La Xunta presenta alegaciones contra la «mal llamada» condonación de la deuda autonómica

El Ejecutivo gallego aprobó en la reunión de este lunes del Consello –presidido por Calvo, al haberse tomado Rueda unos días de descanso por haber tenido que suspender sus vacaciones en agosto a causa de la ola de incendios del verano– un informe sobre las alegaciones en el que los conselleiros confirman su rechazo a una propuesta financiera que «no mejora la solvencia ni la capacidad de gasto» de las autonomías.

En primer lugar, ha destacado el responsable de Presidencia, porque «el anteproyecto establece claramente que esa condonación no puede ir a mejorar los presupuestos en políticas sociales, en educación o en sanidad». O dicho de otra forma, los Ejecutivos autonómicos no contarán con más dinero para gastarlo en otras partidas.

En cuanto al caso gallego en concreto, esa mejora en la solvencia o en la capacidad de gasto es aún menos factible porque nuestra región, en vez de beneficiarse de una quita, «tendría que asumir 600 millones de euros de deuda procedente de otras comunidades autónomas con sus intereses correspondientes», ha advertido el conselleiro Diego Calvo. Es decir, los gallegos pasarían a tener que soportar deuda generada en mayor parte por otras autonomías al ser la gallega una de las comunidades con menor nivel de endeudamiento.

«En definitiva», ha continuado el responsable de Presidencia, la condonación de deuda aprobada por el Ejecutivo de Sánchez «no cumple con el fin para el que supuestamente fue concebida o nos la presentaron en su momento. No va a reforzar ni a mejorar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas», ha concluido.

La Xunta insiste en que, en vez de poner en marcha una medida «injusta que se aplica con criterios arbitrarios y no técnicos», lo que debería hacerse es negociar «un nuevo modelo de financiación autonómica, de manera multilateral, y que se tengan en cuenta las características de cada comunidad: el coste de prestar servicios básicos», ha defendido Calvo.

En caso de que, como todo apunta, el Gobierno siga adelante con su propuesta, la Xunta no descarta terminar recurriendo la norma ante el Tribunal Constitucional, como ya han avanzado otras comunidades populares. «Terminado el plazo de presentación de alegaciones, presentamos las que correspondían, y ahora vamos a esperar a que el Gobierno atienda o deje de atender estas alegaciones», ha apuntado Calvo. «Pero, evidentemente, somos conscientes de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición» y «tampoco cerramos la puerta a tomar otro tipo de decisiones», ha reconocido.

En el informe en el que se analizan las alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, se refleja que los criterios utilizados por el Gobierno central para defender la condonación no son válidos porque no mejora ni la solvencia ni la capacidad de gasto de las comunidades autónomas.

También se denuncia que el Ejecutivo tomó la decisión de ir adelante con esta propuesta, pactada con sus socios habituales a cambio de su apoyo, sin contar con la participación de las comunidades, llegando directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una propuesta ya decidida de antemano.

Según el documento, la propuesta altera de forma arbitraria y discrecional la situación financiera de las comunidades y no resuelve el problema estructural de financiación que existe desde hace años. De hecho, consideran que el método de cálculo de disminución de la deuda que se recoge en el anteproyecto aplica tramos y criterios arbitrarios en lugar de aplicar criterios técnicos, como puede ser el de habitante ajustado.

Tras el análisis de la norma, la Xunta advierte que la condonación podría tener incluso un impacto negativo en el coste de financiación del Tesoro y, por lo tanto, de las comunidades que se financian en los mercados de capitales, llegando a poner en riesgo la valoración crediticia de España, contradiciendo las buenas praxis e incentivando el incumplimiento de las reglas fiscales y la gestión irresponsable de los recursos públicos.