El juez reabre la causa por el asesinato de un concejal del PP en el 2000 para investigar a la cúpula de ETA

En concreto, ha admitido a trámite una querella de la asociación Dignidad y Justicia, que viene presentando iniciativas similares en otros asesinatos de ETA donde aunque hubieran sido condenados los autores materiales, como en el caso del también concejal Miguel Ángel Blanco, nunca lo fueron los dirigentes. La premisa, que siendo una organización militarizada y jerarquizada, debió concurrir una autoría mediata en los crímenes, es decir, una ideación y una orden de acometer determinados atentados.

En este caso, la querella se dirige contra diez exdirigentes de la banda terrorista entre los que figuran Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', Javier García Gaztelu, 'Txapote', Juan Antonio Olarra Guridi o Ainhoa Múgica Goñi. Les señala como parte del comité ejecutivo o Zuba en la época del atentado, que tuvo lugar el 4 de junio del año 2000 y así, como presuntos autores de asesinato en conexidad con un delito consumado de coacciones y amenazas terroristas.

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Jesús María Pedrosa Urquiza fue asesinado en la localidad de Durango cuando iba camino de su casa. Un miembro de ETA le disparó en la nuca y abandonó el lugar en el vehículo que conducía otro terrorista. Ambos siguen sin haber sido identificados. Para Dignidad y Justicia, fue un crimen instrumental o ejemplarizante a fin de presionar a otros perseguidos por la banda terrorista a fin de que abandonasen el País Vasco. La querella destaca que la propia Zuba ensalzó el asesinato de Pedrosa y recuerda que hasta 2005 no hubo una contraorden de ETA de no atentar contra concejales.

En un auto notificado este lunes, el juez Abascal explica que desde principios de los 80, ETA dispuso de una jerarquía en la que su comité ejecutivo «decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado» mediante comunicación con los militantes.

Recuerda que las amenazas que recibió el concejal antes de su muerte y su posterior ejecución «evidencian el carácter concursal y conexo entre el intento de expulsión y el propio asesinato que se produjo, tal y como la propia organización terrorista reivindicó« mediante un boletín, el Zuzen número 79, dirigido »contra los políticos responsables del aplastamiento de Euskal Herria».

Para el magistrado, el asesinato de Jesús María Pedrosa no sólo es un asesinato terrorista, sino que «supone, además, una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011». Con su asesinato, expone, «no solo se acaba con la vida de la concreta persona, sino que se alimenta ese clima de amenaza creado con vocación de perdurar durante el tiempo».

Por todo ello, admite a trámite la querella y ordena practicar diligencias para aclarar la responsabilidad de los integrantes del Comité Ejecutivo de ETA en el momento del asesinato de Pedrosa.

Solicita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional un informe que incluya las acciones de amenazas, coacciones y hostigamiento cometidas contra militantes de partidos políticos constitucionalistas en el periodo de tiempo inmediatamente anterior, simultáneo y posterior al asesinato del concejal en junio de 2000, «debiendo evaluarse en concreto si, como consecuencia de ese clima intimidatorio, dichas personas pudieron abandonar el País Vasco».

Se trataría, según el juez, de determinar su participación en las coacciones, amenazas y posterior asesinato bien como autores mediatos, bien como responsables del delito cometido por la organización terrorista en comisión por omisión.