El juez sienta en el banquillo al PDeCat y los exgerentes de Convergència por el 3%

La resolución, notificada este martes, prepara así para envío a la Sala de lo Penal esta macrocausa que aterrizó en la Audiencia Nacional en 2018. Los delitos, organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, que es por el que está acusado el PDeCat en calidad de heredera de CDC. Anticorrupción pide una multa de tres millones de euros para la formación.

Camino de juicio van así los exgerentes, extesoreros y responsables de finanzas del partido que fundó Jordi Pujol: Andreu Viloca, Francesc Sánchez, Daniel Osácar, Carles del Pozo y Anna Dolors Benítez, así como el también ex consejero de Justicia de la Generalitat, Germán Gordó. La horquilla de penas que insta la Fiscalía, como avanzó este diario, oscila entre unos meses de trabajos en beneficio a la comunidad y 21 años de cárcel, en función de los casos.

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El escrito, de 230 páginas, al que tuvo acceso ABC, se ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que finalizó la investigación en julio de 2020. Se dirige contra 30 personas físicas y 14 mercantiles además de los dos partidos. Entre los acusados, están los exgerentes, extesoreros y responsables de finanzas del partido que fundó Jordi Pujol: Andreu Viloca, Francesc Sánchez, Daniel Osácar, Carles del Pozo y Anna Dolors Benítez, así como el también ex consejero de Justicia de la Generalitat, Germán Gordó; aunque las peticiones de condena varían.

Viloca, «centro neurálgico de la estructura», es el que afronta un mayor horizonte penal, con 21 años y 4 meses. Para Gordó, la Fiscalía pide 18 años y diez meses de prisión, mientras Del Pozo se enfrenta a 14 años y Benítez, a un total de diez. Mientras, insta un año y medio de trabajos en beneficio de la comunidad para Osácar y otros dos años de servicios comunitarios para Francesc Sánchez, que de este modo no entrarían en prisión, presumiblemente, por su colaboración con las pesquisas. Las multas a los acusados por blanqueo llegan hasta los 3 millones de euros. Hay una veintena de empresarios encausados.

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Para la Fiscalía, «todos ellos, miembros de la organización investigada, desarrollaron estas acciones dirigidas a un solo fin: subvertir las reglas de competencia del mercando y usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil, en el caso de los empresarios, económico y político, en el caso de los dirigentes del partido político, consiguiendo una 'financiación ilegal' para el mismo«. »Ello, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario», apuntaba su escrito.

Los hechos se enmarcan entre 2008 y 2015, cuando los altos cargos de Convergència acusados, «de manera conjunta y organizada», habrían puesto en marcha «una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios» y, por otro, de transformación de ese dinero en ingresos» para el partido «sin la mácula de su origen ilícito». Se moverían en «una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos» que «se vino manteniendo a pesar de los relevos en las personas físicas encargadas de su ejecución en las estructuras del partido». Es decir, «un sistema normalizado».

Se les acusa de influir en las autoridades de distintas Administraciones públicas donde gobernaba la formación para dirigir concursos públicos a empresas conniventes que, «a cambio de influencia y en ocasiones de la propia adjudicación», hacían donaciones a través de las fundaciones del partido que luego revertían en este. En total, Anticorrupción detallaba delitos por 31 adjudicaciones públicas, cifra en más de 218 millones el importe afectado y señala a una veintena de empresarios.