«Si la justicia europea nos da la razón, el Constitucional quedará en entredicho porque la ley será inaplicable»

-¿Por qué era necesario que se planteara esta cuestión prejudicial en respuesta a la ley de amnistía?

-Además de para poner en valor la labor de Sociedad Civil Catalana, para seguir reclamando que la malversación contable del 'procés' no puede quedar impune, que es necesario que se haga justicia en Europa. Por eso, como demandantes, en cuanto entró en vigor la ley de amnistía, instamos al Tribunal de Cuentas la necesidad de plantear esta consulta.

-¿Qué impresión le ha dejado la vista ante el TJUE en Luxemburgo que se celebró el martes?

-Muy positiva, porque hemos podido exponer con claridad y con rigor, técnico y jurídico, no solo los hechos que estamos demandando en España en el Tribunal de Cuentas, sino también que esto es una autoamnistía. La Comisión Europea hizo muy buen papel y la sensación es que nuestra labor también ha sido muy buena de cara al informe que ahora tendrá que emitir el abogado general de la UE.

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-¿Qué posibilidades hay de que Europa estime esta cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas?

-Antes de la vista tenía muchas esperanzas de que nos podía ir bien en el TJUE, pero ahora aún más. Al margen de que hay partidas de los presupuestos utilizadas para el 'procés' en las que se han podido ver comprometidos fondos europeos, la malversación va más allá, porque vulnera los tratados internacionales que apelan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a perseguir la corrupción en cualquier Estado miembro. El objetivo principal es que la ley de amnistía decaiga y no sea de aplicación en España. Y en eso somos muy optimistas y creemos que lo podemos conseguir porque no tenemos ninguna duda de que esta norma atenta contra derechos fundamentales de la Unión.

-El informe del letrado de la Comisión Europea fue demoledor: habló de autoamnistía, cuestionó el principio de igualdad y de seguridad jurídica, puso el acento en la urgencia de la tramitación de la ley sin ningún tipo de diálogo. ¿Qué implicación tendría que el TJUE reconociera esto?

-Una implicación absoluta porque el derecho de la Unión Europea y, en concreto, las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE se imponen para todos los Estados miembros. Aquí ya no cabe ningún tipo de recurso, es de aplicación directa. El Tribunal Constitucional quedaría en evidencia por haber acelerado, acompasando sus tiempos no por cuestiones jurídicas internas de nuestro país, sino por presiones del Ejecutivo a sabiendas de que había una vista fijada el día 15 de julio y una cuestión prejudicial con muchas posibilidades de prosperar. El Tribunal Constitucional debió esperar. Aquí los constitucionalistas somos los que hemos tenido que ir aguantando el ritmo de cambios normativos y legislativos para llegar, si se me permite la expresión, vivos a Europa.

-¿Qué consecuencia tendría que el TJUE diera la razón al Tribunal de Cuentas?

-Al prevalecer el principio de primacía del derecho europeo, la inaplicación de la ley por parte de los jueces que tienen abiertos procedimientos relacionados con la amnistía.

-En la vista quedó claro que la amnistía no es una cuestión de ámbito nacional y de hecho el vicepresidente del TJUE dejó claro ante la representante del Gobierno que la última palabra la tiene Europa. ¿Qué le parece el papel que ha jugado la Abogacía del Estado en representación de España de la mano de los demandados?

-Pues triste, pero yo creo que al final ha servido para mostrar a nivel público y a nivel internacional que en España se viven dos realidades muy distintas y que los independentistas han sido precisamente los beneficiados en todo el proceso. Por eso digo que los constitucionalistas hemos tenido que ir sobreviviendo en cada procedimiento porque hasta llegar a la aprobación de la amnistía ya se había retorcido de forma torticera la legislación española. Durante todos estos años han hecho todo lo que han podido y más para que tanto en el Tribunal de Cuentas, como en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo los procedimientos fuesen decayendo, y no por cuestiones procesales o de fondo, sino por cuestiones simplemente vinculadas a las sucesivas modificaciones legislativas.

-¿Cree que se han defendido bien los intereses del Reino de España en Luxemburgo?

-Si al final sale todo bien será gracias a Sociedad Civil Catalana y a todos los constitucionalistas, que somos millones en España, y que no hemos dejado de creer en el Estado de derecho frente a la debilidad del Gobierno y los ataques de todo el sector independentista catalán. Por la Abogacía del Estado desde luego no va ser, que ni estaba personada en el procedimiento del Tribunal de Cuentas. El papel de la Fiscalía tampoco ha sido fácil porque hasta la ley de amnistía había ido acompasado con nosotros en todas las reclamaciones en el Tribunal de Cuentas a los independentistas. De hecho, él reclamaba 3,5 millones de euros por ese desvío de fondos para el 'procés'.

-¿Por qué debió esperar Conde-Pumpido a que se resolviera esta cuestión prejudicial antes de avalar la constitucionalidad de la ley?

-Por una simple cuestión de seguridad jurídica, porque sabían que había una cuestión prejudicial ya elevada y señalada y porque si se resuelve a favor de nuestros intereses, los jueces del Tribunal de Justicia Europea van a dejar en entredicho no solo al Tribunal Constitucional sino la independencia judicial de nuestro país. Lo que ha hecho el TC es muy grave, y lo ha hecho porque quería llegar antes de la celebración de la vista para dar a las defensas más argumentación y apoyo a sus fundamentos.

-Se ha cuestionado el plazo de dos meses que la ley determina para decidir la aplicación de la amnistía. ¿Esto cómo ha afectado al Tribunal de Cuentas?

-Pues no teniendo tiempo, medios ni capacidad de practicar ningún tipo de medidas cautelares ni diligencias para asegurarse las garantías procesales de todas las partes que estamos en el proceso. No hemos podido ni opinar sobre la aplicación de la ley amnistía en ese procedimiento.

-Si el TJUE al final da la oportunidad al Tribunal de Cuentas de practicar diligencias finales, ¿eso qué implicaría?

-Yo confío en que no lo haga y directamente acuerde la inaplicabilidad de la ley por parte del Estado miembro, es decir, por España, porque de hecho fue una de las últimas cuestiones que se esgrimieron en la vista del martes. El abogado de la Comisión Europea lo expuso muy bien: esa diligencia entraría en conflicto directamente con la propia redacción de la ley de amnistía, porque no tiene cabida en la norma.

-¿Por qué es una autoamnistía?

-Porque una persona que está fugada de España con una sentencia del Tribunal Supremo que es firme (Puigdemont) y un representante del Gobierno que ahora está en prisión preventiva por corrupción (Cerdán) negociaron para que decayeran las condenas y procedimientos abiertos a independentistas a cambio de los votos de siete diputados. Esta ley afecta a unas personas concretas con nombre y apellidos. Durante todo el proceso ha habido una injerencia inasumible en un Estado de derecho hacia el Poder Judicial. No hay que olvidar que antes de las elecciones de 2023 no solo el presidente del Gobierno, sino sus vicepresidentas y ministros, estaban en contra de la ley de amnistía. De hecho, Calviño llegó a decir que si la ley de amnistía entraba en vigor, uno de los tres poderes del Estado desaparecía, en referencia al Poder Judicial. Los jueces tienen en Europa una oportunidad única para hacer justicia y librarnos de esta lacra procesal y judicial que hemos tenido en España durante estos años y poner fin a una ley que es para unos pocos y concretos.