El Gobierno defiende ya una amnistía para Puigdemont: «En Derecho cabe todo»

En público las explicaciones son nítidas y contundentes en una de las dos mitades de esa coalición, la de Sumar, y algo más cautas, aunque marcando el camino de la nueva cesión a los independentistas, en la del PSOE.

Por parte de los de Yolanda Díaz, su portavoz y mano derecha, Ernest Urtasun (un dirigente con mucho peso, y al que no sería raro ver ocupando alguna cartera del eventual nuevo Gobierno) se descolgó esta semana con una larga explicación en una entrevista en Radio Nacional que no dejaba lugar a dudas.

La amnistía, dijo, «tiene encaje constitucional», una opinión contraria a la que estos días sostienen muchos expertos y a la que hasta hace poco defendían incluso miembros del Ejecutivo ahora en funciones.

Así se pronunciaba, por ejemplo, la portavoz del Gabinete y titular de la cartera de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el pasado 25 de julio, en la primera y de momento única rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros que ha protagonizado después de las elecciones del 23 de julio, algo motivado por las vacaciones de verano: «Respecto a la petición de algunos grupos [un periodista le había preguntado en concreto por el referéndum y la amnistía que reclama Junts per Catalunya], creo que si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña, como en el conjunto de España, sólo cabe el marco constitucional y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece claro que eso ha gustado también en Cataluña».

De su argumentación –manifestada cuarenta y ocho horas después de que el veredicto de las urnas, contra la mayoría de los pronósticos, le hubiera dado a Sánchez la posibilidad de revalidar su mandato– se deduce cuál era el estado de opinión en aquel momento en Moncloa, que vivía una luna de miel con el resultado en los comicios, donde pese a haberlos perdido el PSOE mejoraba notablemente su apoyo (un millón más de votantes con respecto a 2019) y, sobre todo, el Partido Popular (PP) y Vox no sumaban mayoría.

Y ese pensamiento no era otro, como aludía Rodríguez, que pensar que el gran resultado del PSC en Cataluña, donde sumó más escaños que ERC y Junts juntos, ablandaría las peticiones de máximos del separatismo. Por entonces, antes del recuento del voto Cera de los españoles residentes en el extranjero que le arrebató un escaño por Madrid al PSOE y que ganó el PP, bastaba con una eventual abstención de los de Carles Puigdemont para hacer a Sánchez presidente. Pero ese baile del último escaño convirtió el sí de los siete diputados de Junts en imprescindible. Y sus dirigentes fueron dejando claro que el revés electoral que habían sufrido, similar al de ERC, no les iba a hacer apearse de sus reclamos.

Por eso, el PSOE empieza a cambiar su discurso, aunque sin llegar de momento a asertos tan contundentes como los de Urtasun, quien habló a las claras en la radio pública de que la amnistía «es un concepto jurídico que es distinto al del indulto, son dos cosas distintas.

Las amnistías, digamos, lo que pretenden es superar los efectos penales de algún tipo de proceso político que se haya producido en un determinado momento».

El pasado martes, en la rueda de prensa que ofreció en La Moncloa después de acudir a la reunión con el Rey dentro de la ronda de contactos en Zarzuela con los líderes políticos, Sánchez se enfrentó por primera vez a preguntas sobre esta cuestión.

Ya no era el líder socialista que el último día de campaña, en una entrevista en Televisión Española, calificaba de «ideología caduca» al independentismo y negaba la amnistía con este argumento: «No es algo futurible.

El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que ha tenido son indultos condicionados», remarcó, asegurando además de manera tajante que ni esa medida ni un referéndum de independencia caben en la Constitución.

Ahora, en cambio, señaló en la citada comparecencia ante los medios que «no me corresponde a mí decir lo que es constitucional, para eso ya está el Tribunal Constitucional».

Un calculado viraje que deja la cuestión en manos de un TC ya con mayoría de izquierdas, y con el ex Fiscal General de Estado con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el ínclito Cándido Conde-Pumpido, al frente.

