La juez del caso Mediador pide refuerzos ante la «sobrecarga» y las «filtraciones»

El objetivo, explica en un oficio al que tuvo acceso ABC, es que ella pueda «asumir la instrucción de la causa sin atender a asuntos de menor relevancia jurídica pero no por ello menos importantes», entre los que menciona «la celebración de delitos leves y sus sentencias» o las «querellas y procedimientos abreviados que absorben y requieren tiempo».

El caso Mediador nació en enero de 2022 y hasta el pasado febrero, se seguía bajo secreto. Se articula en seis piezas separadas, de las que la principal acumula ya una docena de tomos con algo más de 4.000 folios.

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En esta línea están investigadas 13 personas, encabezadas por el supuesto conseguidor de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, que habría realizado labores de intermediación para conseguir mordidas de ganaderos locales y otros empresarios a cambio de favores de altos cargos. Se trata del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni; su sobrino y exdirector General de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes; y el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

La instructora ofrece estas cifras para exponer al Consejo la «sobrecarga» de trabajo que alega por cuenta de este asunto en el que la relación con los investigadores se produce en persona -y sus oficios se presentan en papel- por el temor que cunde en el juzgado a que las pesquisas acaben en la prensa.

«Son casi a diario las reuniones de coordinación que se mantienen con los grupos investigadores (presenciales o telemáticas) y que ahora se han incrementado al no poder despachar oficios ante las continuas filtraciones a los medios de comunicación», dice al Consejo. Recuerda al hilo de esto que se ha incoado una causa específica sobre revelación de secretos, lo que ha conllevado «una mayor carga de trabajo». Esas diligencias, cabe recordar, se siguen en otro juzgado de Santa Cruz de Tenerife, el número 3.

Justifica además la necesidad «ante el volumen de la documentación a analizar y las múltiples diligencias que aún penden por practicar derivadas de otras tantas» y porque en este caso se ha «acordado colaboración de la OLAF», la agencia Antifraude europea, «y Eurojust», que es la central que coordina las órdenes europeas de investigación como la que ha librado para analizar el patrimonio del general.

Conforme detalla, esos mismos organismos le han reclamado información sobre la causa, «que ha sido evacuada con informes además de conversaciones telefónicas de larga duración sobre esta investigación que restan tiempo a la oficina judicial y su tramitación».

«A ello se une la personación de siete acusaciones populares por las que ya han interpuesto los primeros siete recursos, además de muchísimos escritos, peticiones, oficios y autos de la investigación que requieren una respuesta y dedicación inmediata de la que se pretende finalizar su instrucción a lo largo del año 2023», argumenta.

El escrito está firmado el pasado 4 de abril, fecha en que fue enviado con copia a la Sala de Gobierno en Canarias. No consta que la Comisión Permanente del CGPJ haya tomado ya conocimiento de ello.

Aquel día, la juez ordenó recabar una batería de expedientes y tenía sobre la mesa la posible incorporación de la UDEF para el análisis de la documentación. Pero también estaba intercambiando oficios con la Fiscalía Europea que, como adelantó ABC, ha acabado asumiendo la parte de la causa que afecta al general y cuatro contratos adjudicados en el proyecto de la fundación pública Fiiapp que dirigía en el Sahel.

Ahora, el caso Mediador en Tenerife se centra en posibles delitos de pertenencia a grupo criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental e incluso blanqueo en la dinámica de relaciones entre los empresarios, el mediador y los altos cargos implicados. Los esfuerzos están concentrados, por un lado, en dirimir a dónde fueron los pagos de los empresarios y, sobre todo, si realmente obtuvieron algo a cambio o estaban siendo engañados. Ahí cobra relevancia el análisis que hará la UDEF de los expedientes recopilados, en clave de lucha anticorrupción.

Por otro lado, se trabaja para contrastar la veracidad del contenido de los móviles que aportó el mediador, principal fuente de indicios durante todo este tiempo y rechina ya en algunos casos. Se han hallado, por ejemplo, supuestas conversaciones que incriminarían a un tercero y que en realidad, mantenía él consigo mismo. De igual manera, hay chats de mensajería 'mutilados', donde faltan respuestas del interlocutor que dejarían en evidencia sus afirmaciones.

En este sentido, al inicio se puso el foco en la posibilidad, por él afirmada en diversas conversaciones, de que una de las influencias desplegadas fuese del general para movilizar a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en las islas y amedrentar a los empresarios con sanciones. Así, recurrirían a la trama con dinero en busca de ayuda. De las declaraciones de los agentes entrevistados se concluye que ninguno coaccionó ni recibió orden de coaccionar a ganadero alguno, por lo que se prevé que esta línea de investigación quede descartada.