Ofensiva judicial en Europa contra la mordaza del PSOE a las acusaciones populares

«La proposición, de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción (malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsificación, blanqueo de capitales…), favoreciendo su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción de determinas causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que son de todos conocidas por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas», apuntan.

A su juicio, la reforma propuesta vacía de contenido la acusación popular regulada en el artículo 125 de la Constitución, «restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas».

Noticia Relacionada

Sánchez lanza una reforma legal para salvar a Begoña Gómez y a Puigdemont

Juan Casillas Bayo

El PSOE registra una proposición de ley para amordazar a jueces y acusaciones populares en plena investigación del entorno del presidente

Además, desde APM denuncian la inclusión de una nueva causa de abstención y recusación de jueces y magistrados que «parece destinada a limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica».

Por otra parte, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), que forman juristas y otros profesionales de la sociedad civil, también ha remitido misivas a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna María Virkkunen, y al comisario de Justicia, Michael McGrath, a la que ha tenido acceso ABC. La plataforma califica la ley como «un paso atrás democrático que acerca a nuestro país a los regímenes totalitarios». Primero, porque «vacía de contenido» la acción popular reconocida en el artículo 125 de la Constitución española y segundo porque relega a la acusación popular a «poco más que una figura decorativa».

Recuerda la plataforma que los partidos políticos a los que la proposición de ley veta son, según la Carta Magna, un «instrumento fundamental para la participación política».

Los juristas ven, además, con preocupación la desconfianza que la proposición expresa hacia la libertad de prensa cuando descarta que se abra casos basados en «meras hipótesis sin ninguna base creíble o en información periodística contenida en cualquier medio o canal de comunicación o difusión».

No menos grave consideran la nueva causa de recusación y abstención en relación con los jueces que «censuren o expresen su acuerdo o desacuerdo con las acciones llevadas a cabo por autoridades o funcionarios públicos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas que son parte en los procedimientos (...)». «La vaguedad de su redacción -dicen- conlleva el riesgo de restringir la libertad de expresión de tantos magistrados que, en estos tiempos de engaños y post-verdades, contribuyen a sensibilizar a la opinión pública contra los abusos de poder».

En este punto recuerda que el Consejo Consultivo de Jueces Europeos establece el derecho de los jueces a participar en debates públicos y en la vida social en general. Es más, tienen el deber de hablar «cuando la democracia, la separación de poderes o el Estado de derecho están amenazados».

Por último, la propuesta presentada incluye, dicen, una única disposición transitoria según la cual las modificaciones legislativas incluidas en la misma serán aplicables «a los procedimientos judiciales en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley». Denuncian así que tal disposición es susceptible de ser utilizada «para influir indebidamente en los procedimientos penales en curso, especialmente en casos de corrupción que afectan al entorno familiar y político del actual presidente del Gobierno español y del actual Fiscal General del Estado». «Esto revela su carácter como una regla singular, nacida para servir a intereses específicos en lugar de buscar el bien común».

La Plataforma insiste en que este ataque a la independencia judicial no es un caso aislado, sino que forma parte de una campaña de «ataques sistemáticos contra el Estado de derecho y la separación de poderes«, entre los que cita también la reforma para dejar la investigación penal en manos de los fiscales (en vez de en la de los jueces de instrucción) o la aprobación de »leyes adaptadas para obtener votos para otros grupos parlamentarios que permiten que el Gobierno actual permanezca en el poder».

Los juristas critican, además, que esta modificación legislativa se lleve a cabo a través de una proposición de ley para evitar el trámite de informes.

Piden así la intervención de las instituciones europeas para defender los principios básicos del Estado de derecho en España y que la Comisión Europea lleve a cabo una investigación preliminar sobre si el proyecto de ley «respeta o infringe» los reglamentos europeos, la jurisprudencia del TJUE y las recomendaciones de la Comisión Europea y la Comisión de Venecia.

PCU también solicita a la Comisión que «adopte todas las medidas que considere apropiadas para tratar de resolver la situación descrita en esta carta, acordando celebrar audiencias, visitas informativas, informes y/o debates según lo considere apropiado» y que inicie procedimientos de infracción contra España por infracción de derecho comunitario. «En estos momentos cruciales, las autoridades europeas son la última garantía para la preservación del Estado de derecho, que está en peligro en España».