Una multitud de jueces y fiscales se concentran contra la amenaza a su independencia: «Saquen sus manos del Poder Judicial»

Convocados por cinco de las siete asociaciones que representan a ambos colectivos y bajo el lema «Sin Estado de derecho no hay democracia», jueces y fiscales, se han concentrado en defensa de la independencia del Poder Judicial, que no es de ellos, dicen, sino «de todos los ciudadanos».

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Durante la lectura de un comunicado conjunto, portavoces de las asociaciones han recordado que la Constitución de 1978 implantó en España el Estado de derecho al sancionar tres cosas: el imperio de la ley, la separación de poderes (porque lo contrario es «tiranía») y, consecuencia de lo anterior, la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política. «Esta independencia judicial es clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, y hoy está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas«, en concreto la nueva ley de acceso a la carrera y la reforma del Estatuto fiscal previa .

Sobre la primera advierten que «va a rebajar la excelencia de conocimientos», eliminando en las oposiciones contenidos esenciales e introduciendo pruebas «más subjetivas y susceptibles de filtración». Además «pretende meter la política» dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces. Lo mismo sucede con el centro de preparación de opositores, dependiente directamente del Gobierno, «con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país».

A ello se suma la creación, han dicho durante la lectura del texto, de dos vías de acceso para ser juez o fiscal: la «ardua y difícil, de mucho estudio, para quienes no tienen contactos», y otra «más sencilla para que la transiten aquellos a quienes le interese en cada momento al poder político».

Respecto a la reforma del Estatuto Fiscal denuncian que se quiere aumentar el poder del fiscal general del Estado, quien, «seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo» sin que el texto, lejos de blindar a los fiscales de a pie (lo que ellos mismos habían pedido), les dé más posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes.

Y es en estas condiciones en las que se pretende dar a los fiscales el mando de la policía judicial (UCO y Udyco incluidas) y la investigación de los delitos, hasta ahora en manos de los jueces. Alertan de que el sistema, «tal y como se quiere diseñar, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas que interesan a cualquier Gobierno, que son las causas de corrupción».

No han dejado pasar por alto en la lectura del comunicado el contexto en el que estas reformas se producen: «en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, esencial para que la misma pueda servir al fin que le corresponde: evitar los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos». Que el poder político «saque sus manos» de la judicatura y de la Fiscalía es «imprescindible para preservar la buena salud democrática de un país» y tener un Poder Judicial fuerte, y no «maleable y sensible a las presiones».

Los convocantes siguen dispuestos a secundar la huelga los días 1,2 y 3 de julio (martes, miércoles y jueves de la semana que viene) si Bolaños no retira las reformas. No parece que eso vaya a pasar, porque en plena concentración Bolaños ha contraprogramado un acto para publicitar las becas a los opositores, el único punto de la ley de acceso con el que todas las asociaciones de jueces y fiscales están de acuerdo.

«Que nadie dude de que los jueces y fiscales no queremos la huelga, nos duelen los justiciables y sus abogados y procuradores porque sabemos que sus pleitos se demoran años por la falta de medios, y lo que menos necesitan es una suspensión o un aplazamiento», han señalado.

El comunicado ha terminado dando las gracias los ciudadanos que están con los jueces y fiscales «reclamando una mejor justicia» y a todos cuantos apoyan la defensa y protección del Estado de derecho, que «no es de izquierdas ni es de derechas: es de todos».

Entre los presentes, además de jueces y fiscales de toda España (algunas caras conocidas, como Teresa Palacios o Enrique Lopez), muchos opositores y ciudadanos anónimos en defensa del Estado de derecho.