Jueces del Supremo desbaratan el plan de Lesmes de renovar el TC a la medida de Sánchez

No lo va a tener fácil, a juzgar por el rechazo que está encontrando en magistrados de perfil conservador del Alto Tribunal que se niegan a participar en una maniobra del Gobierno que dará el vuelco al Tribunal Constitucional, pues pasará a contar con una mayoría progresista. Y es que el pasado julio, el Ejecutivo rectificó la reforma en la que prohibió al CGPJ seguir haciendo nombramientos estando en funciones para levantar el veto solo en lo que respecta a los dos miembros del TC a los que corresponde proponer al CGPJ. El interés de Pedro Sánchez es claro, porque facilitando el nombramiento de los dos magistrados que corresponden al Consejo, se podría proceder ya a la renovación del tercio del TC prevista para junio. Los otros dos magistrados que forman parte de esa renovación los aporta el propio Ejecutivo.

Ese levantamiento parcial de la prohibición impuesta al CGPJ hace solo un año ha causado un enorme malestar en el seno del Alto Tribunal, que lleva meses alertando del colapso que está ocasionando esa reforma. La imposibilidad de cubrir vacantes (más de sesenta en toda la cúpula judicial, 16 de ellas en el Supremo), el incremento de asuntos derivados de la pandemia y la situación límite que atraviesa especialmente la Sala Tercera, que se encuentra en el mímimo legal para constituir sus cinco secciones, es motivo de enorme preocupación en el seno del Tribunal. No se entiende por qué el Ejecutivo está haciendo oídos sordos a las llamadas de auxilio del Supremo y únicamente se ha preocupado de autoenmendarse en un asunto que le beneficia de forma directa: que la renovación del TC, el órgano que tiene en su mano «revisar» la política legislativa del Gobierno al resolver recursos de inconstitucionalidad, se lleve a cabo cuanto antes.

Así las cosas, el panorama que se plantea en el Pleno del jueves no es muy halagüeño y fuentes del CGPJ ven difícil que el Consejo pueda llegar al día 13 (cuando vence el plazo que el Ejecutivo ha dado al Consejo para que proponga dos nombres para el TC) con dos candidatos de consenso sobre la mesa: siguiendo la tradición, uno debería ser progresista y el otro conservador. Al aprobarse la contrarreforma exprés del Gobierno el 14 de julio –con la enmienda que introdujo el PSOE a última hora dando un plazo concreto al Consejo– y el mes de agosto por medio, fuentes del sector conservador del Consejo reconocen que los vocales no han tenido tiempo de abordar este asunto, del que tampoco se habló en el Pleno del 21 de julio en el que se aprobó por la mínima la idoneidad de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado tras la repentina renuncia de Dolores Delgado por «motivos de salud».

Sin embargo, el parón del verano no ha impedido que el presidente del CGPJ, y algún vocal del sector conservador del Consejo favorable al acuerdo, haya testado con escaso éxito a primeros espadas del Supremo para presentarles como candidatos al TC. Ha sido el caso del presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, los también magistrados de esa Sala Penal Antonio del Moral y Pablo Llarena o el de la Sala Civil Ignacio Sancho. El tanteo a Marchena era en vano: el presidente de la Sala Segunda ya había dejado claro que no participaría en ningún juego político cuando renunció a presidir el Supremo tras salir a la luz el mensaje del senador del PP Ignacio Cosidó con motivo del primer intento de renovación del CGPJ, en diciembre de 2018. Desde entonces Gobierno y PP no han sido capaces de ponerse de acuerdo. De hecho, la del miércoles será la cuarta apertura del año judicial en la que Lesmes pronuncie su discurso como presidente en funciones. Es más que previsible que emplace una vez más a los políticos a que cumplan con su obligación constitucional.

Con el portazo de magistrados de perfil conservador del Supremo al TC y el compromiso de Lesmes de «esforzarse» en que la ley se cumpla –tal y como dijo el pasado 14 de julio en La Palma– una de las posibles vías que se abriría ante la falta de candidatos de perfil conservador en el Supremo es recabar apoyos para proponer la candidatura de un jurista reconocido en el mundo académico. No es una opción que convenza a muchos de los vocales del Consejo porque tradicionalmente los candidatos que este órgano ha propuesto para el TC han sido siempre jueces del Supremo.

No tendrá ningún problema en este sentido el sector progresista del CGPJ, más proclive a que la renovación que invertirá las mayorías en el TC se lleve a cabo en plazo. El magistrado José Manuel Bandrés parece haber ganado enteros en los últimos días en su carrera al TC, aunque también están sobre la mesa los nombres de Ana Ferrer, Pilar Teso, Ángeles Huet, Pablo Lucas o el presidente de la Sala Militar, Jacobo Barja de Quiroga. Ferrer y Teso eran también posibles candidatas a la presidencia del Supremo las veces en las que se ha intentado que fructificara el acuerdo Gobierno-PP.

Para que salgan adelante los dos candidatos del CGPJ al TC se necesita una mayoría de tres quintos de los vocales, que, tras el fallecimiento de María Victoria Cinto y la jubilación de Rafael Fernández Valverde, se sitúa en doce votos. El sector progresista lo conforman ocho vocales, a los que habría que sumar otros cuatro procedentes del sector conservador de entre quienes estarían abiertos a que el acuerdo fructifique. En el Pleno en el que se debatió la idoneidad de García Ortiz el pasado julio se constató la ruptura del bloque conservador con el trasvase de cuatro votos hacia el ala progresista: los de Lesmes, Wenceslado Olea, Vicente Guilarte y Juan Martínez Moya. Si esta votación se repitiera y Lesmes consiguiera consensuar dos candidatos sin perfiles muy marcados podría salir adelante el pacto con los avales de algunos vocales de perfil conservador. Y no necesariamente en ese Pleno del día 8, pues algunas fuentes consultadas se muestran convencidas de que ese será más un encuentro de «tanteo» y de acercamiento de posturas que otra cosa. Lo deseable, no obstante, es que el presidente del TS lograra consensuar dos candidatos con una amplia mayoría como ha sucedido en anteriores renovaciones del Tribunal Constitucional, donde los magistrados (uno de perfil conservador y otro progresista) han recibido el amplio respaldo del órgano de gobierno de los jueces.

Obviamente las circunstancias eran otras, señalan en el CGPJ. Ni el Gobierno había asfixiado de esta forma al Poder Judicial ni había una estrategia de deslegitimación de la justicia como la que se viene produciendo especialmente desde que Podemos llegó al Gobierno. Prueba de ello no es solo la reforma que lo ha maniatado, sino declaraciones como las de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ninguneando y acusando al órgano de no hacer su trabajo en relación a infomes a anteproyectos como el del aborto.

Fuentes del sector conservador del CGPJ consideran cómplice de esta situación al Tribunal Constitucional por no haber resuelto a estas alturas los recursos de inconstitucionalidad que PP y Vox presentaron en septiembre de 2021 contra la reforma que impide que el CGPJ en funciones continúe haciendo nombramientos. Ambos partidos consideran que esta norma atenta directamente contra la separación de poderes y constituye un ataque a la democracia. Los ponentes de estos recursos son los progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. Ninguno de los dos ha llevado sus ponencias al Pleno del TC pese a que ya antes del verano se encontraban muy avanzadas. Las citadas fuentes atribuyen buena parte de la responsabilidad al presidente del TC, Pedro González Trevijano, por no apremiar a estos magistrados para llevar el asunto a Pleno. Una eventual declaración de inconstitucionalidad de esa reforma habría evitado la preocupante situación a la que se ha llegado, aseguran.