«Los vocales del CGPJ no se esfuerzan en nombrar presidente»

El primer asunto al que se han enfrentado los nuevos 20 miembros elegidos a partes iguales por los dos principales partidos del Congreso, la elección de su presidente, ha resultado un fracaso imposible de solucionar después de hasta tres votaciones entre julio y agosto en las primeras reuniones del Consejo renovado el 25 de junio. Una situación que critican todas las asociaciones judiciales.

Para Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), «este bloqueo es la materialización de cómo la política de bloques puede llegar a perturbar el desarrollo del órgano de gobierno de los jueces». «No nos puede sorprender que un CGPJ elegido por dos partidos políticos (10 vocales cada uno) que llevan muchos años sin encontrar lugares de encuentro no sea capaz de lograr consenso en el nombramiento de la presidencia del órgano», considera.

«La imagen que transmiten no es de dependencia, sino de falta de flexibilidad. En otras ocasiones, los partidos designaban la presidencia. Ahora resulta que las personas designadas usan su libertad sin esforzarse lo suficiente para una elección tan decisiva. Y es normal, porque después del desastre de los últimos cinco años de instrumentalización política del CGPJ, tiene que producirse un cambio de tendencia y hay mucha resistencia a que tenga lugar. Pero es completamente necesaria y se debe concretar en una presidencia femenina que se comprometa con una política diferente a la anterior», valora por su parte Edmundo Rodríguez, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

La situación actual en el órgano es la siguiente: los vocales propuestos por el PP o del denominado bloque conservador pusieron sobre la mesa el nombre del magistrado Pablo Lucas, de tendencia progresista, como el único candidato que estarían dispuestos a admitir frente a otros que consideraban más significados políticamente entre los propuestos por el PSOE. En total, los consejeros propusieron a siete vocales que se fueron descartando sin llegar a un acuerdo.

Los vocales propuestos por el PSOE o del denominado bloque progresista no aceptaron la opción puesta sobre la mesa por los conservadores cuando quedaban cuatro candidatos en liza, instándoles a elegir a su vez entre las candidatas Pilar Teso y Ana Ferrer, opciones que tampoco aceptaron sus 'contrincantes'. De tal manera, se continuó con las votaciones que arrojaron un empate a 10 entre Pilar Teso y Pablo Lucas que ahora parece imposible de romperse.

A diferencia de la asociación progresista de jueces, tanto los representantes de las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y AJFV como de la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI), ven razones de adscripción ideológica y no de género en el bloqueo. Comparten con JJpD la sensación de inflexibilidad de los vocales que creen deberían buscar un consenso para demostrar su responsabilidad.

«Una parte de los vocales no quiere moverse de su postura. ¿Por qué tiene que ser mujer la presidenta si es una exigencia que no se da en otros órganos como el Tribunal Constitucional o el Banco de España? No se trata de un problema con que la presidenta sea una mujer sino con esta candidata que se impone», considera María Jesús del Barco, presidenta de APM, quien recuerda que los vocales recién elegidos «están llamados a acuerdos que exigen consenso mayoritario y no sacar adelante los asuntos por la mínima», más aún cuando en seis meses deben entregar al Congreso una propuesta de reforma legal para la elección de los miembros del propio Consejo. Para Del Barco, existe «al menos» un aspecto positivo que extraer de la situación, y es que ahora son los vocales quienes acuerdan el nombre del presidente y no viene impuesto por los partidos, como ha ocurrido en otras ocasiones.

«La elección de la presidencia tiene un valor simbólico porque hasta la fecha ha sido un cambalache. El órgano de gobierno lamentablemente tiene una dependencia política indisimulada. Se ha optado por insistir en un modelo político antes que reformarlo para hacerlo independiente», coincide Cristina De Vicente, de Foro Judicial Independiente. «Antes de proponer nombres habría que definir perfiles profesionales y méritos personales, así como un sistema para solucionar los empates. Me parece una mala noticia empezar por los nombres por bloques, como ha trascendido, porque no augura nada bueno», añade.

El próximo 5 de septiembre tendrá lugar el tradicional acto de apertura del curso judicial con el Rey como testigo. Para entonces, los representantes de las asociaciones judiciales esperan que ya haya un acuerdo para la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, al frente del que continúa, de manera interina, el magistrado Francisco Marín Castán.