García Ortiz promete más autonomía y transparencia en la actuación de la Fiscalía

Toda una declaración de intenciones que ya señala en la introducción de la Memoria que este martes entregó al presidente del Gobierno y el día anterior al Rey. «Dejando al margen nuestras reconocidas carencias como los anacrónicos prejuicios que puedan atribuirse a algunas de nuestras decisiones dotándolas de una significación interesada, el Ministerio Fiscal ejerce y desarrolla las funciones que constitucionalmente tiene asignadas con la lealtad institucional que a todos nos resulta exigible».

En su discurso, el sustituto de Dolores Delgado asegura que el Ministerio Público no renuncia a «proponer una reforma estatutaria que confiera al Ministerio Fiscal un estatus de autonomía reforzada en todos los niveles: presupuestario, organizativo, normativo y formativo». García Ortiz, en palabras de Ángeles Conde, recuerda que este es el camino por el que tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (dependiente del Consejo de Europa) como el recientemente publicado informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en Europa «nos recomienda seguir avanzando».

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Mientras esta reforma integral no sea una realidad, García Ortiz se «compromete públicamente a proponer e impulsar las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia, así como a adoptar las decisiones y las iniciativas correspondientes para, dentro del marco legal actual, potenciar nuestras capacidades de autogestión».

El fiscal general, como su predecesora, quería poner el protagonismo de su primera intervención en la víctimas en general y en la violencia de género en particular. A pesar de no haber podido intervenir personalmente debido al Covid, García Ortiz recoge en su discurso la importancia del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la norma que rige la institución y que en 2021 cumplió 40 años. «Ha posibilitado los contornos funcionales y organizativos de lo que hoy somos» y la «decisiva contribución del Ministerio Fiscal a la consolidación de un Estado de Derecho que ha asegurado el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular».

La Fiscalía, ha señalado Sánchez Conde, está «en las mejores condiciones» de asumir la investigación criminal, como ya lleva haciendo dos décadas en el caso de la jurisdicción de Menores. «Es mucho lo que el Ministerio Fiscal puede ofrecer a la sociedad. Merece la pena trabajar para que el reconocido esfuerzo de todos y cada uno de sus componentes repercuta en un servicio público de calidad, en una justicia con mayúsculas, para que el principio de igualdad sea una realidad en la administración de justicia y cada ciudadano, cada ciudadana, tenga las mismas armas y las mismas razones, cualquiera que sea su condición y origen».

La teniente fiscal ha recordado que la Memoria que este miércoles presenta se refiere al ejercicio de 2021, bajo la dirección de Delgado, «cuya labor quiero desde aquí reconocer y agradecer», igual que la de 2.613 fiscales de España.

En su discurso, García Ortiz alude en primer lugar a la lucha contra la violencia de género, «una gravísima violación de los derechos humanos de las mujeres y que es la máxima expresión de la desigualdad que, aun hoy, golpea con extraordinaria crudeza nuestra convivencia diaria. Ninguna sociedad democrática puede ni debe tolerarla. Debemos combatirla con firmeza y sin consentir ni un solo paso atrás», ha dicho.

Insiste en la importancia del testimonio de las víctimas, que no debe significar «una carga, un elemento violento o desgarrador». «Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a ellas y a sus necesidades» y no al revés.

Respecto a la evolución de la criminalidad globalmente considerada, la Memoria recuerda que, «pese al esfuerzo y voluntad de recuperar la normalidad en la actividad judicial, en 2021 hemos seguido conviviendo con las consecuencias del Covid, por lo que los datos, si bien reflejan una reactivación de las cifras, estas no alcanzan los niveles de 2019».

En 2021 se incoaron un total de 1.465.024 diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 6,76% respecto del año anterior. Las diligencias urgentes (juicios rápidos) aumentaron un 19 por ciento. Ocho de cada diez terminaron con conformidades.

Especial mención recoge García Ortiz en su discurso a los delitos de odio, cuya proliferación preocupa a la Fiscalía por poner en cuestión «los principios y valores constitucionales y nuestro modelo democrático de convivencia pacífica». En 2021, los procedimientos por delitos de odio aumentaron en un 27,19 por ciento y los escritos de acusación presentados se incrementaron un 44,4 por ciento.

Los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5%, la orientación e identidad sexual y de género, con un 25%, y la ideología, con un 19,2%, «como consecuencia de la polarización y radicalización del debate político» de las que ya se alertaba en memorias anteriores.