Crece la presión sobre el Tribunal Constitucional para que diga si es legal maniatar al Poder Judicial

Tampoco fue posible en la segunda ocasión, en marzo de 2021. Han pasado cuatro años desde aquel primer pacto frustrado, y al menos en el cupo de juristas se da por hecho que perfiles tan políticos como eran los del abogado y diputado popular José Miguel Castillo o como el del senador Manuel Altava no tendrán ya la mínima oportunidad de optar al Consejo. Pero tampoco aquellos que por jubilación, hartazgo o incluso fallecimiento se han caído de la lista de candidatos de las asociaciones judiciales en este último intento por cerrar un pacto político que ya contemplaba alguna medida para reforzar la independencia del Poder Judicial.

La dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado octubre, escenificó la gravedad de la crisis institucional abierta ante el bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, y aunque inicialmente abrió la puerta a la esperanza de un acuerdo (apenas unas horas después de comunicar su renuncia Gobierno y PP se mostraban dispuestos por fin a pactar), unos días más tarde las fichas volverían a estar en la casilla de salida. O aún peor, porque a las consecuencias de ese bloqueo del que en diciembre se cumplirán cuatro años se suman las derivadas de la renuncia de Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial.

La imposibilidad de hacer nombramientos en la cúpula judicial, salas funcionando a medio gas, el ultimátum del Ejecutivo al CGPJ para hacerse con el control del TC o la amenaza de una reforma de las mayorías para la elección del Consejo han engordado esta bola de nieve que ya impacta contra el ciudadano. Estas son algunas de las derivadas de una crisis inédita en democracia.

En el Poder Judicial hay un profundo malestar con el presidente del Tribunal Constitucional, el conservador Pedro González Trevijano, por no haber llevado a Pleno los recursos del PP y de Vox contra la reforma que desde 2021 impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos en la cúpula judicial.

Vocales, juristas y jueces consideran que la resolución de este asunto en un sentido o en otro contribuiría a clarificar el panorama, pues si la reforma promovida por el PSOE se declara inconstitucional, el Consejo podría recuperar la competencia de los nombramientos y resolver el problema de las vacantes en la cúpula judicial. Las ponencias relativas a estos recursos, favorables a desestimarlos, están en manos de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.

En el supuesto de que el actual Pleno, de mayoría conservadora, votara a favor de la inconstitucionalidad de la reforma, ambos magistrados tendrían la opción de cambiar la ponencia o de renunciar a ella, de forma que fuera asumida por otro compañero en el sentido de la mayoría. Pero si el presidente no lleva el asunto a Pleno lo que ya está claro es que será el nuevo TC de mayoría progresista el que resuelva. Entonces ya no estará el presidente, González Trevijano, ni tampoco Xiol, que abandonará el TC en la renovación del tercio del tribunal que podría consumarse en cuestión de semanas.

El vocal Mario Macías considera la actuación del TC «desafortunada», pues va a provocar que la decisión acabe siendo tomada por un órgano de composición diferente del que debiera haberla adoptado. «Traslada una indeseable apariencia de manipulación política de esa concreta decisión. La 'pax romana' en la que en apariencia se ha instalado el TC no es real; en este caso, no hacer supone tomar partido y mediatizar el contenido de una decisión», señala en alusión directa a la postura de González Trevijano.

En la misma línea, el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, opina: «El TC debería hacer su trabajo, decirnos ya si un poder del Estado puede estar atado de pies y manos». Y es que, a su juicio, esto no es una decisión que pueda afectar a un partido en una campaña electoral, sino que afecta a las instituciones del Estado. «Es como si al TC le privaran de dictar sentencias o al Gobierno, de la acción de dirigir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», dice Rouco, para defender la absoluta urgencia del señalamiento de este asunto.

Del «estropicio» que la reforma que prohíbe los nombramientos está suponiendo para los tribunales de justicia ya advirtió Carlos Lesmes en la Apertura del Año Judicial. El problema es que la grieta se va agrandando y si hace unos meses eran medio centenar las plazas afectadas por la falta de renovación, a final de año esta cifra superará las setenta. De ellas, 52 corresponden a presidencias de tribunales superiores de justicia y de audiencias provinciales, en algunos casos por jubilaciones; en otros, por mandatos vencidos tras los cuales no ha habido renovación ni elección de nuevos candidatos.

Precisamente el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha es una de las «víctimas» de la reforma que maniató al Consejo. Y lo es por partida doble: primero, porque terminó su tercer y último mandato en enero de 2021 y va a hacer dos años en un puesto en el que a estas alturas ya no aspiraba a estar; y segundo, porque se ha dado de bruces con su aspiración a concursar a una plaza en el Tribunal Supremo.

