Sánchez defiende una amnistía que ya no esconde y discrepa con Yolanda Díaz sobre el alcance
Sumar trabaja con extenderla a más de una década para incluir el 9-N de 2014 y que sea parcial para los policías
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El mutismo de Pedro Sánchez respecto a la amnistía ha acabado tres días después de haber recibido el encargo del Rey para formar gobierno. La palabra maldita, prohibida durante semanas para la mayor parte del socialismo parlamentario, ha salido por fin de la boca ... del presidente en funciones. Amnistía. La ha dicho flanqueado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y rodeado de los grandes líderes de Europa. Una casualidad nada azarosa.
La pregunta, esperada después de que por la mañana Yolanda Díaz hubiera anunciado que Sumar tenía listo un borrador de la ley, ha servido a Sánchez para empezar a justificar una amnistía que ya se da por hecho y que el PSOE y sus futuros socios de gobierno ya solo se empeñan en dulcificar.
«Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Conocemos todas esas propuestas, pero también quiero decir que no es la propuesta ni la posición del PSOE», ha señalado Sánchez, quitándose de encima un peso con el que llevaba cargando semanas. Porque la mera pronunciación de la palabra amnistía le sirve a los socialistas para empezar a restarle importancia.
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Al mismo tiempo, y como ya había hecho por la mañana su ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, el secretario general del PSOE se desmarcaba de la posición de Díaz, cuyo intento de ser protagonista en el asunto clave de la investidura volvió a salirle rana. La líder de Sumar sigue empeñada en jugar un papel relevante en la negociación con los separatistas, a pesar de que el PSOE dejó claro, a mediados de esta semana, que cualquier conversación con los catalanes ligada a la investidura pasaría directamente por las manos de Sánchez.
Un ninguneo que la vicepresidenta segunda en funciones ha tratado de disipar este viernes en Barcelona, a donde ha viajado para cortejar a los secesionistas y algunos empresarios en diferentes encuentros, en los que ha anunciado que el martes presentará su proyecto de ley de amnistía, avalado por un grupo de expertos.
«Sabemos que tiene que ser una ley de carácter orgánico. Sabemos también que tiene que ser una ley general. Sabemos que tiene que respetar los derechos fundamentales y que no caben amnistías que vulneren derechos fundamentales ni crímenes de lesa humanidad», explicó Díaz, quien evitó ofrecer más detalles del dictamen jurídico sobre el «encaje de la amnistía» en la Constitución. Proyecto que desvelará en el Ateneo Barcelonés en un acto que será presentado por Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal y uno de los autores del informe, junto al exdiputado Jaume Asens –mano derecha de Díaz en las conversaciones con Puigdemont y los separatistas– y que contará también con la presencia de la vicepresidenta.
Aunque la ministra de Trabajo en funciones no quiso hablar en profundidad del dictamen jurídico, los detalles del mismo fueron desvelados a media mañana. El documento, desvelado por 'El Periódico' y 'El Nacional' y al que tuvo acceso ABC, recoge una amnistía de máximos, en la que todos los encausados por el proceso secesionista desde 2013 podrían acogerse, lo que abre la puerta del olvido legal, incluso, a dirigentes como Artur Mas y los consejeros de su Gobierno condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014.
A la espera de Junts
«Quedan amnistiadas todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta Ley», reza el artículo 1.1 del documento titulado 'Propuesta de texto articulado', que habría emanado de un conjunto de expertos coordinados por Asens y que tendría muchas similitudes con otro proyecto que los independentistas llevaron al Congreso en 2021 y que fue tumbado a las primeras de cambio por la Mesa.
Ahora corren nuevos tiempos en el Parlamento y esa corriente de «convivencia y diálogo» que defiende la izquierda hace albergar esperanzas a los separatistas. En Junts este viernes han hecho acuse de recibo de la propuesta de Sumar, prometiendo «responder lo antes posible»; ERC, por su parte, se ha reunido con Bolaños aprovechando la visita del ministro a Barcelona. Dos muestras más de que la amnistía no tiene freno. Queda por ver hasta dónde llegarán los secesionistas y si su amenaza de incluir en el acuerdo la autodeterminación es real.
Por ahora, su interés está centrado en conocer el alcance de la amnistía y hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE, toda vez que los socialistas han insistido en desmarcarse del escrito elaborado por Sumar. «Es un documento respetable, pero no es la posición del PSOE. Creo que nos esperan semanas intensas de negociación, contactos y conversaciones en las que el objetivo no es otro que conseguir un gobierno para tener cuatro años de avances en lo económico, en lo social y en materia de igualdad», ha señalado Bolaños, en la misma línea de lo expresado horas más tarde por el presidente del Gobierno en funciones.
Policías y guardias civiles
El proyecto de Sumar también contempla la amnistía para los policías y los guardias civiles enviados a evitar el referéndum ilegal de 2017. Así, un segundo artículo de la propuesta –que solo tiene dos– hace referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están siendo investigados y juzgados, en algunos casos, por impedir la actuación ilegal de la Generalitat. Los policías quedarían amnistiados si la acusación sobre ellos es «contra las garantías constitucionales (Capítulo V del Título XXI del Código Penal)» y por «delitos de lesiones de los artículos 147 y 148 del Código penal causadas por un uso desproporcionado de la fuerza».
Pero el artículo 2.2 de la propuesta no dejaría fuera del reproche judicial a los agentes que sus actuaciones fueran «susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales de autoridad o funcionario público sin mediar causa por delito del artículo 167 del Código Penal».
Hace solo unos días, varios sindicatos policiales advirtieron en ABC que no querían ser «moneda de cambio» y, por lo tanto, no querían ser beneficiados de una ley de amnistía. «No quiero, no queremos amnistía, queremos un juicio justo. Que me digan si me excedí y si es así que me condenen, pero que me den la opción de defenderme», señalaba a este diario uno de esos policías encausados que ahora podrían quedar exonerados de cualquier culpa de prosperar la iniciativa que prepara Sumar o la que tenga en mente el PSOE.
Una amnistía que, en cualquier caso, ya ha anidado en la lengua de Sánchez y que solo espera el envoltorio político adecuado para ser entregada a los secesionistas a cambio de la investidura. Está por ver si es suficiente.
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