La malversación y la citación de Bolaños agravan el caso Begoña

Hacía meses que abogados y catedráticos penalistas apuntaban hacia un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de los responsables de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en Moncloa, por su dedicación a unas funciones distintas a las que se previeron con su nombramiento, que fueron las de acompañar a la mujer del presidente en sus actos, organizar su agenda y garantizar su seguridad.

Los expertos consultados vienen apuntando a que, además de los responsables de su nombramiento, la propia Begoña Gómez podría haber incurrido en la malversación de fondos públicos, en caso de que se aprecien indicios, como cooperadora necesaria o inductora del delito.

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Carmen Lucas-Torres

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El titular del Juzgado de Instrucción 41 no había abierto aún el melón de la malversación, pues investigaba tanto a Gómez como a Álvarez por presuntos tráfico de influencias y corrupción entre particulares.

Este lunes, el juez Peinado agravó el caso abriendo una pieza separada por supuesta malversación, penada con hasta cuatro años de prisión. Como primera diligencia, citó al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a declarar como testigo el próximo 16 de abril, Miércoles Santo.

Este martes, en el Senado, Bolaños se mostró sorprendido ante los medios de comunicación por la citación judicial, aunque afirmó que «si ahora se considera que yo con mi testimonio puedo aportar algo o soy útil en la medida de mis posibilidades, poco, mucho o nada, pues por supuesto que ahí estaré y por supuesto que intentaré colaborar».

El magistrado aclaró en el auto con el que le citó que lo hace por su etapa como secretario general de la Presidencia del Gobierno, el primer puesto en el que fue nombrado nada más llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, en junio de 2018, y no por su condición de ministro.

Precisamente Cristina Álvarez fue nombrada en julio de 2018 directora de Programas con un nivel 26 y un salario bruto anual de 49.000 euros en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, el departamento al frente del que se encontraba Bolaños.

De ahí que el instructor afirma en el auto con el que citó a Bolaños que, puesto que la citación no es por su cargo actual (ministro) no se le permitirá no comparecer y enviar la declaración por escrito, según prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el presidente del Gobierno y los ministros, sino que le tomará declaración en su despacho oficial, como también contempla la citada ley para altos cargos.

El juez da el paso de ampliar la investigación al posible delito de malversación de caudales públicos después de escuchar a Cristina Álvarez como investigada y al ex vicesecretario de Presidencia, Alfredo González Gómez, como testigo, que fue quien propuso el nombramiento de la asesora.

La primera negó el 26 de febrero, ante el juez, haberse valido de su cargo para pedir favores para ella o para terceros, es decir, para Begoña Gómez. Mencionó a Bolaños como máximo responsable del departamento en el que fue contratada. Alfredo González también se refirió a Bolaños como su máximo responsable en el momento de los hechos cuando fue preguntado.

Además de las declaraciones de ambos, el instructor ya tiene en sus manos un informe de Moncloa en el que se recogió la propueta de nombramiento de Álvarez, las funciones que se le encomendaron, el lugar y condiciones donde prestó sus servicios, la remuneración que recibió y el importe de los presupuestos que se destinó a su puesto.

El citado informe de la Secretaría General de Presidencia aportado a la causa no recogía entre las funciones de la asesora apoyar a la mujer de Sánchez en asuntos de índole privado.

La propia Álvarez, durante su primera declaración como testigo en diciembre, afirmó que fue la propia Begoña Gómez quien solicitó su nombramiento. Fue la esposa de Sánchez quien telefoneó a Álvarez, quien había sido su subordinada en la compañía privada Inmark, para trasladarle que podía disponer de un cargo de confianza y que quería que se encagara de esa labor.

En el documento de Moncloa entregado al juez se expuso, con un lenguaje confuso, que Álvarez «desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza», informó el 6 de febrero al juez Raúl Silva, responsable de la administración y de la coordinación del personal de los edificios Palacio y Consejo de Ministros.

«Tales tareas comprenden, entre todas las que se pueden incluir en el ámbito de tareas de confianza, las siguientes: la gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, el acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda», ampliaron desde Moncloa, sin hacer mención expresa a asuntos profesionales de Begoña Gómez ajenos a la actividad oficial del presidente Sánchez en los que pudiera acompañarle.

Cristina Álvarez, según consta en la causa, llegó a escribirse WhatsApps con el vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, sobre la propiedad intelectual del software unido a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez por cuyo registro se le investiga por apropiación indebida. Gestiones que no encajan con la descripción realizada por Moncloa sobre sus funciones.