El Gobierno entierra su promesa de castigar con multas los actos proetarras

Como es prácticamente imposible impedir 'a priori' o castigar penalmente después estos actos, para lo cual deben darse pruebas evidentes de incitación o apología de la violencia en las que ya se cuidan de no incurrir los organizadores y participantes, el Gobierno de Rajoy inició la reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

En marzo de 2018, justo antes de la moción de censura de Sánchez contra Rajoy, Interior abrió el trámite para recabar alegaciones a esta reforma. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) aportó, entre otras, una para incluir un régimen de sanciones económicas contra estos actos proetarras.

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A los dos días de consumarse la moción de censura, el ministerio saliente confirmó a la AVT que incluía esa propuesta en la futura reforma. El cambio de Gobierno no supuso –o eso parecía– ninguna novedad en este sentido. Poco después, Marlaska se reunió con las víctimas de ETA en septiembre de 2018 para garantizarles que asumía esa iniciativa. Como explicaron los propios afectados a ABC, Marlaska fue tajante al comprometerse literalmente con que «esto tiene que salir» adelante.

Pero lo cierto es que esa reforma quedó varada ante el ciclo electoral que se abrió justo después, con dos elecciones generales al año siguiente. Y cada vez más a medida que Sánchez se fue escorando hacia su izquierda y acercando posturas con los de Otegi. De hecho, esa reforma legal desapareció del Plan Anual Normativo –la hoja de ruta legislativa que presenta el Gobierno al inicio de cada año– tras entrar Podemos en el Gobierno de Sánchez y convertir este a Bildu en uno de sus «socios preferentes». Y así ha vuelto a quedar patente en su reciente investidura con el sí de los 'abertzales'.

Marlaska nunca ha renunciado formal ni públicamente a ese compromiso que asumió hace más de cinco años, pero sólo en teoría. En la práctica, es obvio que un Gobierno cada vez más dependiente de Bildu no va a impulsar ahora una medida para castigar por el bolsillo a las propias bases bildutarras. No en vano, el informe de Covite confirma que la mayoría de esos actos proetarras son organizados desde la órbita de Sortu, el partido dominante en Bildu.

Nada se ha hecho desde entonces a este respecto, como han confirmado a ABC durante todo este tiempo distintas asociaciones de víctimas como AVT o Dignidad y Justicia. Lo más cerca que estuvo de cristalizar fue a principios de 2022, cuando el PSOE buscó a la desesperada el apoyo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) –el mismo partido al que acaba de arrebatar la Alcaldía de Pamplona para entregársela a Bildu– como última opción para aprobar la reforma laboral ante la negativa de sus socios independentistas, concretamente ERC, PNV y la propia Bildu.

UPN exigió al Gobierno varios compromisos, entre ellos iniciar antes de ese verano de 2022 la tramitación para imponer dichas sanciones económicas y así «terminar con actos de homenaje incompatibles con el respeto y dignidad que merecen las víctimas». El ministro Bolaños y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, lo aceptaron 'in extremis' para salvar la reforma laboral. Al final no fructificó porque los dos diputados de UPN, Carlos Adanero y Sergio Sayas, se rebelaron contra su partido y la reforma laboral salió adelante con el voto erróneo del popular Alberto Casero.

Con todo, Interior insistía entonces en que su objetivo era llevar al Consejo de Ministros la reforma de esa ley «lo antes posible» porque su compromiso era «claro y firme». De eso hace casi dos años y las víctimas siguen esperando mientras los proetarras continúan celebrando actos sin coste penal ni económico.