El juez ordena la busca y captura del primer testaferro del exjefe de la UDEF para su ingreso en prisión

«Se desconoce su paradero a día de los presentes, si bien se tiene conocimiento que con anterioridad viajaba con frecuencia junto a otro de los investigados, Juan Ángel Cervera -uno de los dirigentes de la trama, recientemente detenido y pendiente de la decisión sobre su entrega- a Dubái, y pudieron encontrarse ambos residiendo en el referido lugar», plasmaron los agentes en su informe.

Señalado como persona de confianza de este cabecilla, a Javier Martín Sánchez se le otorga un «papel fundamental en el sistema de pagos/sobornos realizado, por cuenta de la organización criminal investigada, al inspector jefe de la Policía Nacional de España, Óscar Sánchez Gil», explica el juez en un auto dictado el 6 de mayo, al que tuvo acceso ABC.

Desde abril de 2021 hasta marzo de 2024 -fecha en la que el inspector jefe comenzó a canalizar sus ingresos a través del holding que montó a nombre de su cuñada-, Martín Sánchez fue el administrador y socio único de Incazam Gestión, la sociedad desde la que el policía y su mujer, Noelia Ruiz (también miembro del Cuerpo), pagaron la reforma integral del chalé que compraron en Denia.

El objeto social de la empresa era la «caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas». Y, según las pesquisas, el beneficiario real de Incazam «desde el primer momento» era Sánchez Gil. Así lo revelan los movimientos bancarios, pues la principal fuente de ingresos de la sociedad eran en efectivo, la mayoría en cajeros de Azuqueca de Henares (Guadalajara), localidad de residencia de la hermana de su mujer, a la que posteriormente Martín Sánchez aportó todos los bienes que tenía: un inmueble, 16 licencias VTC y 13 vehículos. Otra prueba que demostraría la relación del agente con Incazam, expone el auto, es que utilizaba habitualmente una furgoneta Mercedes Benz, un Volkswagen Tiguan y un Toyota RAV, todos propiedad de la empresa.

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A Javier Martín Sánchez se le atribuye además la importación en España del contenedor con 13 toneladas de cocaína intervenido en el Puerto de Algeciras en octubre de 2024 -el mayor intervenido jamás en España y hecho que precipitó la explotación de la operación Augur- así como la aprehensión, tres años antes, en mayo de 2021, de otro contenedor que alojaba 1.605 kilos de cocaína ocultos entre piñas.

El juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía Antidroga, considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el marco de una organización criminal y un ilícito de cohecho continuado. También que en el caso de Martín Sánchez concurren los requisitos que recoge el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar su ingreso en prisión provisional.

Como aún no ha podido ser localizado -explica el magistrado- hay que «proceder que se emitan las correspondientes órdenes de búsqueda y detención a nivel nacional, así como a nivel europeo mediante la emisión de la correspondiente Orden Europea de Detención para el ejercicio de acciones penales» y nivel internacional mediante la correspondiente inclusión de una nota roja a través de Interpol.

Según los investigadores, el exjefe de la UDEF -en prisión desde noviembre- colaboraba activamente con la presunta organización criminal y «habría facilitado la introducción masiva en España de contenedores contaminados con cocaína durante, al menos, los últimos cinco años, a cambio de elevadas sumas de dinero en efectivo». En total 20,2 millones de euros, repartidos entre su domicilio en Villalbilla (Madrid), su segunda residencia de Denia (Alicante) y el despacho que ocupaba en dependencias policiales.

Hace un mes, siete de los investigados -entre ellos, la mujer y la cuñada de Sánchez Gil- quedaron en libertad provisional después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara excarcelar al socio del agente Ignacio Torán al entender que no tuvo acceso a los «elementos esenciales» para poder impugnar su ingreso en prisión y se vulneraron sus derechos fundamentales.

Entonces, la situación de Sánchez Gil también se revisó pero, en su caso, el juez entendió que la solicitud de acceso se produjo cuando el secreto ya se había alzado. Apreció riesgo de fuga y destacó el «potentísimo indicio» contra él que supuso la intervención en sus inmuebles de grandes cantidades de efectivo