La Fiscalía Europea busca «comisiones» a cambio de cuatro contratos públicos en el caso Mediador

La razón, que las «irregularidades» que se intuyen, afectan a los «intereses financieros» de la Unión Europea, que es quien financia a la Fiiapp. Persigue en concreto, posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en cuatro contratos para suministro de drones que ascienden en total a 263.000 euros. De ellos, tres se concedieron para dotar de material a misiones de GAR-SI Sahel en Níger, Malí y Mauritania y el cuarto fue también para la Fiiapp, si bien en el marco de otro proyecto.

Así lo explica el decreto de incoación de diligencias que la Fiscalía Europea ha remitido tanto al juzgado tinerfeño como a la Audiencia Nacional, donde la responsabilidad de velar por la investigación ha recaído en el juez José Luis Calama, del Central 4.

Noticia Relacionada

El juez de Pegasus supervisará la investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos de Mediador

Carmen Lucas-Torres

Calama, en calidad de juez de garantías, asume el asunto enviado por el juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife

Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, en el decreto firmado el pasado 15 de abril la Fiscalía Europea explica que asume tanto la investigación sobre los contratos, que podrían haberse concedido mediante una «resolución injusta» por cuenta de un funcionario, como la de los «eventuales pagos» que pudieran haberse producido para conseguirlos, dando por hecho que sin dádiva no se daría la decisión prevaricadora.

Las mismas fuentes indican que los fiscales subrayan en el decreto que su competencia reside tanto en la afectación de fondos comunitarios como en el hecho de que se trata de hechos cometidos por españoles, dentro o fuera del país y en unas fechas -los años 2020 y 2021- en que ya estaba constituida la Fiscalía Europea. Se declaran, así, competentes desde todo punto de vista.

La juez del caso Mediador no discrepa. En el auto de contestación a este oficio, notificado ayer, explica que envía la documentación de «lo relativo específicamente» a esos cuatro contratos a la Fiscalía Europea por ser de su competencia. Ya en marzo pasado, ante una petición previa de información de los fiscales, había compartido con ellos las actuaciones sobre esta parte del procedimiento donde, de momento, sólo se investiga al general y al empresario experto en drones.

La juez concreta además que mantiene la competencia sobre el resto de la causa, la conocida como «trama canaria», por la que una decena de empresarios habrían pagado dádivas y mordidas a través de la figura del mediador, Antonio Navarro, para conseguir a cambio un despliegue de influencias en su favor entre otros, del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'. En esa parte del asunto siguen imputados el empresario de los drones y el general, que además, continúa en prisión provisional.

La juez, en el auto, le deja «a disposición» de la Fiscalía Europea, sin pronunciarse sobre su situación en lo relativo a la trama canaria. Lo que sí expone es que habría estado «haciendo uso de las relaciones personales que tendría con personas relevantes del sector público y empresarial en el ámbito de las Islas Canarias» que «habría fraguado como consecuencia de responsabilidades públicas de enorme relevancia en este archipiélago».

En esa parte de la investigación, el sumario refleja que los empresarios pagaban para librarse de sanciones o conseguir contratos y ayudas públicas, buena parte sufragadas con dinero europeo. Las fuentes consultadas concretan que, en su decreto, la Fiscalía Europea cierra la puerta a esta parte de las pesquisas al no haber indicios todavía de que haya fondos comunitarios afectados o «puestos en riesgo».

La juez, en su auto, dice que personas como el general o Tito Berni eran de «extraordinaria importancia» para la trama, porque generaban una «confianza» en los empresarios, que pagaban «en la creencia de las promesas» de éxito que les hicieron.