Llop y Feijóo teatralizan un contacto, pero siguen en sus posiciones de máximos sobre el CGPJ

La última vez que se produjo un contacto entre el Gobierno y el PP fue el pasado 11 de julio, cuando el secretario de Política Institucional de los populares, Esteban González Pons, remitió a su interlocutor en La Moncloa, Félix Bolaños, un documento con la propuesta del PP. Se trataba de un pacto «para la regeneración y la reforma de la Justicia», que incluía como requisito la retirada de la ley que el Gobierno pactó con ERC que permitía al CGPJ nombrar a miembros del Tribunal Constitucional.

El Gobierno rechazó de plano la propuesta del PP y desde entonces las conversaciones han estado totalmente bloqueadas, sin visos de solución. Hasta ayer, cuando las posiciones volvieron a moverse. Fuentes del PP explican que la ministra de Justicia se ha dirigido a Feijóo para pedirle que le dé los nombres que propone su partido y afrontar ya la renovación. El líder del PP ha trasladado a Pilar Llop que no se trata de repartir nombres, sino del currículum y los parámetros de experiencia e independencia que deberán cumplir los futuros y posibles candidatos, según las mismas fuentes.

Ese primer conato de contacto no daba para más, a la espera de que en las próximas horas o días se produzca una llamada que vuelva a sentar a la misma mesa al Gobierno y al PP. Mientras, desde el PP se asegura que tienen la «máxima disposición» para abordar la reforma del Poder Judicial «y, bajo unos requisitos mínimos de independencia, la renovación conjunta del TC y del CGPJ».

En el equipo de Feijóo admiten que la renovación «urge», pero tienen muy claro que no será un intercambio de cromos en ningún caso. Es decir, exigen un avance claro para despolitizar la Justicia y en la independencia de los órganos judiciales y de la Fiscalía General del Estado. Y las propuestas de nombramientos serán posteriores a esos requisitos y se basarán en ellos. Quieren evitar, por ejemplo, que en el futuro ocurra con Margarita Robles algo parecido a lo que pasó con Dolores Delgado, cuando saltó directamente del Gobierno a la Fiscalía General del Estado.

Por eso, el PP sostiene que el documento que entregó en julio al Gobierno «es la mejor base para buscar un acuerdo que sea aceptable y vaya en consonancia con los parámetros que plantea la Comisión Europea». Además, los populares coinciden con Lesmes en que al CGPJ «no se le debería haber hurtado competencias a la hora de hacer nombramientos».

Fuentes del Gobierno, por el contrario, consideran que el PP «se envuelve de nuevo en excusas» para, a juicio del Ejecutivo, incumplir con el mandato constitucional para renovar «en tiempo y forma» el órgano de gobierno de los jueces. Desde Moncloa se asegura que tienen total disposición para renovar el CGPJ. «Se puede hacer hoy mismo» afirman de manera taxativa esas fuentes.

El Ejecutivo, sin embargo, evitó contestar a las duras críticas de Lesmes a la reforma exprés del CGPJ llevada a cabo para limitar su capacidad de nombramientos cuando esté, como ahora, en funciones. El presidente del TS aseguró a ese respecto que sus efectos son «devastadores» y que la situación creada es inédita.