¿Qué es el Consell de la República de Puigdemont?
Los más de 90.000 socios de la entidad privada registrada en Bélgica tienen en sus manos hacer presidente a Sánchez
El Consell de la República votará si Puigdemont bloquea la investidura y dificulta que esta sea antes del 24 de octubre
La investidura de Pedro Sánchez (PSOE) está en manos del Consell de la República, entidad cuyos socios votarán, del 17 y al 23 de este mes, si promueven el bloqueo entre ERC y Junts, que son los partidos que deciden el próximo presidente del Gobierno en el Congreso. El resultado de la consulta del Consell se conocerá el 24 de octubre. Todo indica, por lo tanto, que no habrá votación de investidura en el Congreso antes de esta fecha.
¿Qué es el Consell de la República?
El Consell de la República es una asociación privada registrada en Bélgica que preside Carles Puigdemont. Se creó tras la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña del 27 de octubre de 2017 y la fuga del entonces presidente autonómico catalán para evitar la acción de la Justicia. Está vinculada a la entidad sin ánimo de lucro CATGlobal ASBL, que gestiona sus gastos. Al inicio, fue respaldada por los tres partidos independentistas (Junts, ERC y la CUP) y las principales entidades del movimiento secesionista. Con el paso de los meses, ERC y Òmnium Cultural, por ejemplo, se fueron descolgando.
¿Qué objetivos tiene la asociación?
El Consell de la República se considera «institución democrática de representación política provisional de la República Catalana», surgida del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, según consta en el Código General del Consell, documento que estructura la entidad. La asociación «ejerce como Autoridad Nacional hasta que se constituya un nuevo Estado independiente en forma de república». Y entre sus cometidos está, también, el de «impulsar procesos democráticos de autodeterminación para conseguir, respetando los ritmos de cada territorio, el mandato de la independencia en el resto de los 'Países Catalanes'».
¿Qué estructura interna tiene?
La asociación trata de emular el funcionamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo de una supuesta Cataluña independiente gobernada desde «el exilio». Su espejo es la Generalitat republicana que ejerció como tal en el exilio entre 1939 y 1978. Así, se creó una Asamblea de Representantes (entre 100 y 150 miembros), que representa a los socios. Pero, recientemente, Puigdemont anunció que la disolvía con la intención de crear una especie de 'cámara de sabios', más fácil de controlar. En paralelo, se mantiene un Consejo de Gobierno (mínimo de 10 y máximo de 20 miembros) con un presidente, escogido por la Asamblea. El presidente nombra a los miembros del Consejo de Gobierno.
¿Quién forma parte de la asociación?
Cualquier persona que se registre en la web de la asociación, tenga más de 16 años y pague una cuota. «En pleno siglo XXI, la ciudadanía ha de ser una decisión libre y voluntaria», defienden. Ser socio de la entidad da derecho a formar parte del «registro ciudadano» y votar al 'legislativo' (hasta ahora), así como participar en las consultas internas que se convocan. Por ejemplo, los socios decidirán si la asociación promueve el bloqueo a la investidura de Pedro Sánchez entre Junts y ERC. Actualmente, hay 90.142 personas registradas en la asociación con derecho a voto.
¿Quién controla el Consell de la República?
Carles Puigdemont es el presidente del Consejo de Gobierno desde su fundación y, como tal, controla las líneas generales de todo el Consell de la República. La asociación está creada a su imagen y semejanza. Al ser una entidad privada, también controla la financiación que, todo indica, se nutre de las cuotas de los socios y las aportaciones en forma de donaciones que recibe. El vicepresidente del Consejo de Gobierno es Toni Comín, ex consejero de la Generalitat en 2017, eurodiputado y fugado de la Justicia. En el gobierno también están Lluís Puig (fugado, igualmente, en 2017) y, entre otros, los diputados autonómicos de Junts Antoni Castellà y Aurora Madaula y el cantautor Lluís Llach.
¿Tiene algún valor real y jurídico esta asociación?
En España, no. La entidad está registrada en Bélgica y tiene la relevancia política que los partidos y las entidades independentistas le quieran dar. Por ejemplo, en el acuerdo de gobierno entre Junts y ERC, de 2021, que permitió a Pere Aragonès acceder a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, los de Junts trataron de imponer que el Consell fuera tenido en cuenta como una organización reconocida y superior a la «Generalitat autonómica». Esta exigencia fue motivo de fuerte discusión entre los de Oriol Junqueras y Puigdemont, pues supondría la supeditación de la Generalitat a una entidad sin control. No aceptar esta supeditación fue uno de los motivos por los que Junts rompió con ERC en el Govern.
¿Hay un sector crítico en el seno del Consell?
Es prácticamente inexistente. Hace unos días, una treintena de miembros de la Asamblea de Representantes (que contaba con 121 personas) publicaron una carta abierta a Puigdemont lamentando su control sobre el 'legislativo' y, entre otras cosas, acusando a Comín de beneficiar a su gente de algunos contratos de gastos innecesarios que se imputaban a la Asamblea. La crítica de estos 'rebeldes' también iba dirigida a la iniciativa de Puigdemont de querer suprimir la Asamblea. La presidenta del 'legislativo', por ejemplo, Ona Curto (CUP) dimitió al conocer la intenciones del ex presidente autonómico. La critica a Puigdemont es residual.
¿De dónde sale la iniciativa que promueve el bloqueo a la investidura?
Lo que se conoce, hasta ahora, es que la iniciativa surge de uno de los socios del Consell de la República que se hizo con un millar de avales digitales (1.064, en concreto), lo que obliga al Consell a plantear la consulta directa a los socios (algo más de 90.000). No es una iniciativa del Consejo de Gobierno, por lo que, en principio, no cuenta con el aval de Puigdemont. El resultado de la consulta, más allá de la fecha que retrasará la posible investidura de Sánchez hasta después del 24 de octubre, como pronto, puede ser utilizado en la negociación con el PSOE y, también, puede limitar la acción del interlocutor de Junts, que es el mismo Puigdemont.
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