El Supremo falla a favor de Ence y confirma la validez de su prórroga en Pontevedra hasta 2073

La Sala considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, siempre que consten informes medioambientales favorables. En el asunto analizado, constaban informes favorables de la Administración en esa materia, la Xunta de Galicia. Este era uno de los argumentos esgrimidos por la compañía pastera, que se amparaba en la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, que permitía la concesión de este tipo de prórrogas excepcionales.

En su día, la Audiencia Nacional había considerado que incluso pudiendo acogerse a la norma de 2013, Ence necesitaba justificar los requisitos para prorrogar su actividad en una zona protegida que exigía la Ley de Costas de 1988, y este no era otro que la acreditación de que su actividad no podía desarrollarse en otro emplazamiento. La Audiencia no estimó suficientemente acreditada esta cuestión y por ese motivo anuló la prórroga que ahora, sin embargo, recupera su validez.

El contenido íntegro de la sentencia, que contará con el voto particular de la magistrada Ángeles Huet, se conocerá en los próximos días.

Tras conocerse el fallo, el Ministerio para la Transición Ecológica se ha limitado a comentar que lo acatará, mientras espera conocer el contenido íntegro de la resolución. El papel del Ejecutivo no ha sido menor en este tema. Fue una decisión gubernamental la que autorizó la prórroga excepcional, pero tras la moción de censura de 2018, el nuevo Gobierno se inhibió en la defensa de su propia decisión y optó por allanarse cuando el ayuntamiento de Pontevedra y varias organizaciones ecologistas decidieron denunciar judicialmente la prórroga. En enero del año pasado, la ministra Teresa Ribera no ocultaba su deseo de que Ence buscara otra ubicación, señalando como posibles destinos As Pontes y Cerceda, municipios afectados por el cierre de dos centrales eléctricas, un traslado que pudiera engrasarse con fondos europeos, pero que nunca pasó de la ensoñación. Ahora el relato decae.

A través de un comunicado, Ence ha expresado su «satisfacción» por la resolución de los magistrados de la Sección Quinta, que «despeja la incertidumbre sobre el futuro de esta instalación» y «aporta a la compañía la seguridad necesaria para acometer sus planes de futuro en esta biofábrica». «La empresa seguirá centrada en crear riqueza y empleo sostenibles en Galicia a través de la actividad de esta planta, que se mantendrá siempre a la vanguardia en eficiencia, mejores tecnologías disponibles y sostenibilidad». Su presidente, Ignacio Colmenares, ha avanzado que «queremos seguir escuchando la voz de todos, respondiendo a las inquietudes de nuestro entorno para, juntos, ser capaces de visibilizar todo lo que aportamos a esta comunidad, así como de continuar avanzando y mejorando». «Esta invitación al diálogo y a la escucha activa incluye también a los colectivos más críticos con la actividad de Ence Pontevedra, a los que volveremos a invitar a reunirse con nosotros, para buscar puntos de encuentro y vías de colaboración, en beneficio de toda la sociedad», ha añadido.

La compañía, que ha experimentado una revalorización de su valor en bolsa tras conocerse la sentencia, ha informado además que recuperará para el balance de 2022 los 169 millones de euros que provisionó el ejercicio anterior ante un eventual cierre de la planta de Pontevedra.

La decisión del Tribunal Supremo supone también un alivio definitivo para las 400 familias que dependían directamente de los empleos de la pastera, pero también para los 5.100 empleos indirectos e inducidos vinculados a la factoría de Lourizán. La compañía ya había advertido que de no poder prorrogar la concesión, se vería obligada a cerrar la fábrica, dada la imposibilidad para trasladarla a otra ubicación. Este lunes, los empleados se mostraban «optimistas» ante lo que pudiera manifestar la Sala de lo Contencioso. Las centrales sindicales mayoritarias secundaron las movilizaciones de la plantilla en los últimos días. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió la pasada semana en Santiago que el Supremo fuera sensible con el empleo que estaba en juego en el caso de Ence. A través de sus redes sociales, el presidente de la Xunta ha celebrado la noticia, que considera «la victoria de muchas, muchas familias, que van a poder seguir viviendo en Pontevedra y en Galicia. Gana la sensatez y gana la legalidad».

La noticia, por el contrario, ha caído como un jarro de agua fría en PSOE, BNG y los colectivos ecologistas que defendían la salida de Ence de la ría, donde lleva instalada desde 1958. El Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por los nacionalistas desde hace más de veinte años, fue uno de los impulsores de la denuncia contra la prórroga de Ence, anulada en primera instancia por la Audiencia Nacional, y ahora validada por el Supremo. La llegada del PSOE al Gobierno provocó que la Abogacía del Estado se allanara ante esta denuncia, y no defendiera en instancias judiciales la prórroga concedida por la propia administración central. Greenpeace, otra de las entidades denunciantes, ha reaccionado lamentando que «a pesar de los argumentos de peso, el medio ambiente hoy sale perdiendo».