Irene Montero, al borde del embargo por no pagar 18.000 euros al hombre al que llamó maltratador

El fallo de la más alta instancia jurisdiccional del país ya es firme. Y también claro: la titular de Igualdad vulneró el derecho al honor de Marcos al atribuirle conductas por las que nunca fue condenado. Tiene que indemnizarle con 18.000 euros, publicar en su cuenta de Twitter el encabezamiento y fallo de la sentencia, eliminar el tuit en el que compartió el video del discurso en el que realizó esas declaraciones, y publicar el encabezamiento y la parte dispositiva de la resolución en un periódico de ámbito nacional.

Las polémicas palabras de Montero que le han valido esta condena (contra la que ya no cabe recurso alguno) fueron pronunciadas durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres el 25 de mayo de 2022. La ministra se congratuló del indulto recién concedido a María Sevilla y lamentó que mujeres como ella sufrieran «injustamente la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que hacen es defenderse de la violencia machista de los maltratadores». No hay ninguna sentencia que haya condenado a Rafael Marcos por maltrato ni abusos al menor (todas las denuncias interpuestas contra él han terminado en archivo) pero sí una contra María Sevilla: a dos años y cuatro meses por el secuestro del menor, un gesto que fue «premiado» por el Gobierno con esa medida de gracia. La mujer mantuvo al pequeño retenido en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) sin escolarizar y en condiciones insalubres. «Recuerda que tu padre es el diablo; llévate la Biblia porque la vas a necesitar», le dijo, según relataron los agentes que liberaron al pequeño. En la intervención que le ha valido esta condena Montero se refirió a Sevilla hasta en cinco ocasiones como una «madre protectora»: «el indulto a María Sevilla es patrimonio del movimiento feminista de nuestro país», remarcó entonces la titular de Igualdad.

Para la Sala Civil del Supremo estas palabras traspasaron cualquier límite de libertad de expresión. «Atenta contra la reputación personal atribuir infundadamente a una persona la condición de maltratadora», señaló el Alto Tribunal, que, en contra de lo alegado por la defensa de Montero –la misma Abogacía del Estado que la exministra Dolores Delgado negó al juez Llarena ante los ataques de los independentistas en Europa–, esas expresiones no eran «genéricas», sino que «de su contexto y de su literalidad» quedaba claro que aludían al demandante, al que se atribuyó hechos constitutivos de violencia machista.