La ley es una chapuza, y Puigdemont se queda en Bruselas
El juez Llarena no tiene por qué levantar la orden de detención que pesa contra el expresidente en territorio nacional
El Supremo rechaza amnistiar la malversación del 'procés'
El problema de la Ley de amnistía es que es una chapuza jurídica, y esto es culpa del Gobierno, que incurre de nuevo en uno de sus pecados capitales: la técnica legislativa. (¿Verdad que no es necesario recordar el dislate del sí es ... sí?). Por eso, el Tribunal Supremo ha decidido esta mañana que es una ley «inaplicable» en lo que tiene que ver con la malversación. ¿Cuál es la primera consecuencia de esto? Que Carles Puigdempont no podrá pisar España sin ser detenido.
La Ley que se elaboró en La Moncloa y que el ministro Bolaños presentó en el Congreso, a pesar de ser una proposición de ley del grupo parlamentario socialista, ya incurría en un problema de inicio: el préambulo era una excusatio non petita para justificar una más que dudosa constitucionalidad de la norma, pero el articulado no estaba mal. Lo dicen los que saben.
Pero eso no ha sido lo más grave. El problema han sido las prisas del Gobierno para complacer a sus socios: los cambios que ha ido introduciendo el Ejecutivo ha convertido la ley en una chapuza jurídica, y el principal problema está en la redacción del delito de malversación.
Con esta decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el juez Llarena no tiene por qué levantar la orden de detención que pesa contra Puigdemont en territorio nacional. De nuevo, los magistrados de esta Sala, que son la cúspide de la carrera judicial en España, han frenado la amnistía. El Gobierno, y sus juristas, se lo tienen que hacer mirar.
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