Equipos de PSOE, UP y ERC aceleraron la rebaja del Código Penal tras la ruptura con el PP en el CGPJ

Tampoco es que haya un enorme entusiasmo. Pero se consolida un efecto analgésico: Cataluña cansa, con el PP estábamos peor y hay que buscar soluciones. Sobre esas tres premisas se construye una argumentación que por primera vez Pedro Sánchez va a plantear de forma ofensiva. El relato que asumía que un excesivo peso de la agenda catalana lastraba al PSOE es impugnado por el Gobierno.

Con el objetivo de que la reforma esté acelerada antes de final de año, PSOE y Unidas Podemos han solicitado tramitar su proposición de ley por el procedimiento de urgencia. Se acelerará en muy poco tiempo un proyecto que renació hace unos meses después de casi dos años en el congelador.

En el mes de julio se reunió la mesa de diálogo tras un tiempo convulso en el que las relaciones entre los socialistas y ERC se habían complicado a cuenta del escándalo de Pegasus. Los republicanos sitúan en esa reunión, de la que emana un documento conjunto comprometiendo el avance en la «desjudicialización», el inicio del camino que llega hasta la reforma. Y es cierto que desde el mes de septiembre importantes dirigentes de ERC empezaron a trasladar que querrían abordar la modificación del Código Penal y que ya había trabajos previos con el Gobierno.

Desde La Moncloa limitan temporalmente los contactos y aseguran que el intercambio de propuestas con ERC solo se produce «los últimos días». Desde la sala de mandos del Gobierno aseguran que ellos tenían sus propuestas trabajadas pero que en septiembre no tenían noticias de que ERC aceptase entrar a debatir esta reforma por vía directa. «Sabíamos que iban abandonando sus posiciones de máximos, preparando el terreno», explican fuentes del Gobierno. Aseguran que «la primera vez» que ERC les manifiesta que se abren a reformular la sedición «fue después de la ruptura del CGPJ». Desde el Gobierno confirman que entonces es cuando equipos de PSOE, UP y ERC trabajaron en la propuesta final. En el Gobierno se apunta a un papel clave de Jaume Asens por UP y de Laura Vilagrà por el lado de ERC. Los equipos del PSOE consultaron el texto con magistrados y catedráticos.

Para los socialistas era un momento propicio. Una vez que pretenden limitar la ofensiva del PP en defensa de la Constitución poniendo el espejo del bloqueo en el CGPJ, del que los socialistas solo responsabilizan a Alberto Núñez Feijóo. Con más vigor si cabe desde la abrupta ruptura de hace dos semanas. La evidencia de que Pedro Sánchez quería reformar el Código Penal sirvió al PP para suspender la negociación. Y esa ruptura fue vista por el PSOE como el momento para acelerar porque le permitía defenderse mejor de la respuesta del PP: «Que alguien que no cumple la Constitución quiera dar lecciones de constitucionalismo no puede ser más que una broma», dijo el viernes el portavoz Patxi López.

En el Gobierno creen que afrontar esta reforma no supondrá un coste específico para el PSOE, una vez que ya se accedió a otorgar los indultos. Es la sublimación de la «política del ibuprofeno» de la que habló en un Foro ABC en diciembre de 2018 el por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Aunque por aquel entonces lo hacía con bastante pesimismo sobre sus efectos.

El Ejecutivo está dispuesto a explotar la idea de que la situación social y política en Cataluña es mejor ahora que en 2017, momento álgido del pulso independentista. El presidente del Gobierno y su entorno más cercano creen que pueden utilizar en su favor. «El tiempo nos dará la razón. Hoy tenemos una mejor Cataluña y más catalanes quieren seguir en España. Hay mucha gente no ideologizada. Creceremos», defienden desde la cúpula del PSOE. «No tendremos coste. La reforma es necesaria. Con el actual Código Penal los fugados se pasean por Europa y no los podemos traer», insisten. El posible retorno de Carles Puigdemont si se emite una nueva euroorden es uno de los escenarios que manejan como factibles en el Gobierno. Y son optimistas respecto a la posibilidad de que «la búsqueda y construcción de soluciones pueda también traducirse en mejores resultados electorales».

Este sábado, en un acto en Barcelona junto a Salvador Illa, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados desplegó toda la batería de mensajes fuerza: «Con el PP en el Gobierno se celebraron dos reférendums, una DUI, se fugó Puigdemont y Cataluña se fracturó», dijo. El exlendakari defendió que en su momento los indultos sirvieron para «rebajar la tensión» y que ahora con la sedición se toma «otra medida valiente». Defendiendo que el objetivo es «conseguir la paz social y fomentar la concordia cívica».

Entre los barones del partido la óptica es más plural. Todos coinciden, eso sí, en que, como publicó ABC hace unas semanas que ellos mismos y su gestión en sus comunidades son el mejor activo de cara a los comicios de mayo de 2023. Y donde no se gobierna el foco debe ponerse en la crítica al PP, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid. Campañas muy territorializadas. Y eso es porque hasta el más acérrimo partidario de Sánchez cree que lo más positivo para el PSOE es que los comicios municipales y autonómicos de mayo no se conviertan en una primera vuelta de las elecciones generales, como ambiciona el PP.

En Aragón o en Castilla-La Mancha sí temen especialmente que la cuestión afecte «el conjunto de la marca en toda España». Aunque excluyen de ese eventual castigo al PSC. Eso sí, creen que el coste electoral podría producirse en las generales y no en mayo. En el resto de las federaciones el sentimiento es mucho más optimista. «No nos va a afectar en nada», zanja un presidente autonómico. Otro líder autonómico, en cambio, no elude que la cuestión pueda ser complicada para el PSOE. Pero considera que «la gente va a votar por cómo pase el invierno». Reflexiona respecto a que la cesta de la compra o la subida de las hipotecas va a ser lo que marque el estado de ánimo de la ciudadanía.

Otro barón autonómico opina que en Cataluña «ya se movió todo lo que se tenía que mover» tras la concesión de los indultos a los líderes del proceso independentista. Aunque sí opina que la reforma del Código Penal y la «evidencia» de que forma parte de un acuerdo con ERC quizás no reste votos al PSOE pero sí puede «dificultar» que la formación llegue a electores no ubicados en la izquierda. Y a los que «no se debe renunciar» y que podrían tener estímulos de apostar por el PSOE si se impusiesen otros marcos como la respuesta europea a las crisis del coronavirus y de la guerra en Ucrania y el papel que ha jugado en ellas el presidente del Gobierno.

Esa clave siempre está ahí. Pedro Sánchez, ya lo hizo en el último debate en el Senado con Alberto Núñez Feijóo. «¿Prefiere la Cataluña del 2017 o la de 2022?». Ese mantra se va a desplegar por la maquinaria socialista por tierra, mar y aire durante los próximos meses. Consideran que el efecto analgésico de su «política de ibuprofeno» con Cataluña está garantizado a corto plazo. Sus efectos a largo plazo no tienen evidencia. Pero eso ya es otra historia. Al menos para el Gobierno.