El Gobierno de Sánchez tendrá que explicar su amnistía por el 1-O ante la Unión Europea

El objetivo de este grupo de vigilancia es recopilar información, para lo cual enviará próximamente un cuestionario al Gobierno español. El papel de este grupo de trabajo es después recomendar acciones específicas, entre ellas la redacción de informes, la petición de comparecencias o la programación de misiones parlamentarias.

En este caso, el PPE ha propuesto un cuestionario sobre la situación del Estado de derecho en España, centrado en torno a la constitucionalidad de la amnistía y sus efectos sobre la separación de poderes. Según las reglas de este grupo de trabajo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá responder por escrito. Las preguntas las ha redactado Javier Zarzalejos, que es uno de los representantes del grupo popular europeo en este organismo.

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El eurodiputado español explica que en cuestionarios anteriores «lamentablemente las respuestas del Gobierno han sido del todo insuficientes y no entraban en las cuestiones concretas que se le estaban planteando, lo que revela una falta de respeto al Parlamento Europeo». El representante popular afirma confiar en que esta vez, dado que está ejerciendo la presidencia semestral, «el Gobierno dará una imagen distinta y responderá con rigor a las preguntas que formule el Grupo de Vigilancia de Estado de derecho».

El análisis del cumplimiento de las reglas básicas de la democracia europea se ha convertido en un elemento central de esta legislatura. La Comisión Europea realiza anualmente un informe de cada país y España está acumulando en los últimos carencias que se señalan en este dictamen, aunque por ahora el Gobierno de Sánchez no ha hecho caso de las recomendaciones que se le plantean, ya sea las que se refieren a reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado, el cambio para despolitizar la elección del Consejo General del Poder Judicial y el retraso en la elección de sus miembros, de lo que el Gobierno culpa al PP.

Polonia y Hungría son los dos países que acumulan más expedientes de este tipo, tanto en el Parlamento como en el Consejo, que es la institución que puede decidir si se imponen sanciones. El caso de España es el primero en el que se señala a un Ejecutivo socialista. Si Robert Fico logra formar gobierno en Eslovaquia podría sumarse a esta relación, teniendo en cuenta la política que ha anunciado durante la campaña electoral como la que va a llevar a cabo en el país.