Vicente Rouco reconoce que no sabe si cuando la renovación del CGPJ se produzca querrá seguir haciéndolo porque «cuatro o cinco años más se notan». «Lo que está sucediendo no es una situación deseable –comenta–, sobre todo porque como juez y jurista no puedo entender que una institución concebida para asegurar el gobierno del Poder Judicial no pueda efectuar nombramientos de cargos judiciales». Cree además que la reforma que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos es «inconstitucional y difícil de sostener».

A su juicio, el bloqueo del órgano ha puesto de manifiesto que el «perverso» reparto de cuotas no funciona porque no consigue que el Poder Judicial se mantenga al margen. «Sin entrar en el debate de quién es culpable, soy un juez vocacional y presidente de un órgano que ve con tristeza que un poder del Estado clave para el funcionamiento del Estado de derecho se vea en una situación precaria que afecta a la imagen de la Justicia como poder independiente».

En la misma situación se encuentra el presidente del TSJ de Cataluña, Jesús María Barrientos, aunque en su caso en enero de 2021 cumplió su primer mandato y no un tercero como Rouco. Coincide con él en que, a diferencia del Supremo, la actividad diaria de su TSJ no se está viendo afectada por la reforma que limita los nombramientos, pues el órgano judicial no está descabezado ni en su faceta gubernativa (sigue funcionando la sala de gobierno) ni en la jurisdiccional.

Sí denuncia la «política de estrangulamiento» del Ministerio de Justicia a los tribunales autonómicos al negarles los refuerzos necesarios por «falta de presupuesto». «Son las decisiones en materia económica las que nos están afectando. Tenemos órganos judiciales con mucha dificultad por la carga de trabajo y el Ministerio no ha dotado de presupuesto esas comisiones de servicio» y las ha dado por finalizadas a fecha 31 de octubre. En el caso de Cataluña son una decena, pero sumando el resto de autonomías la cifra llega al medio centenar, advierte.

Esa falta de refuerzos, que en esta comunidad autónoma afecta de lleno a juzgados de cláusulas suelo, acabará repercutiendo en el ciudadano. Es cuestión de tiempo. En su opinión el juez de la calle está alejado de lo que sucede en el Consejo en términos de impacto directo en su actividad diaria. Sin embargo, le afecta de lleno la credibilidad de la Justicia ante la ciudadanía y esa imagen de politización a la que el CGPJ no permanece ajeno.

Pero el agujero mayor está sin duda en el Tribunal Supremo, donde las consecuencias de las vacantes sí influyen directamente en el trabajo diario del tribunal. Sobre una plantilla de 79 magistrados, hay 16 plazas que no se pueden cubrir y que serán 19 el próximo diciembre.

Por salas el desbarajuste está muy descompensando, pues si bien la plantilla de la Sala Penal está cubierta o en la Civil falta uno de los diez magistrados que la componen, la Contencioso-Administrativa llegará a fin de año con su plantilla mermada en un tercio (faltarán 10 jueces de los 33 que la integran); la Social tiene cinco vacantes entre sus 13 jueces (su presidenta, María Luisa Segoviano, se jubiló, además, hace unas semanas) y en la Militar faltan tres magistrados de los ocho que la componen.

El presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, advierte a ABC de que en breve no se podrán constituir con normalidad las secciones, lo que coincide además con el aumento de asuntos y la excepcional entrada de recursos en reclamaciones de indemnizaciones por posibles daños derivados de la pandemia.

«La actual coyuntura, que no puede tratar de neutralizarse mediante medidas que desnaturalicen la esencia de la institución, está provocando lógicamente un incremento en la tasa de pendencia y de los tiempos de respuesta», señala. Aun así, «y pese a la repercusión que estas circunstancias tienen en los miembros del Tribunal, lo verdaderamente importante es el deterioro institucional y los efectos que se derivan para los derechos de ciudadanos y empresas, máxime en un momento de crisis económica, que pueden verse privados de una tutela judicial verdaderamente efectiva».

Hace apenas un año, cuando estaban sin cubrir 11 plazas en el Supremo (ocho menos de las que habrá este diciembre), un informe del Gabinete Técnico del Alto Tribunal ya alertó de que como consecuencia de la reforma de los nombramientos el Supremo iba a dictar unas mil sentencias menos al año, una cantidad que hoy supondrá casi el doble si se tiene en cuenta que cada magistrado del Alto Tribunal dicta una media de 100 sentencias al año y llegaremos a diciembre con 19 bajas.

La reforma del PSOE que maniata al Consejo no solo está haciendo mella en los tienen que estar más tiempo del debido en el cargo, sino también en aquellos que ven frustradas sus aspiraciones a convertirse en vocal del Consejo. Es el caso de José Luis Núñez, juez de Primera Instancia de Vitoria, quien concurrió por la lista de la APM y que lleva cuatro años esperando. Aun así se ve con fuerzas de aspirar al Consejo para «cambiar las cosas desde dentro».

