Jueces y fiscales van a la huelga desde este martes contra las reformas del Gobierno en materia de Justicia

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) comenzaron convocando un paro de 10 minutos el 11 junio, al que siguió la concentración del pasado sábado ante el Tribunal Supremo (TS).

Fue el pasado 17 de junio cuando las cinco asociaciones anunciaron huelga, ofreciendo desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas, algo que el Ministerio de Justicia ha rechazado, como ya les avanzó en la reunión que mantuvieron días antes, el 4 de junio, con el secretario de Estado Manuel Olmedo.

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Ya con la medida de fuerza anunciada, Bolaños les trasladó en una misiva que las reformas son «imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI» y para actualizar las «estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX».

«Estoy convencido de que tendréis ocasión de estudiar el detalle de este proyecto de ley y, en su caso, proponer las mejoras que consideréis oportuno introducir en esta nueva fase de tramitación parlamentaria«, les dijo el ministro, invitándolas a »participar y colaborar en este proceso activamente«.

Representantes de las asociaciones se reunieron con diputados del grupo socialista, que les ofrecieron «mejorar» el texto de las reformas durante el trámite parlamentario, si bien las convocantes lo consideraron un «brindis al sol» porque no apreciaron una verdadera voluntad de hacer los cambios reclamados, según las fuentes consultadas.

Las asociaciones alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y que se «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración«.

Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo« y »sin contrapesos« suficientes.

Bolaños, por su parte, ha asegurado que los temores expresados por las asociaciones de jueces y fiscales son «infundados», al tiempo que ha calificado de normales las reticencias de un sector que --dice-- siempre se ha resistido al cambio.

«Todas las reformas de calado que se han llevado a cabo en la Justicia, en la historia de la democracia --la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 o la Ley de Violencia de Género del 2004--, fueron recibidas con recelo, con reticencias, con rechazo y con opiniones contrarias», y «hoy son grandes consensos», dijo en el Congreso de los Diputados.

La huelga de jueces y fiscales también ha suscitado cierta contestación interna. Así, JJpD y UPF han optado por no sumarse a la convocatoria, mientras que el sector progresista del CGPJ --a excepción del vocal Carlos Hugo Preciado-- defiende que «los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga».

El CGPJ celebró un Pleno extraordinario el pasado jueves para analizar el anuncio de huelga y resolvió por unanimidad que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, «por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria« ni fijar servicios mínimos.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indicaron que, pese a ello, el CGPJ no contempla imponer ningún tipo de sanción disciplinaria a quienes participen en la huelga.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, envió una carta explicando que el Ministerio Público «carece igualmente de competencias para fijar servicios mínimos».

Además, recordó a los fiscales que «habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos». En concreto, mencionó los señalamientos fijados antes de la convocatoria y que el órgano judicial haya mantenido.

Las asociaciones respondieron reivindicando que «el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española« y, como tal, »no cabe interpretación restrictiva«, por lo que »la ausencia de normativa específica de desarrollo« no puede suponer la exclusión de los togados.

En este contexto, advirtieron de que «cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave».

Pese a todo, avanzaron que, «ante la falta de fijación oficial de servicios mínimos», los ha establecido el Comité de Huelga «para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía».

Por último, se mostraron conscientes, «frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos», de que «el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional».

Justicia solicitó al CGPJ, pagador tanto de jueces como de fiscales, que habilitase un mecanismo para detraer el salario de las personas que no acudan a su puesto de trabajo con motivo de la huelga, según fuentes ministeriales.

Así las cosas, todo apunta a que podría descontárseles sueldo por esos días de parón. No sería la primera vez, puesto que ya se hizo, al menos, en 2018, en un asunto que acabó en los tribunales por errores en las detracciones y las devoluciones.

Las asociaciones ya han anticipado que, «una vez finalizados estos tres días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado parlamentario de las reformas, llevarán a cabo una evaluación conjunta de la situación«.

Indican que «esta revisión tendrá en cuenta el respaldo recibido, y se actuará de forma coordinada para decidir sobre la continuidad o ampliación de las medidas, y la mejor fecha para implementarlas».

Cabe recordar que se trata de la sexta huelga de togados. La primera fue en 2009, con el socialista Mariano Fernández Bermejo en el Ministerio. A esa siguieron otra más ese año con Francisco Caamaño (PSOE); una en 2013, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP); y dos en 2018, con Rafael Catalá (PP) y Dolores Delgado (PSOE); por lo que Bolaños se suma así a la nutrida lista de ministros de Justicia que soportaron la medida de fuerza.