Además, entre los miembros de esa mayoría en el máximo intérprete de la Carta Magna están los dos que directamente designó el Gobierno. Uno el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el hombre que firmó los indultos a Oriol Junqueras y al resto de cabecillas del 'procés' en 2021 y que ya entonces dijo que la amnistía era «inviable».

Y la otra magistrada seleccionada por Sánchez para el Alto Tribunal es Laura Díez, una catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona que trabajó en Moncloa, primero como directora del gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y luego en la cúpula del ministerio de la Presidencia, ya bajo el mando de Félix Bolaños.

Anteriormente había sido asesora de la Generalitat como integrante del Consejo de Garantías Estatutarias, donde avaló la exclusión del castellano de las aulas, rechazando incluso el mínimo del 25 por ciento que exigen varias sentencias del Tribunal Supremo (TS).

Por este motivo, precisamente, Díaz ya anunció en su día que se abstendría de intervenir ante los recursos en el TC interpuestos por el Gobierno catalán contra las sentencias que abogan por un modelo bilingüe para los escolares catalanes. Está por ver que haga lo mismo ante eventuales pronunciamientos sobre la amnistía, dada su proximidad a los partidos del independentismo.

El «encaje» al que se refería Urtasun, y cuya posibilidad futura empieza a avalar Sánchez, lleva aparejado un trabajo de interpretación jurídica. Es en el que se emplea ya un equipo de juristas que han recibido el encargo de Sumar, hasta «una veintena», según confirmó el propio Urtasun.

Y en paralelo Sumar negocia ya «al más alto nivel», según confirman fuentes de la dirección del partido a la izquierda del PSOE, con Junts. Y ese alto nivel, obviamente, pasa por Waterloo, donde reside el prófugo Puigdemont.

En esta negociaciones juega un papel clave Jaume Asens, durante la pasada legislatura presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos (del que formaba parte como diputado por Barcelona y dirigente destacado de los comunes que es) y jurista.

Asens perteneció a una organización estudiantil independentista en su época universitaria en la Ciudad Condal (en la que coincidió con la hoy presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol) y es una persona estrechamente vinculada a Puigdemont, con el que siempre ha mantenido un alto nivel de interlocución.

La coalición de Sánchez y Yolanda Díaz, más ahormada que nunca tras las pasadas desavenencias entre el PSOE y Podemos –cuya presencia fue barrida de las listas de manera fulminante por la vicepresidenta segunda, con la significativa exclusión de las mismas de la aún hoy ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero– trabaja conjuntamente para la investidura, sin esperar siquiera a que Feijóo fracase en el debate que tendrá lugar dentro de un mes. Y lo hace negociando ya por debajo de la mesa algún tipo de solución para esa amnistía.

Además, otro compromiso claro con ERC y Junts tiene que ver con la materia lingüística, sin la cuál no se hubiera alcanzado el pacto por el que el pasado 17 de agosto Armengol fue elegida por 178 votos presidenta de la Cámara Baja con una mayoría de izquierdas en ese órgano de gobierno parlamentario.

Ella misma se comprometió en su primer discurso ante el Hemiciclo a permitir el uso de las lenguas cooficiales, el gallego, el euskera y el catalán, en los plenos parlamentarios.

Aunque Armengol no ha tardado en enfríar ese compromiso, que fuentes del PSOE admiten que es difícil de llevar a cabo, y que posiblemente conllevaría una reforma del reglamento del Parlamento, como ya han reclamado en la Mesa los integrantes de la misma pertenecientes al Grupo Popular. 

Otro compromiso en la misma materia es impulsar la oficialidad del catalán y las otras lenguas en el ámbito de la UE, lo que se discutirá en la reunión del Consejo Europeo del próximo 19 de septiembre, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, remitiese una carta haciendo esa petición a la presidencia de ese Consejo, que ostenta curiosamente España este segundo semestre.

La oposición denuncia que excedió sus atribuciones al estar en funciones, pero Moncloa dice que lo avaló la Abogacía del Estado.

El tercer gobierno sanchista y segundo de coalición del PSOE y su izquierda pende de nuevo del independentismo. «En Derecho cabe todo», insisten en su seno para hacerlo posible.