Sumar trabaja para una amnistía total a los independentistas desde 2013 y parcial para los policías

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Mariano Alonso

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«Quedan amnistiadas todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta Ley», reza el artículo 1.1 del documento titulado: 'Propuesta de texto articulado', avanzado por 'El Nacional' y 'El Periódico' y que fuentes de la formación de Sumar señalan a ABC que es «un texto de trabajo no definitivo».

El siguiente punto de la propuesta de ley de amnistía concreta a quién afectaría en función de sus actos: «Todo acto relacionado con la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo relativo a la consulta sobre el futuro político de Cataluña de 9 de noviembre de 2014, como del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017». Es decir, quedarían amnistiados también los implicados, juzgados y condenados por la consulta del 9-N de 2014 que lideró Artur Mas.

Igualmente, quedarían sin reproche penal o administrativo las personas que, aunque no participaron en el 9-N o el 1-O, protestaron contra las decisiones tanto del Gobierno como de la Justicia para impedir que se llevasen a cabo las dos iniciativas ilegales de 2014 y 2017. Y también los hechos «que hubieran sido o pudieran ser enjuiciados u objeto de expediente administrativo sancionador por conexidad», según figura en el documento que, por otro lado, no incluye la exposición de motivos que justifica la norma.

Un segundo artículo de la propuesta -que solo tiene dos- hace referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están siendo investigados y juzgados, en algunos casos, por impedir la actuación ilegal de la Generalitat, especialmente en 2017. Así, los policías quedarían amnistiados si la acusación sobre ellos es «contra las garantías constitucionales (Capítulo V del Título XXI del Código Penal)» y por «delitos de lesiones de los artículos 147 y 148 del Código penal causadas por un uso desproporcionado de la fuerza».

Pero el artículo 2.2 de la propuesta no dejaría fuera del reproche judicial a los agentes que sus actuaciones fueran «susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales de autoridad o funcionario público sin mediar causa por delito del artículo 167 del Código Penal». Hace solo unos días, varios sindicatos policiales advirtieron que no querían ser «moneda de cambio» y, por lo tanto, no querían ser beneficiados de una ley de amnistía.

A falta de conocer el documento final que presente Sumar, el martes, la propuesta final que se negocie con Junts y ERC deberá contar también con el visto bueno del PSOE, que hoy, por boca del ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, se ha desmarcado del contenido literal que se ha conocido hoy. Una propuesta, por otro lado, que es prácticamente igual a la que se presentó en 2020 por parte de los independentistas y fue rechazada en el Congreso en 2021.