Koldo mantenía su «influencia» en el Ministerio de Transportes dos años después de dejar el cargo de asesor de Ábalos

Así lo recogía la querella de la Fiscalía Anticorrupción que en septiembre de 2023 judicializó las diligencias que seguía a puerta cerrada desde que en marzo del año anterior, el PP de Madrid denunció estos y otros contratos. Según informaron en fuentes conocedoras a ABC, los investigadores habían detectado que mantenía contactos dentro del ministerio y «capacidad de influencia» sobre los entes desde los que se firmaron los contratos bajo sospecha.

La beneficiaria bajo sospecha es Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la presunta trama y que pasó de facturar cero euros en 2019 a 53 millones en 2020 a golpe de vender material sanitario a entes y administraciones socialistas: 24,2 millones de euros en mascarillas a Puertos del Estado y 12,5 millones a Adif, organismos ambos vinculados al Ministerio de Transportes, pero también 3,5 millones al Ministerio del Interior, 12 al Gobierno de Canarias y 3,7 al de Baleares. Se habrían repartido al menos 9,5 millones de euros en comisiones. Fuentes de la investigación elevan el conteo hasta 15 millones.

Noticia Relacionada

Las mascarillas que Armengol compró al asesor de Ábalos: tres años abandonadas en un almacén de Palma

Mayte Amorós

La tesis de los investigadores, que persiguen delitos de cohecho, tráfico de influencias, de blanqueo y contra la Hacienda Pública, es que el asesor de Ábalos se movía para conseguir adjudicaciones a esa mercantil, que se relaciona con el presidente del Zamora Club de Fútbol y empresario, Víctor de Aldama. Su hermano, agente de la Policía Nacional, formó parte de la escolta del entonces secretario de Organización del PSOE y después, ministro de Transportes.

García pasó este jueves a disposición del juez de la Audiencia Nacional al frente del caso, Ismael Moreno, y se acogió a su derecho a guardar silencio porque la causa está bajo secreto. Quedó en libertad con obligación de entregar el pasaporte y comparecer cada quince días en el juzgado más cercano a su domicilio. Tiene prohibido abandonar el país, igual que Victor Aldama, detenido también en esta operación, bautizada como Delorme, el pasado martes.

También han comparecido el empresario con intereses en Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, a quien se ha impuesto la obligación de pedir permiso al juzgado si quiere abandonar el país y un hermano de Koldo García, Joseba, que ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Anticorrupción no había pedido prisión para ninguno por no apreciar ni riesgo de fuga ni de reiteración delictiva o destrucción de pruebas.

En total, la Guardia Civil practicó esta semana la detención de veinte personas, pero el grueso quedaron en libertad tras pasar por sus dependencias y serán citados progresivamente en la Audiencia Nacional. En el grupo constan un empresario de Murcia que gestiona el depósito judicial de bienes incautados, un miembro de la Benemérita retirado y diversos empresarios. También la mujer del propio Koldo García fue detenida y está investigada.

Asimismo, los agentes han recabado la declaración de testigos en los organismos que adjudicaban los contratos, incluyendo el número 2 del Ministerio del Interior y personal de Adif y de Puertos del Estado, tal y como informó este diario.