Gobierno y PP pactan impulsar la reforma de la euroorden
El objetivo es evitar que se puedan repetir casos como el del expresidente catalán Puigdemont
Evitar que el caso Puigdemont vuelva a repetirse. Ese es el espíritu con el que el Congreso de los Diputados aprobó en la tarde del jueves una resolución que insta al Gobierno a impulsar la «reforma de la euroorden» durante la presidencia española de ... la Unión Europea. La iniciativa fue pactada por el Gobierno y el PP a propuesta de éste, como una medida de «reforzamiento del Estado de derecho» para ser incluida en la agenda comunitaria. España ostentará la presidencia europea durante el segundo semestre del año que viene.
Los socialistas no dan más detalles pero fuentes populares señalan a este periódico que lo que deberá hacer el jefe del Ejecutivo es lanzar la «iniciativa política» para que la reforma eche a andar. El objetivo del partido que lidera Alberto Nuñez Feijóo es «potenciar el automatismo» de la euroorden para evitar que un tribunal de otro país busque subterfugios para impedir la entrega inmediata de un presunto delincuente buscado por la justicia de otro país.
Podemos, en contra
La iniciativa fue incluida dentro del paquete de resoluciones del debate sobre el estado de la nación pero inicialmente pasó desapercibida. Se encuentra dentro del acuerdo alcanzado entre socialistas y populares sobre política exterior y defensa, en el que se incluye también el aumento del presupuesto del ministerio de Margarita Robles hasta el 2 por ciento del PIB.
La exposición de motivos justifica este compromiso adquirido por Sánchez ante la OTAN en la necesidad de «incrementar nuestras capacidades» lo «antes posible». Además, señala que debe dedicarse «al menos un 20 por ciento» de ese presupuesto ampliado a la financiación de «grandes programas de armamento y material», así como acometer «un sustancial incremento de las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas». Frente a la crítica que hace Unidas Podemos y otros aliados del PSOE como ERC y EH Bildu, la iniciativa defiende que el aumento del gasto militar debe interpretarse como «una necesidad de mantener el adecuado nivel de seguridad» más que como una demanda de las organizaciones de seguridad a las que pertenece nuestro país.
El PP se abstiene y facilita la convalidación del segundo decreto anticrisis
Los populares argumentan que «es un plan insuficiente e incompleto», pero no votan en contra de la bajada del IVA a luz que propuso Feijóo
Además, la resolución empuja hacia una mayor contribución al gasto comunitario en defensa al instar al Gobierno a «fomentar la participación española» en la puesta en marcha de la nueva Capacidad de Despliegue Rápido, así como en las misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa».
La votación de este bloque volvió a romper en dos a los socios de coalición ya que salió su contenido adelante con 222 votos a favor (PSOE, PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias, Teruel Existe, los dos anteriores miembros de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, y el que fuera diputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero). Votaron en contra 68 diputados (Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts -partido de Carles Puigdemont-,Más País, Compromís, BNG y CUP), y se abstuvieron 55 (Vox, PDECat y el Partido Regionalista de Cantabria).
El grupo que preside Santiago Abascal explica que no votó a favor no porque no esté de acuerdo en impulsar la euroorden sino porque no apoya otro de los apartados incluidos en el bloque, el apoyo «en todas sus dimensiones» al nuevo concepto estratégico aprobado en la Cumbre de la OTAN. Y es que Vox no está de acuerdo con agrupar las funciones de la Alianza en disuasión y defensa; prevención y gestión de crisis; y seguridad cooperativa, como respuesta a una Rusia convertida en «la amenaza más importante y directa» para la paz.
Rabat retuerce el sentido
Dentro de esta misma resolución de política exterior y defensa, el PP logró colar al Gobierno una rectificación sobre el giro dado en el Sahara. El texto aprobado insta al Ejecutivo a promover «una política de exterior y de seguridad de Estado en la que se recuperen y fortalezcan los ejes permanentes que han sido comunes en todos los gobiernos de la democracia en las cuestiones de vecindad, UE y América Latina».
Este punto fue aprobado por los socialistas sin proponer enmienda alguna, a pesar de suponer una clara rectificación a la «nueva» relación política que Sánchez dijo iniciar en la misiva enviada al Rey de Marruecos. De hecho, la exposición de la resolución señala explícitamente que el jefe del Gobierno «ha roto uno de los ejes tradicionales de la acción exterior como es lo concerniente a la neutralidad activa en relación al contencioso del Sahara». El texto añade que este giro «ha desestabilizado la relación de vecindad con Marruecos, que sigue sin abrir la frontera comercial» y también con Argelia «que retiró a su embajador en España el pasado mes de marzo y con quien la tensión diplomática va en aumento».
A pesar de ello, parte de la prensa marroquí ha retorcido el sentido de la resolución e informaba hoy de que el cambio de posición del Gobierno español se veía reforzado tras el debate sobre la nación. Para ello, destacaba que el PP había rechazado una resolución de Bildu que pedía revertir el giro, pero otorgando un «estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España», y estableciendo «relaciones bilaterales horizontales» con las instituciones saharauis.
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