Reconoce que la situación es «triste y dura para la carrera judicial» y alerta de la grave situación del Supremo, donde «como todo siga así de aquí a dos años no va a quedar ni un magistrado». Núñez no ve frustradas sus expectativas por no ser vocal, pero sí cree que «el bloqueo en los nombramientos puede estar frenando la promoción profesional de cerca de 600 jueces» si calculamos una media de cinco solicitantes –que es poco teniendo en cuenta que hay plazas del Supremo a las que optan una veintena de togados– para cada una de las 70 plazas pendientes.

Reyes Vila es otra de las aspirantes a vocal que ya iba en las listas de 2018. Comparte con Núñez la necesidad de modificar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial para que sean elegidos por la carrera, pero en este momento «la ley es la que es y hay que cumplirla».

En estos cuatro años esta juez ha cambiado de destino y ha pasado del Juzgado de Primera Instancia número 29 de Sevilla al Juzgado de lo Contencioso número 11 de esta ciudad. Reconoce que el retraso en la renovación del Consejo le ha afectado no tanto en su labor jurisdiccional como en la asociativa y gubernativa, pues «no te postulas para otras cosas». Vila denuncia una situación de «bloqueo total». «En la carrera no se mueve nada, el CGPJ no está funcionando, porque, no nos engañemos: ningún órgano que esté en funciones trabaja como si no lo estuviera, entre otras cuestiones porque ni siquiera sabes a qué plazo tienes que proyectar tu actividad, tu programa».

Por si no fuera poco el malestar que el recorte de atribuciones del CGPJ ha generado en un amplio sector de la judicatura, el hecho de que el PSOE acometiera en junio la reforma para permitir los nombramientos solo respecto al TC directamente puso en pie de guerra a buena parte de la carrera. El Gobierno movía ficha en una jugada que le va a dar el control del órgano de garantías y no hizo lo mismo respecto al resto de nombramientos de la cúpula judicial cuya parálisis está generando esos efectos devastadores en la Justicia.

Consciente de que la renovación del tercio del TC que corresponde al CGPJ (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos) debe realizarse a la vez para evitar cualquier tacha de inconstitucionalidad, el Ejecutivo llegó a poner plazo al Consejo para llevar a cabo sus nombramientos: el pasado 13 de septiembre, tres meses después de que caducara el mandato de los magistrados que tienen que salir del Tribunal: los dos nombrados por el Gobierno de Rajoy (González Trevijano y Antonio Narváez) y los dos del CGPJ (Xiol y Santiago Martínez-Vares). Con la entrada de tres progresistas (dos del Ejecutivo y uno del CGPJ) y uno conservador (por parte también del CGPJ) las mayorías del TC se invertirán siendo los progresistas siete y los conservadores cuatro.

La plaza número 12, la de Alfredo Montoya, que renunció por motivo de salud, y que correspondería al sector conservador, es otro de los efectos colaterales del bloqueo de las negociaciones entre Gobierno y PP, pues tiene que salir adelante con el apoyo de tres quintos del Senado, lo que en estos momentos parece imposible.

Precisamente para sortear el bloqueo en la renovación del CGPJ, Podemos presiona ahora para lograr lo que ya intentó con el PSOE en 2021: rebajar a mayoría absoluta la mayoría cualificada que la ley exige para la renovación del CGPJ, una maniobra que permitiría al Gobierno y sus socios prescindir del PP en la renovación.

En abril de 2021 el Ejecutivo se vio obligado a pedir a PSOE y Unidas Podemos que retiraran esta reforma precisamente por la presión de Bruselas, que un día antes había instado al Gobierno español a que consensuara la renovación del Consejo sin excluir a nadie y contando con los jueces. Como publicó ABC, la Comisión Europea estaba dispuesta a llevar a España al Tribunal de Luxemburgo por algo que se consideraba una nueva y grave injerencia en el Poder Judicial.

Con las recientes advertencias de Bruselas en torno al sistema de elección de jueces y la recomendación de cumplir los estándares del Estado de derecho europeos antes de que España asuma la presidencia de la UE en el segundo semestre del próximo año, parece complicado que la reforma que ansía Podemos se lleve a cabo.

La decisión del Pleno del Consejo de nombrar a su vocal de mayor edad, Rafael Mozo, como sustituto de Lesmes, está recurrida ante el Supremo, que todavía tiene que decidir si adopta la paralización del nombramiento como medida cautelar. Los recurrentes –un vocal y el secretario general del Consejo– entienden que no cabe la bicefalia y que el presidente del TS, Francisco Marín Castán debe estar al frente también del CGPJ. La presidencia de Mozo está, por tanto, en el aire.