El refuerzo que pide la juez de Mediador por «sobrecarga», en manos de Pilar Llop

Según informan en fuentes del Consejo a ABC, tras recibir la petición de la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres, adelantada por este diario, la unidad especializada analizó la situación atendiendo al número de asuntos que lleva la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife y considerando el volumen del caso Mediador, que lleva año y medio en marcha y cuenta ya con seis piezas separadas y más de 4.000 folios de actuaciones.

Esa unidad fue creada en 2015 con el cometido específico de analizar las necesidades de los órganos judiciales que siguen causas de corrupción, a fin de que estas, tradicionalmente farragosas y lentas de instruir por la cantidad de diligencias que requieren, fuesen más ágiles. Es la que revisa la situación cuando un juzgado, como es el caso, pide ayuda.

A resultas de su análisis, tanto del volumen del caso Mediador como del resto de asuntos que lleva ese juzgado, el informe ha sido favorable a incorporar más medios, tal y como pedía la instructora, si bien la decisión no depende ni de esta unidad ni del Consejo, sino directamente del Ministerio de Justicia porque reforzar un órgano judicial implica una partida económica que sale del Estado, de acuerdo a las mismas fuentes.

El caso Mediador arrancó en enero de 2022 cuando un alto cargo del Cabildo de Tenerife denunció por estafa a Antonio Navarro Tacoronte, una persona con diversos antecedentes penales en su haber. Se suponía que había utilizado sus tarjetas de crédito sin su consentimiento, pero al tomar declaración al denunciado afloraron dos cuestiones: que en realidad ese alto cargo, el consejero de Deportes Ángel Luis Pérez, sí había consentido esos gastos y que Navarro llevaba un año grabando a todo aquel con el que se reunía y en su móvil había indicios de una trama de mordidas que afectaría a más cargos públicos.

A partir de ahí y a puerta cerrada, se llegó a aislar a 13 personas, ahora imputadas, entre ganaderos, empresarios de dentro y fuera de las islas por el pago de dinero, regalos y viajes al ya dimitido diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -Tito Berni-, su sobrino y entonces director General de Ganadería, Taishet Fuentes; y el general de División retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

La operación estalló el pasado 14 de febrero cuando todos menos Tito Berni, que seguía aforado, fueron detenidos. Sólo Espinosa fue enviado a prisión provisional, donde aún permanece.

Desde entonces, la instrucción ha avanzado y se ha partido en dos. Por un lado, la trama canaria, que sigue bajo mando de la juez que solicita refuerzos, y que se centra en dirimir hasta qué punto hubo corrupción: si efectivamente los empresarios consiguieron los contratos, ayudas públicas o exención de sanciones que perseguían con los pagos o fue una estafa del mediador, como ellos alegan ahora.

Por otro lado, la trama europea, que afecta de momento en exclusiva al general y uno de esos empresarios, José Suárez, fabricante de drones y servicios de detección. En su caso la sospecha fue más allá de las fronteras canarias porque los investigadores se toparon con que él había sido adjudicatario de cuatro contratos en un programa que dirigía Espinosa en África, GAR-SI Sahel.

El proyecto lo gestiona la fundación estatal Fiiapp y se financia con fondos de la UE. De ahí que la Fiscalía Europea haya tomado el mando de esta parte de las pesquisas, que ahora se encuentran en la Audiencia Nacional bajo sospecha de fraude a los intereses comunitarios.

Pero además, de Mediador ha salido otra causa, la que ahora sigue el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz y que tiene que ver con una revelación de secretos. En este caso, porque se publicó parte del sumario -contenido íntegro, incluyendo los datos personales de todos los afectados, como direcciones y números de DNI o teléfonos-, en una red social.