El Gobierno se escuda en ERC y UP para reducir la malversación y rescatar a Griñán, Junqueras y Puigdemont

Pero quedan algunos flecos sueltos. Los socialistas no han querido incluir en la proposición de ley registrada con sus socios de coalición ninguna referencia a la modificación del delito de malversación, por el que fueron condenados en su modalidad combinada junto a la sedición los líderes del procés que ostentaban cargo público.

Desde ERC y UP trasladan su voluntad inequívoca de abrir esa vía en el trámite de enmiendas. Y desde la parte socialista del Gobierno no se rechaza esa posibilidad. Eso sí, se traslada el peso a sus dos socios: «Lo que tengan en mente ERC y Jaume Asens», apuntan desde el Ejecutivo. Ayer, en una entrevista en La Vanguardia, el presidente del Gobierno dejó claramente la puerta abierta: «La propuesta de los dos grupos que sustentan al Gobierno es cambiar el delito de sedición y homologarlo a Europa. Ahora viene la tramitación parlamentaria. Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación». En lenguaje presidencial eso es un sí.

La voluntad de los socialistas es aparecer en esta cuestión como cooperadores necesarios, pero no como impulsores de una medida muy controvertida que excede la cuestión catalana. Y entra en el campo de la corrupción. El PSOE mira de reojo a la situación del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación. Fuentes solventes de la formación dan carta de naturaleza a esta operación que desde fuera suena ya a triple carambola. Todo dependerá de los términos en que sea planteada, pero fuentes de ERC el viernes hablaban de introducir en el Código Penal distingos entre el cargo público que malversa para su propio lucro de aquel que lo hace para otros fines. En el primer supuesto habría más de un condenado por la trama Gürtel. En el segundo estaría Oriol Junqueras, sí, como Carles Puigdemont. Pero también Griñán. ERC tiene también el interés de tocar este delito para salvar a todos los cargos intermedios que están encausados por este delito y que están pendientes de juicio, acusados solo por malversación.

Tras adquirir firmeza en el Tribunal Supremo la sentencia que en su día dictó contra él la Audiencia Provincial de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido ya por dos veces que se haga efectiva y entre en prisión. Considera el Ministerio Público que no puede ser de otra manera. Primero, porque en un Estado de Derecho las sentencias se cumplen. Segundo, por el efecto ejemplarizante en la lucha contra la corrupción política. El PSOE ya se ha desmarcado de este punto de vista y defiende que Griñán no se enriqueció. Pero ha bajado el pistón ante la posibilidad de un indulto que ya está solicitado. La reforma que suprime la sedición y que incorporaría estos cambios en la malversación cuanto se pacte en el Congreso podría estar lista antes de final de año. Se va a tramitar por la vía de urgencia.

La figura de Jaume Asens está jugando un papel clave en este trayecto. Es el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, del entorno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y más próximo por tanto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que a Podemos en este momento de cuitas internas en la izquierda. Asens jugó un papel clave como asesor del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su operación de fuga a Bélgica. Y fue el primero en poner voz a esta posibilidad.

El viernes, en una entrevista en Rac1 Asens deslizó que los cambios oportunos en el delito de malversación podrían suponer «una pista de aterrizaje para la vuelta de Puigdemont». Y fue más lejos: «los fiscales tendrán muy difícil acusar a Puigdemont de sedición porque ahora desaparece, y también de malversación si se reforma». La posibilidad de que el expresidente sea extraditado al no existir la sedición pero que en cualquier caso tendría que cumplir penas elevadas de prisión se desvanecería. De hecho, se podría quedar en una multa.

Y luego están los casos de los independentistas ya indultados pero sobre los que pesa todavía la inhabilitación para el ejercicio del cargo público. En este apartado hay controversia respecto al alcance que tendrá la previsible revisión de las sentencias una vez entre en vigor la reforma del Código Penal, porque la sedición desaparece pero la malversación, salvo que cristalice el plan de ERC, seguiría ahí.

La disyuntiva reside en que los líderes del procés fueron condenados por sedición en concurso medial con malversación, lo que significa que ambos ilícitos están relacionados y uno se cometió para cometer el otro. Si la sedición no es delito, no se habría malversado el dinero público que se empleó en promoverla. Sin embargo, si se da por sustituida la sedición por los desórdenes públicos agravados, sí habría un ilícito al que se destinaron fondos de todos, aunque tenga menos pena.