataque que supone la reforma que les impide hacer nombramientos. «El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia», sentenció.

Lesmes no dejó títere con cabeza en el reparto de culpas, que dividió a partes iguales entre los dos responsables de la negociación: PSOE y PP. En presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo –que acudió al solemne acto de apertura con el alcalde de Madrid–, el presidente del Supremo realizó un nuevo llamamiento a que se entiendan en este escenario político que «está debilitando y erosionando las principales instituciones de la justicia española»: el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.

«La renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones», señaló, en lo que se interpreta como una alusión directa al PP.

El PSOE también tuvo lo suyo. Les reprochó la reforma que desde hace año y medio impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos. «La iniciativa ha resultado frustrada en sus propósitos, puesto que no ha conseguido la renovación del Consejo, aunque sí ha provocado un enorme debilitamiento de su legítima función constitucional como garante de la independencia judicial».

La segunda reforma, la del pasado julio, con la que el Gobierno se autoenmendó para levantar el veto de esa prohibición a los nombramientos relativos al Tribunal Constitucional, tampoco se salvó. En este caso no criticó el fondo –al fin y al cabo restablece una competencia constitucional del Consejo–, sino la forma en la que se aprobó. «Apenas un año después, por la vía de urgencia, y de nuevo sin recabar opinión alguna, el legislador se ha visto obligado a rectificar parcial y apresuradamente su propio criterio», recordó Lesmes. No en vano el nombramiento de estos dos magistrados implicará que el TC invierta sus mayorías y pase a ser controlado por los progresistas.

«El Supremo también es un órgano esencial para el buen funcionamiento de nuestro Estado de derecho, goza de relevancia constitucional y debe poder ejercer sus competencias con normalidad», defendió Lesmes. No se entiende, por tanto, el «agravio» que supone esta reforma, aprobada, además, «ignorando deliberadamente la penosa situación de este Alto Tribunal». Llegados a este punto, «¿hasta dónde llega la responsabilidad de quien preside del Tribunal Supremo cuando se está produciendo un deterioro como el que se ha expuesto?», se preguntó.

Es este contexto en el que avisa de que si este llamamiento no es atendido (el desbloqueo del CGPJ o el restablecimiento de sus competencias para nombrar) «será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan». Posteriormente, en un 'corrillo' con periodistas Lesmes aclaró que su dimisión podría ser una de esas decisiones y que no tiene por qué esperar meses, sino que puede ser cuestión de «semanas».

No se produciría en todo caso sin que el CGPJ haya dejado solucionado o encauzada la propuesta de los dos magistrados al TC que corresponden al Consejo, lo que implica que asume que este asunto no es cuestión de días y que, por tanto, el plazo con el que el Gobierno asfixia al Consejo para que salga adelante el acuerdo –el próximo martes 13– no tiene por qué cumplirse.

De momento Lesmes ha conseguido poner de acuerdo a conservadores y progresistas para que en el Pleno convocado para este jueves no se voten los nombramientos, como pretendía imponer el Gobierno, y que simplemente se aborden las «reglas del juego» y el procedimiento en el que se llevará adelante la votación cuando, tras las negociaciones que sean necesarias, vocales de ambas sensibilidades consensúen los nombres de los candidatos al TC: tradicionalmente uno conservador y uno progresista.

Este es precisamente el planteamiento que expusieron a Lesmes el martes por la noche los ocho vocales del grupo conservador, que, como informó ABC, manifestaron su intención de llegar a «acuerdos debidamente consensuados» tras establecer el «marco adecuado» en el que resulta «fundamental que se respeten los tiempos de decisión del Consejo».

Fuentes del bloque progresista, que ya tenía sobre la mesa los nombres de sus cinco candidatos para someterlos este jueves a votación, confirmaron a ABC que Lesmes les ha trasladado la postura del bloque conservador y que, con el fin de que la ley se cumpla, «como no puede ser de otra forma», les parece bien que este primer Pleno sirva para concretar ese marco de negociación y el procedimiento en el que esta votación se va a llevar a cabo: de forma individual o por parejas de candidatos. El acuerdo no incluye plazos, algo que no parece preocupar especialmente al bloque progresista siempre que la ley se cumpla.

Según explicó Lesmes a la prensa tras el acto de apertura del año judicial, pretende convocar solo dos plenos: el del jueves 8 y el que, sin fecha aún, servirá para someter a votación los nombres, que en el caso de los conservadores, no estaba resultando fácil encontrar.