Investigan a la Mocro Maffia por el atentado por encargo de Vidal-Quadras

Si hablamos de las actividades de servicios de inteligencia extranjeros con este 'modus operandi' -hay que insistir, en el mundo físico, no en Internet-, en España son al menos dos los episodios que hemos vivido recientemente y que confirman esta realidad. El primero es el atentado contra el ex eurodiputado Alejo Vidal-Quadras, que recibió un disparo en el rostro la mañana del 9 de diciembre en la calle de Núñez de Balboa, en pleno centro de Madrid. La investigación ha demostrado que se trata de un crimen por encargo -el autor material es un francés de origen tunecino, aún no detenido-, y según las fuentes consultadas hay elementos que hacen pensar en que elementos de la Mocro Maffia podrían haber recibido el encargo por parte del régimen iraní de acabar con la vida del político catalán, al que que ese gobierno ha declarado enemigo. A esta línea apuntaría el último arresto relacionado con este caso, a finales de abril. La implicada es una holandesa de origen magrebí -el país de los tulipanes es la base de operaciones de esa organización mafiosa- acusada de participar en la financiación y planificación de esta acción. Y según ha sabido ABC hay otros elementos de esta trama mafiosa investigados por estos hechos.

El segundo se produjo, el pasado 13 de febrero en Villajoyosa (Alicante), el asesinato a tiros del piloto de helicópteros ruso Maxim Kuzminov, que desertó con su aeronave a Ucrania. Como adelantó ABC, se trató de un crimen por encargo de la Inteligencia militar rusa, el GRU, que quería lanzar un mensaje claro de qué le iba a suceder a todo aquel que tuviera tentaciones similares a las de Kuzminov. De momento no se ha podido detener al autor de los disparos, que pudo actuar con un cómplice. En este caso Rusia ni siquiera se ha tomado muchas molestias en desmarcarse del crimen.

En el ámbito internacional, en enero pasado se conoció que los Gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido impondrían sanciones contra una organización denominada Zindashti, encargada de cometer asesinatos y secuestros de opositores iraníes en el exterior. Ese grupo, con presencia en varios países, está dirigido por el narcotraficante Naji Ibrahim Sharifi Zindashti. Está formado por elementos del crimen organizado y opera a las órdenes de los servicios de inteligencia del régimen de Irán.

El Foreign Office es muy contundente en este mismo sentido y acusa al régimen iraní de llevar a cabo sus amenazas subcontratando con bandas criminales de todo el mundo. Y desde 2021 en Bélgica cumple condena de 20 años de cárcel un diplomático de ese país por planificar un atentado en Francia contra disidentes que finalmente pudo ser abortado. Los dos individuos que iban a ser los autores del ataque fueron igualmente arrestados y condenados.

Si esta es la nueva realidad, cabe preguntarse en qué medida España está preparada para dar respuesta a esta situación. El informe de Seguridad Nacional de 2023, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, organismo que depende directamente de Presidencia del Gobierno, recoge entre las principales amenazas tanto la actuación de los servicios de inteligencia como del crimen organizado. Pero lo hace de forma separada y en ningún momento relaciona ambos fenómenos de manera explícita, a pesar de que fue aprobado en marzo por el Consejo de Ministros y ya se habían producido los sucesos de Madrid y Alicante.

Sí precisa, en el apartado dedicado a la amenaza de servicios de inteligencia hostiles, en concreto rusos, que «la escasa presencia de oficiales de Inteligencia (OI) rusos en España y la dificultad que tienen para acreditar a otros nuevos, obliga a los SI rusos a utilizar otras herramientas para desarrollar sus actuaciones, por lo que se prevé un incremento de las actividades de OI itinerantes». Pero ni una mención a la utilización del crimen organizado en sus actividades.

En lo que se refiere al crimen organizado, este documento sí hace referencia a que «la delincuencia como servicio ('crime as a service') ha experimentado un auge en los últimos años. En este sentido, se está expandiendo una industria de servicios delictivos que presta apoyo en el proceso de funcionamiento interno de muchas áreas criminales y contribuye a mayores niveles de especialización», pero no lo relaciona en momento alguno con que esas tramas puedan trabajar para estados.

Un ejemplo que ilustra bien lo que sucede. «En el caso de la Mocro Maffia -explican las fuentes consultadas-, para un servicio de Inteligencia es perfecto. Los que actúan son, en su mayoría, holandeses de origen magrebí, de modo que pueden actuar y antes de que la Policía pueda reaccionar ya están en Marruecos, que nunca va a extraditar a uno de sus nacionales, con lo que queda garantizada la impunidad».

En el ámbito del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la situación no es alentadora. En 2015, la amenaza yihadista llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a dedicar los medios que hasta entonces se dedicaban a las formas más graves de criminalidad organizada a combatir el terrorismo internacional, de modo que desde entonces se dejó la lucha contra las mafias sólo en manos de la Policía y la Guardia Civil.

En el Instituto Armado la Jefatura de Información de la Guardia Civil ya se ocupaba antes de esa decisión de las «amenazas emergentes», entre las que incluían los grupos de crimen organizado de alto nivel con capacidad para poner en peligro la seguridad nacional. En la Policía, la última remodelación de la Comisaría General de Información ha incluido, dentro de los objetivos de su Unidad Central de Inteligencia, la investigación y lucha contra estas organizaciones mafiosas.

Pero en ambos casos están difusas las fronteras, de modo que es difícil discernir cuándo deben investigar las unidades de Información o las de Policía Judicial en los dos Cuerpos. Y lo que es aún más peligroso, no está claro que el intercambio de información entre unos y otros sea lo suficientemente fluido para que no se produzcan disfunciones.

La pregunta de algunos de los especialistas de Policía, Guardia Civil y CNI consultados por ABC es si en este momento hay un análisis de situación más o menos concreto sobre este asunto, al margen de los casos puntuales, muy preocupantes, que se han producido recientemente, y sobre todo un plan de actuación con diferentes objetivos que pueda ser compartido y a la vez permita visualizar los avances y rentabilizar las operaciones o investigaciones que se hagan.

Expertos de la máxima solvencia consultados por ABC consideran que «dado que es indudable que el crimen organizado evoluciona hacia una amenaza de primer nivel, por sí mismo y por sus relaciones con los servicios de Inteligencia hostiles, es necesario poner en marcha una estrategia específica en la que participen todos los actores que luchan contra estos fenómenos. Se ha dado el caso de operaciones contra elementos mafiosos por parte de agentes de Policía Judicial que eran interés para un servicio de Información, y eso es insostenible».

Según las mismas fuentes, la utilización de elementos del crimen organizado por parte de un país tiene la enorme ventaja de que si los autores materiales son descubiertos es muy complicado implicar, con pruebas que permitan mantener la acusación en un juicio, a los que han hecho el encargo. Eso aumenta el riesgo de que sea una práctica que se extienda. Y además, dado que hay especialistas en distintas modalidades delictivas esos servicios hostiles pueden seleccionar en cada momento el grupo criminal que mejor garantice el objetivo que buscan.

Todos los expertos consultados por ABC, que trabajan en los ámbitos de los servicios de Inteligencia, de Información y la Policía Judicial muestran su preocupación porque no haya cundido la alarma, no ya solo a nivel de Gobierno, sino incluso de opinión pública. «Las redes de tráfico de droga son un problema importante, pero sólo afecta a la seguridad ciudadana; de lo que se habla es de auténticas mafias, que bien solas, o en colaboración con servicios de inteligencia se convierten en un peligro para la seguridad nacional».