Los juristas avisan de que el concierto lleva a un Estado confederal

La pretensión del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper la caja común de la financiación autonómica no solo no guarda relación con la «federalización» de España al modelo EE.UU. que defiende sino que convertiría el país en una confederación, esto es, en un patrón más parecido al de la UE.

«No entro en si es justo que Cataluña y la Comunidad de Madrid aporten más que otras regiones a la caja común, pero lo que está claro es que el concierto económico, más allá de para el País Vasco y para Navarra, no cabe dentro de la Constitución. La confederación no es un modelo de Estado. Es una especie de Unión Europea. La soberanía reside en cada Estado, como hemos visto con el Reino Unido. Y lo de Suiza es una denominación pero no es un país confederado. La confederación es la negación del Estado», advierte José Manuel Vera, catedrático de Derecho constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, en la misma línea de Fernandes Romero.

Teresa Freixes también es muy crítica con la propuesta acordada por los socialistas y los independentistas. «No son Cataluña, ni Extremadura o las Canarias las que pagan los impuestos. Son las personas, físicas y jurídicas presentes en tales territorios. Y quienes los reciben no son los territorios, sino las administraciones que los gobiernan», defiende esta catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona que acude a la raíz del supuesto agravio que denuncian los socialistas y los independentistas catalanes.

Y añade: «No es propio de sistemas federales organizar la financiación sobre desequilibrios que impiden una redistribución racional de los recursos económicos, teniendo en cuenta el principio básico de igualdad de derechos, intrínseco al federalismo».

ERC calcula que la Generalitat recaudará, si finalmente se aplica el concierto económico, cuyo recorrido arrancará esta semana con la investidura de Illa en Barcelona y seguirá con cambios legislativos en el Congreso, al menos, aseguran, unos 30.000 millones más cada año. Cifra que dejará de ingresar la Hacienda nacional. De ahí habrá que restar para Cataluña los servicios prestados por el Estado en la comunidad y una cuota de solidaridad.

Pero «la llave de la caja» la tendrá, siempre, el Govern catalán por lo que la supuesta solidaridad, no solo está condicionada y limitada en el tiempo, sino que se ajustará a las necesidades de la Generalitat y no del Gobierno. «Con este acuerdo, lo que quieren es la independencia y eso va contra la igualdad de los ciudadanos», añade Vera. La Moncloa solo podrá hacer dos cosas, ya sin Cataluña en la mesa común de la financiación autonómica: o reducir las transferencias a las comunidades 'pobres' o subir la recaudación de las regiones 'ricas'.

La propuesta «tiene difícil encaje en un modelo federal, ya que tiene que haber un reparto de tributos: unos federales y otros de los Estados miembros», intercede Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo. En la idea de ERC y el PSC «lo que se hace es ceder todos los impuestos del Estado a una comunidad autónoma».

Nada que ver con el federalismo, por lo tanto. Murillo reitera la opinión de los otros expertos consultados: «Un modelo confederal es imposible porque no es un modelo de Estado ya que la confederación es una agrupación de Estados que se unen con un fin: defensa, mercado único… No tiene un sistema fiscal propio». Y a eso es a lo que iría España si todas las comunidades autónomas tuvieran conciertos económicos. O solo las más ricas.

De hecho, España ya funciona como un Estado federal. Al que le faltan, en todo caso, organismos federales, que coordinen y unan, no que separen para que cada región actúe por libre. El Estado de las Autonomías es el desarrollo de un modelo pensado en 1978 que, en gran medida, se copió de Alemania. «En nuestra Constitución ya se consideró el concepto de Estado federal y se acogió parcialmente, de ahí el Estado de las Autonomías, que en la actualidad ha evolucionado a un rango competencial extraordinariamente elevado», dice Fernandes Romero.

Así lo concreta Vera, que advierte de la paradoja planteada por Sánchez en las últimas semanas: «Si se quiere avanzar hacia una federación hay que darle competencias al Senado. No es cierto el interés de la federalización que plantea el presidente del Gobierno. Además, el Ejecutivo acaba de quitarle competencias a la Cámara Alta. Lo que se está haciendo es dar un paso más en la ruptura del Estado y acercar la independencia de Cataluña». El punto de vista de Vera queda corroborado con las palabras de Marta Rovira, líder de ERC, que para defender el acuerdo con el PSC entre los suyos señaló que el pacto les sitúa en mejor posición –económica, desde luego– para un segundo envite secesionista.

Es la perversión de la terminología. El nombre de lo que se haga no hace 'la cosa', desde luego, pero ayuda a limar discrepancias internas en el PSOE. Si Sánchez dice que se está «federalizando», aunque en realidad no se haga eso, y se esté apostando por una confederación, entonces, la crítica interna será menor.

Claro, directo y pedagógico lo explica en dos frases Josep Maria Castellà, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona e investigador principal del Grupo de Estudios sobre la Democracia y el Constitucionalismo: «Me parece que hay un malentendido: se habla de federalizar, pero esto significa acuerdo multilateral de poderes compartidos, cuando lo que se pretende (con el concierto económico para Cataluña) es dar un trato singular y bilateral. Esto es confederal más bien».

Más allá de los matices y aspectos a destacar por unos u otros constitucionalistas consultados por este diario, coincidiendo, eso sí, en señalar que la iniciativa de Sánchez, Rovira e Illa no tiene nada que ver con el federalismo y un sistema de cooperación, por más que se intente titular la propuesta como tal por parte del PSOE, en lo que no hay un enfoque distinto es a la hora de abordar la reforma: hay que cambiar la Constitución española.

«Si se quiere cambiar el sistema de financiación autonómica es necesaria una reforma constitucional», concluye Freixes. Vera añade, reiterando la opinión generalizada de los expertos: «No se está avanzando hacia una federalización. Pero, en cualquier caso, habría que hacerlo a través de una reforma de la Constitución». Y Fernandes Romero remata: «El independentismo es la máxima expresión del egoísmo. Todo lo contrario a lo que un socialista debería poder aguantar».