editorial

La sedición se deroga, no se renombra

Si mañana hubiese una declaración unilateral de independencia idéntica a la que se produjo en 2017, el Estado quedaría inerme. No se podría tipificar como rebelión ni ya tampoco como sedición. Sería un mero desorden público

11/11/2022
Actualizado a las 20:49h.

La presentación formal, hoy en el Congreso de los Diputados, de la iniciativa para la reforma inminente del Código Penal que permita la derogación de facto del delito de sedición es mucho más que una cesión del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo catalán. Es ... la desactivación por la vía de los hechos consumados de una parte sustancial de nuestro Código Penal para crear una justicia de autor con la que blanquear al separatismo, dar por anuladas todas las condenas ya dictadas y las que puedan dictarse en el futuro, y sobre todo, el grave reconocimiento de que nuestro sistema de justicia no funciona. La simple reforma de un delito del Código Penal está orientada exclusivamente a sentar las bases para que en el futuro pueda darse un vuelco a nuestro modelo territorial, toda vez que el independentismo nunca va a cejar en su empeño de exigir un referéndum de autodeterminación, una amnistía total para los «represaliados» –es su lenguaje-, un poder judicial propio, y finalmente consagrar su separación de España.

La primera consecuencia real de la reforma de la sedición será la de crear un limbo jurídico, una suerte de vacío basada en un derecho específico de autor, según la cual si mañana hubiese una declaración unilateral de independencia idéntica a la que se produjo en 2017, el Estado quedaría inerme. No se podría tipificar como rebelión, porque eso ya fue descartado por el propio Tribunal Supremo; tampoco sería ya un delito de sedición porque dejará de existir como tal; y cualquier acción contra las instituciones del Estado solo podrá ser considerada como desórdenes públicos prácticamente libres de condena penal. Y eso es algo que, en cuestión de derecho comparado con otros países europeos –la gran añagaza de Pedro Sánchez- deja a España sin apenas respuesta posible frente a cualquier intento desestabilizador que no se lleve a cabo mediante un conflicto bélico.

Con las afirmaciones hechas ayer por Pedro Sánchez, el Gobierno culmina el despliegue de una campaña de mensajes para normalizar la reforma del Código Penal que rebajaría las penas del delito de sedición y, de esta manera, tachar de desproporcionada y oportunista la decisión del Partido Popular de suspender la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es una táctica similar a la de los indultos a los condenados por el 1-O, después de que Pedro Sánchez dijera que cumplirían sus penas íntegramente. La polémica, por tanto, puede tener muchas interpretaciones e incertidumbres, pero entre todo el ruido que provoca La Moncloa hay un dato cierto: el único pacto firmado por Sánchez es el que tiene con ERC para reducir las penas del delito de sedición. Y a esto hay que ceñirse cuando la opinión pública se pregunta qué va a pasar con la Justicia en España. Y lo que va a suceder próximamente con la rebaja de la sedición es una sucesión de consecuencias perfectamente medidas por el Ejecutivo con sus aliados de ERC.

La rebaja penal de la sedición es el complemento de los indultos concedidos por el Gobierno a Oriol Junqueras y demás condenados por el 1-O, porque solo así pueden reducirse sus penas de inhabilitación, que se mantiene en trece años, y volver a participar en nuevas elecciones a corto y medio plazo. Además, el Ejecutivo busca facilitar la vuelta de Marta Rovira, dirigente de ERC que huyó a Suiza en cuanto recibió la citación del juez Llarena para notificarle su procesamiento solo por rebelión. La rebaja del delito de sedición tendrá efecto retroactivo sobre las acusaciones aún pendientes, pero puede no evitar el ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga. Algo similar podría suceder con Carles Puigdemont, de quien Sánchez dijo que se comprometía a traerlo a España para que rindiera cuentas ante la Justicia.

Lo que depende del Gobierno es no torpedear la posición del Tribunal Supremo en las instituciones europeas, donde hay varios frentes judiciales abiertos y en los que tendría un impacto muy negativo la reforma de la sedición. Lo que se dice en España se oye en los tribunales europeos. Por eso, cuando el Ejecutivo insiste una y otra vez en reducir las penas del delito de sedición, sus mensajes tienen como destinatario a Europa, para que sus jueces se pregunten para qué quiere España que se entregue a los prófugos si el propio Gobierno español busca su impunidad. En cuarto lugar, la rebaja de la sedición es una amnistía de hecho, con carácter retroactivo. Con este efecto casi extintivo de las responsabilidades penales, otra consecuencia de la reforma de la sedición será reanimar el mensaje de «lo volveremos a hacer», lanzado por los mismos a los que el Ejecutivo indultó, básicamente para asegurarse sus votos en esta legislatura. Poca disuasión va a tener el Código Penal tras una reforma que creará una casta de cuasi impunes, los sediciosos separatistas.

Y finalmente, esta reforma del Código Penal no tiene nada que ver con las penas que se imponen en los principales Estados europeos a delitos similares. El argumento del Gobierno de que hay que homologar nuestro código al de los europeos es un desafío a la madurez de los ciudadanos españoles y una provocación para cualquier penalista mínimamente formado. Esto es lo que va a pasar con la reforma de la sedición: votos para Sánchez, impunidad para sus socios, desprestigio en Europa.