Las interferencias del Ejecutivo en el Poder Judicial, uno de los agujeros negros del Estado de derecho en España

El informe analiza el Estado de Derecho entre 2018 y 2021, un contexto de especial complejidad debido a las consecuencias del 'procés', la pandemia y la fragmentación y politización que están marcando la XIV legislatura. Las consecuencias son desoladoras: ponen de manifiesto un «deterioro persistente» que se traduce en un menor control del Poder Ejecutivo con la consiguiente pérdida progresiva de relevancia del Parlamento.

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Una de las cuestiones que destaca el informe son las interferencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial a través de las críticas de los políticos a las sentencias desfavorables. «La deslegitimación de un poder del Estado por parte de los integrantes de otro contribuye al desprestigio y deterioro del propio Estado de derecho y del principio de lealtad institucional que ha de presidir las relaciones entre ambos».

Interferencias son también las puertas giratorias entre la política y el Poder Judicial: «las idas y venidas entre la política y la justicia suponen un riesgo cierto para la independencia e imparcialidad de sus miembros o, al menos para su apariencia.

Al mencionar la preocupante situación del Poder Judicial en nuestro país el informe alude al bloqueo en la renovación del CGPJ, y sitúa el origen del «problema» en el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial. En ese marco de bloqueo las respuestas legislativas que se han intentado para solucionar la situación han fracasado, apunta, en referencia a la prohibición de que el CGPJ siga haciendo nombramientos mientras esté en funciones. El principal afectado por esta situación es el Tribunal Supremo, cuya plantilla se ha visto mermada en un 20 por ciento. «Esto se traduce en una reducción de la capacidad para dictar sentencias (1.000 menos al año entre todas las salas) y en un aumento de la duración de los procesos judiciales.

A propósito de las sentencias, otro de los problemas que expone el informe es la ejecución de sentencias firmes. «Los datos son preocupantes»: de 6 a 12 meses, por detrás de Luxemburgo, Francia, Escocia, Bélgica, Lituania, Estonia o Hungría, en el lugar opuesto, con sentencias ejecutadas en ocho días.

Sobre la Fiscalía, y en concreto, sobre el nombramiento del fiscal general, también hay peros, en especial sobre la decisión del Gobierno de nombrar a Dolores Delgado directamente desde el Ministerio de Justicia, cartera que ocupaba en aquel momento además de ser diputada electa del PSOE y de haber participado en actos de campaña.

Respecto a los nombramientos en la Fiscalía, el informe denuncia que «no existe un sistema objetivo de promoción, con unas reglas mínimas de evaluación, un baremo objetivo de méritos, un sistema de clasificación de candidatos y una suficiente publicidad de las vacantes y de los requisitos para cubrirlas«.

Se detiene también el informe en el abuso del decreto ley como forma «ordinaria» de legislar, cuando posee un carácter excepcional en nuestro ordenamiento. Ni se somete a un proceso de debate ni son precisos los mismos trámites que deben solicitarse en el caso de los anteproyectos, apunta el estudio, que considera que «la utilización abusiva del decreto ley supone un deterioro evidente del proceso parlamentario deliberativo y decisorio».

El informe dedica un apartado también a la «politización creciente» del Tribunal Constitucional y critica su «discrecionalidad» a la hora de «retrasar el estudio y resolución de algunos recursos de amparo especialmente polémicos y sensibles. «Estos retrasos ponen de relieve la debilidad que para el Estado de derecho supone que el TC, aun teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión, pueda decidir evitar pronunciarse sobre un determinado asunto durante un tiempo indefinido soslayando así su función de máximo intérprete de la Constitución«.