La carta de Albares a la UE sobre las lenguas cooficiales excede las atribuciones de un Ejecutivo en funciones

La transparencia del ministro en funciones, que le ha llevado a reconocer una y otra vez, para que su redundante explicación se escuchase nítida hasta en Waterloo (Bélgica), que todo se producía como rúbrica de un pacto con Junts, choca sin embargo con la Ley del Gobierno si uno se atiene a su literalidad. El punto 3 del artículo 21 de la norma, que indica las atribuciones de un ejecutivo en funciones, es claro.

«El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas», dice el artículo.

'A priori', no parece que un pacto para la conformación de la Mesa del Congreso sea un caso de urgencia o una razón de interés general que justifique la actuación del ministro, que estando en funciones ha reclamado como parte del Gobierno de España un cambio en las políticas lingüísticas de la Unión Europea.

«Les confirmo que como parte de la negociación con Junts hemos solicitado la modificación del Reglamento 1/58, que regula el régimen lingüístico en la Unión Europea, para que se incluyan como lenguas oficiales las lenguas ya cooficiales en España, catalán, euskera y gallego. Para hacerlo he dirigido, en mi calidad de ministro de la Unión Europea, una carta a la Presidencia de la Unión Europea, que somos en este caso el mismo Estado miembro que lo solicita, lo cual no representa ninguna anomalía, lo hemos consultado con los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo, y va en copia la secretaria general del Consejo, Thérèse Blanchet», ha dicho el ministro Albares en el Congreso, ya después del nombramiento de Armengol como presidenta de la Cámara Baja.

El titular de Exteriores en funciones ha detallado que se ha solicitado que esta petición se incluya como punto del orden del día en el próximo Consejo de Asuntos Generales, el 19 de septiembre. Hasta ahora, el catalán, el euskera y el gallego podían usarse en acuerdos administrativos de gran parte de las instituciones europeas, pero no emplearse en el Parlamento Europeo. Para aceptar un cambio lingüístico, se debe contar con la unanimidad de los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que la voluntad española no garantiza que las lenguas cooficiales lleguen a la Eurocámara.

Actualmente, en la Unión Europea hay veinticuatro lenguas oficiales. La última en incorporarse fue el croata al sumarse este país al club de los veintisiete –entonces veintiocho, porque todavía formaba parte el Reino Unido–. De todas ellas, solo una es cooficial: el gaélico.

El propio Albares, en un debate parlamentario hace casi dos años, advirtió que para impulsar el catalán, el euskera y el gallego en el Parlamento Europeo era necesaria una reforma de los tratados de la Unión Europea que, entonces, no estaba sobre la mesa. Ahora, con Puigdemont meciendo la viabilidad de la legislatura, ha llegado ese día «oportuno» al que hacía alusión este jueves el titular de Exteriores; igual que el año pasado el PSOE rechazó el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y hoy se ha ganado otra ovación cerrada del nacionalismo por otro cambio de posición.