El juez atribuye a García Ortiz la filtración del correo del novio de Ayuso que se publicó cinco minutos después de «cerrar el círculo»

Uno de esos intentos es el de descargar la filtración en el «número indeterminado» de personas que, según los imputados, tuvieron acceso al expediente de González Amador. «Hasta la señora de la limpieza», llegó a decir el fiscal Diego Villafañe. Y sin embargo, asegura el juez, ninguna de esas personas reúne indicios tan sólidos como los que acumula el fiscal general, hasta el punto de que no hay otra «hipótesis» posible en la filtración.

«No es asumible la hipótesis de acudir a la mera posibilidad abstracta de que un indeterminado número de personas, que ninguna relación guardan con los hechos, pudieran ser autoras de la ilícita filtración que se investiga, cuando lo actuado permite concretar la implicación en ella de los investigados, de manera que, desde el momento que así cabe presumirlo, por incompatibilidad y exclusión, queda descartada esa indefinida hipótesis planteada por la defensa», señala el auto.

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No así la de que pudo ser García Ortiz. Los indicios apuntan a su interés por hacerse con el correo del 2 de febrero de 2024 (en el que la defensa del novio de Ayuso reconocía dos delitos fiscales), y a que, cinco minutos después de «cerrar el círculo» -dice parafraseando el mensaje que el fiscal general envió a su subordinada-, ese correo apareciera «filtrado en un medio de comunicación». «Ahí es donde hay que poner el acento», de manera que, igual que para imputarle se consideró que había «suficientes indicios para presumir ese interés y la inmediata filtración», una vez reunida la información que buscaba, «se estimó que pudo ser quien lo filtrase». Lo mismo cabe decir de su participación en la elaboración de la nota informativa del día 14, que «siempre ha admitido».

En ese intento de desviar el foco, el magistrado tampoco comparte el intento de equiparación de la «filtración subrepticia» del correo de 2 de febrero con la «divulgación autorizada» del contenido de un 'mail' posterior (en el que el fiscal se abría al pacto) por parte del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tal y como él mismo reconoció que hizo en un grupo de varios medios.

Para el juez se trata de dos situaciones diferentes. «Una cosa era la divulgación consentida del correo de 12 de marzo de 2024, que no supone quiebra alguna sobre la confidencialidad que caracteriza el delito de revelación se secretos (...) y otra completamente distinta la filtración del contenido de los datos personales de un ciudadano, que no lo autoriza, y su posterior continuación en la nota del día 14», dice en referencia al correo del 2 de febrero, en torno al que «gira el objeto de la presente causa».

En este sentido subraya que las negociaciones entre fiscal y abogado defensor «es material sensible y, en atención a su contenido, ha de pasar por criterios de confidencialidad, que, si se quiebran, pueden entrañar una importante merma para el derecho de defensa, con el perjuicio que ello conlleva». Y recuerda en este punto que el deber de reserva lleva aparejado el de confidencialidad y que «compete especialmente» al Ministerio Fiscal como resulta de su Estatuto o de la Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre de la Fiscalía General del Estado.

Insiste así en que hay «una variada normativa que impone, expresamente, un deber de reserva y confidencialidad» al Ministerio Público y que «presumiblemente no ha sido observada por los recurrentes, en la medida que, indiciariamente, han podido filtrar el correo de 2 de febrero de 2024, al margen de la difusión que diera su titular al de 12 de marzo de 2024, que, además, no contenía los datos sensibles que aquél», argumenta.

Además, el juez reprocha a García Ortiz que se escude en el procedimiento de informar al superior está recogido en el Estatuto Fiscal para justificar el trasiego de información relativa a González Amador. «En ese cometido de informar, lo no tolerable son las extralimitaciones, de manera que, si la información que se da reviste carácter aparentemente delictivo, no puede servir de excusa para cerrar el paso a una investigación».

En una segunda resolución, también notificada este miércoles, el juez archiva la causa respecto al tercer imputado, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, por considerar que no hay motivos suficientes para mantener su imputación. «Una vez practicadas determinadas diligencias, los indicios en su momento tenidos en cuenta para declararle investigado han perdido la potencia como para mantener tal condición», apunta.

Hurtado justifica su decisión a la vista de la propia declaración de Villafañe como investigado puesta en relación con otras diligencias de investigación, como la declaración de varios testigos e informes de la UCO sobre las llamadas y mensajes. Es cierto que en el documento de la UCO constan cinco llamadas o intentos de llamadas, entre Diego Villafañe y Álvaro García Ortiz entre las 16.53 y las 21.12 del día 11, anteriores a la publicación de 'elDiario.es', en la mañana del día 12, del expediente de González Amador, pero «pierden cualquier relevancia que les se pretenda dar en relación con una atribución a Villafañe de la filtración de tal noticia, cuando los indicios que había en un momento para atribuírsela a él han perdido su potencia».

Respecto a la elaboración de la nota de prensa del día 14, «partimos de que la preparó Álvaro García Ortiz, como él mismo reconoce» y «no se han confirmado elementos sólidos» de que Villafañe participara en ella.