El juez dicta su auto más contundente sobre García Ortiz con el apoyo de la Sala Penal

Hurtado hace esta consideración en una resolución en la que establece que a partir de ahora los anexos de los oficios que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se quedarán en la secretaría del tribunal a disposición de las partes, de forma que sean estas las que se trasladen allí para consultarlos. Responde así a la denuncia del fiscal general por la filtración de sus datos personales en el último informe de la UCO del que se dio traslado a las partes con los anexos incluidos.

Y es al hilo de esta decisión, garantista con el imputado, cuando el magistrado viene a decir que si García Ortiz hubiera colaborado con la justicia y no hubiera destruido pruebas no habría sido necesario recurrir a los informes de la unidad policial en busca de sus llamadas y mensajes borrados, pues, como recuerda, procedió a eliminarlos cuando el Supremo dirigió la causa contra él. Una semana después cambió de dispositivo móvil, de ahí que en el aparato interceptado en el registro del día 30 de octubre aparecieran «cero mensajes» porque solo llevaba siete días con el nuevo terminal.

El magistrado apunta en el auto que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que así sea tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».

En este sentido añade que «en el caso de la presente instrucción, es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles». Y es precisamente por esa desaparición por la que, para tratar de recuperar pruebas, «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica».

El objetivo, dice el auto, es la «búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado» debió haber contemplado la posibilidad de que se iban a encontrar datos relativos a terceros y que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos. Esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuyo testimonio sobre el papel de García Ortiz el día clave de la filtración ha sido fundamental para apuntalar los indicios contra el fiscal general. Lo mismo ha sucedido con el jefe de prensa de la Fiscalía provincial o con el propio Julián Salto, el fiscal con el que el abogado de Alberto González Amador se intercambió los correos reservados que terminaron filtrándose con las consiguientes imputaciones hoy sobre la mesa.

Aunque ha habido otros reproches del magistrado a la actuación procesal de la defensa de García Ortiz, entre ellos sus críticas a la UCO, unidad con la que la Fiscalía trabaja codo con codo en causas complejas, o su intención de participar en comisiones rogatorias que buscan lo que él borró, lo cierto es que el de este martes, con solo cinco folios, es el auto más contundente de los dictados estos meses por Hurtado. Y el auto llega además en un momento en el que el magistrado se siente reforzado por la decisión de los tres compañeros de la Sala Penal que respaldaron sus registros, de los que se deriva toda esa investigación tecnológica sobre los dispositivos del imputado a la que se refiere.

Esos tres magistrados también se refirieron a la colaboración que no ha prestado García Ortiz en el marco de esta causa. «Ciertamente la entrega voluntaria (de sus dispositivos) hubiera hecho innecesaria la medida (el registro e incautación de sus dispositivos), pero esta virtualidad no puede ser tomada en consideración por el instructor porque atenta al derecho fundamental a la presunción de inocencia y al derecho de no aportar pruebas por parte de los investigados», sostuvo el tribunal.

El último informe de la UCO, conocido el pasado 11 de febrero, reveló que el mismo día en que el Tribunal Supremo abrió causa penal contra él, borró sus mensajes de WhatsApp «hasta en dos ocasiones» y que la recuperación de datos de interés en copias de seguridad almacenadas en el servicio de Google Drive tampoco era posible por la eliminación «deliberada» de la cuenta asociada a este servicio. Es más, según el propio proveedor de servicios esa cuenta personal (del fiscal general del Estado) había sido eliminada recientemente.