El Gobierno aplaza un acto de la UE para no hablar de la amnistía

Según la página oficial de la presidencia, el seminario debía haberse celebrado en Segovia el lunes y martes de la próxima semana bajo el título 'Los valores y el Estado de derecho en la UE. Prioridad política y exigencias de legitimidad. Una reflexión sobre el futuro'. En la explicación sobre el evento se afirma que «el seminario examinará la cuestión del Estado de derecho en la agenda de la Unión Europea, su impacto en los Estados miembros y las perspectivas de cara al futuro, con el objetivo de abordar con expertos y autoridades la cuestión del Estado de derecho en la Unión Europea, dando seguimiento a los trabajos de la Comisión, a su impacto en los Estados miembros y al futuro de la misma en el marco de futuras ampliaciones de la Unión».

En este contexto habría sido inevitable que los debates abordasen la situación en España, país al que desde hace dos años la Comisión le señala problemas relevantes en este ámbito, entre otras las interferencias políticas en la Justicia o las reformas en el Código Penal que se refieren a la rebaja de penas para la malversación.

Según fuentes europeas, estaba previsto que asistiera a esta reunión el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, que precisamente acaba de recibir varias cartas de eurodiputados españoles pidiendo su amparo ante la posibilidad de que Pedro Sánchez acuerde una ley de amnistía con los responsables del intento de golpe de Estado en Cataluña en 2017.

Fuentes del ministerio de Asuntos Exteriores han reconocido que el acto había sido aplazado «a diciembre» precisamente para permitir que acuda la comisaria de Valores y Transparencia, la checa Vera Jourová, que también comparte responsabilidades con Reynders sobre el respeto a las reglas democráticas, pero en su caso ella es socialista.

A última hora de ayer, el acto seguía figurando en el calendario de la presidencia española, aunque ni en la Universidad donde debía haberse celebrado (el campus María Zambrano) ni en el Ayuntamiento de Segovia se tenían noticias de que fuera a celebrarse. Fuentes municipales han confirmado que el Gobierno se había puesto en contacto con ellos en agosto para empezar a preparar el evento, pero recientemente les indicaron que habían decidido posponerlo, pero sin dar una orientación sobre nuevas fechas.

En su último informe anual sobre el Estado de derecho en los países miembros que elabora la Comisión Europea, la referencia a España es inquietante. Afirma que «la situación del Consejo General del Poder Judicial suscita serias preocupaciones ya que, en primer lugar, no se ha renovado a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus magistrados miembros» a los requisitos habituales en otros países, donde este mecanismo se deja en manos de los propios jueces.

El informe señala también que «la falta de renovación [del CGPJ] está repercutiendo en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto, suscitando preocupación en relación con el número de casos juzgados por el Tribunal Supremo y la duración de sus procedimientos». También se señala que «no se han tomado medidas para reforzar el estatuto del fiscal general».

En una carta al comisario Reynders, la eurodiputada de Ciudadanos (CS) Maite Pagazaurtundua afirmaba la semana pasada que una eventual amnistía en los términos que se plantean actualmente en España constituiría «una enmienda al Estado democrático de derecho, a los tribunales y al modelo constitucional. Pretende atacar a la función jurisdiccional y al principio de igualdad y legalidad. La realización de la voluntad que expresa el presidente Sánchez -en funciones- supone ya una catástrofe para todos los europeos». El acto aplazado lo organizaba el Ministerio de Exteriores.