El Gobierno salva su plan antiaranceles con Junts jugando al suspense y sin aceptar medidas del PP

La cara del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, era un poema durante la intervención del diputado independentista. Una oda a la incertidumbre, a la inquietud... o eso parecía. Y es que el partido independentista salió hace un mes a celebrar por todo lo alto, como una gran victoria política, que el Gobierno reflejase en el decreto antiaranceles que las ayudas que recibirán las empresas se darán en proporción al porcentaje que representen en las exportaciones de España. Eso significa que las compañías de Cataluña, con un peso del veinticinco por ciento de los productos vendidos al país norteamericano, recibirán idéntica correlación de subvenciones.

No obstante, este miércoles sonaron las alarmas cuando algunos diputados de Junts, preguntados en los pasillos de la Cámara Baja, dejaron en el aire el sentido de su voto en el decreto que se debatía este jueves. No estaba todo atado, según decían. Podemos, que sigue desmarcándose del Gobierno, sea total o parcialmente, en cada ocasión que se le presenta por delante, ya había anunciado su abstención. Y eso hacía que la negativa garantizada de PP y Vox pusiese en riesgo el decreto antiaranceles si el partido del prófugo Carles Puigdemont se descolgaba del grupo del sí.

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En esta ocasión no parecía haber motivos para ello ni los separatistas habían planteado ninguno de sus grandes órdagos, después de haber cerrado un acuerdo con el Ejecutivo en abril, antes siquiera de que el Consejo de Ministros diese luz verde al decreto. Sin embargo, el recuerdo del mes de enero, cuando Junts provocó la derogación de dos de los tres reales decretos leyes que el Gobierno llevó a convalidar al Congreso, generó una cierta prudencia entre los ministros. Alguno comentaba este miércoles que había un cuarenta por ciento de opciones de que los independentistas girasen el pulgar hacia abajo.

Cuerpo, que ha defendido el decreto solo, sin ningún ministro sentado en la bancada azul del Gobierno, ha optado por un tono técnico y ha agradecido una y otra vez el talante negociador a todos los grupos —ni siquiera ha excluido a Vox—, a la par que les reclamaba apoyo a medidas que considera fundamentales, y que incluyen ayudas y créditos a las empresas por un total de 14.100 millones de euros, aunque casi la mitad de los cuales son de mecanismos previstos anteriormente y 5.000 millones proceden del plan de recuperación y se reorientan al escudo contra los aranceles de Estados Unidos, de momento en suspenso casi todos en el caso de la Unión Europea.

Escuchaba atentamente el ministro a Cruset, quien por cierto durante la intervención de Cuerpo ha usado pinganillos en una exhibición de su alergia al español, y la cosa fue mejorando para los intereses del Gobierno. El diputado de Junts ha empezado con un tono duro, grave, hablando del supuesto «expolio» del Estado a la comunidad autónoma catalana, en una coletilla casi obligada en el discurso de la derecha separatista. Pero según ha ido avanzando, ha ido colgándose medallas como si quisiese justificar lo que ya estaba cantado: el voto a favor de su grupo. «Si se quieren los votos de Junts, solo hay que priorizar a Cataluña y cumplir sus acuerdos», ha afirmado.

El Gobierno, además de que las ayudas se adjudicasen en función del peso exportador de las empresas, pactó con Junts que los acuerdos fuesen «técnicos», que no «políticos», y que se produjese una reunión mensual entre el grupo parlamentario y el ministro de Economía para hacer seguimiento de las medidas aprobadas en el decreto. Según fuentes del partido independentista, este miércoles por la tarde, después del Pleno del Congreso, tuvo lugar ese encuentro y al ver el tono y el contenido de la cita, las aguas terminaron de calmarse en Junts, que, sin embargo, no ha aclarado qué iba a votar hasta este jueves. La emoción que no falte.

Más allá de esto, se miraba con lupa a Podemos, por su abstención, y al PP, a quien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó con dureza este miércoles, en su comparecencia por su plan de defensa y el apagón, por rechazar su paquete contra los aranceles. El izquierdista Javier Sánchez Serna ha afirmado que las medidas son «insuficientes» —su partido quería expropiar las viviendas en manos de empresas estadounidenses— y el responsable económico del PP, Juan Bravo, quien negoció con Cuerpo mano a mano, ha cargado contra el Ejecutivo por pretender un apoyo incondicional de la oposición sin aceptar ni una sola de sus propuestas.

«Necesitamos un plan, no un parche. Negociar no puede limitarse a informar de lo que va a hacer a la otra parte. No recoge nuestras medidas y nos pide que aceptemos las suyas y las aprobemos», se ha quejado Bravo amargamente. El PP quería aprovechar este decreto para prolongar la vida de las centrales nucleares en España, mejorar la competitividad de la industria y bajar impuestos con, entre otras herramientas, una ley de fiscalidad agraria para proteger al campo del impacto de los aranceles. «Excusas», ha tachado antes la socialista Patricia Blanquer, quien ha advertido al popular que no hay «medias tintas»: «O se está en contra de las medidas de Trump o se deja tirados a los trabajadores».

Jacobo González-Robatto, de Vox, partido que defiende que ni siquiera se hable con el Gobierno, ha despreciado los discursos de la izquierda con ironía, al afirmar que Trump debe de estar «llorando y acojonado» tras escucharlos. Ha insistido en que su formación rechaza los aranceles y ha dicho que su líder, Santiago Abascal, así se lo trasladó al presidente de Estados Unidos en persona, pero ha evitado culparle directamente del posible impacto en la economía española: «Señalan a Trump como chivo expiatorio mientras permiten la entrada de productos a los que no exigen las normas que exigen a los nacionales». «Vox está atrapado en su contradicción: alabar acríticamente a alguien como Trump mientras perjudica a quienes dice defender», ha apuntado el coordinador general de Movimiento Sumar Carlos Martín. El Ejecutivo salva su plan antiaranceles —que se tramitará como proyecto de ley—, con 176 síes, 169 noes y cuatro abstenciones, pero los puentes con la oposición siguen rotos.