Rueda anuncia un bono anual de 5.000 euros para todos los dependientes que reciben cuidados en casa y nuevas rebajas de impuestos

La intervención del presidente gallego tiene una clara lectura preelectoral: a la legislatura le quedan menos de nueve meses. Rueda ha querido insistir en la idea de Galicia como una «isla de estabilidad» frente al «desafío constante al Estado» de «otras comunidades». «Fuimos siempre leales con los intereses comunes», «Galicia siempre prosperó desde el más estricto respeto a las reglas de juego que nos dimos entre todos», reiteró en el arranque de su discurso, más breve de lo acostumbrado y que no llegó a la hora y media de duración.

En pleno proceso de negociación entre el PSOE y los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez, Alfonso Rueda ha proclamado que Galicia «no puede ser ajena a esta especie de redefinición interesada del modelo territorial de España que se intenta incluir a la fuerza dentro del debate público», advirtiendo además que «el marco constitucional no puede ser moneda de cambio para intereses electorales de corto recorrido». «Un presidente no puede ganar una prórroga de unos meses o unos años a costa de sacrificar el más elemental principio de igualdad entre todos los ciudadanos», considerando además que «la negociación con el independentismo» no le es «ajena a Galicia».

«Hablar de condonación de deudas o de reconocimiento de supuestas 'deudas históricas' de importes astronómicos tiene una consecuencia clara: que en la caja común de los españoles, y por lo tanto también de los gallegos, se priorice la busca de apoyos para el partido en el Gobierno sobre la sostenibilidad y la equidad del Estado del Bienestar para todos los españoles», ha considerado, «la España de nuestros hijos y nietos no puede ser una nación asimétrica, en la que unos reciban todo lo que a los demás se les niega (...) el financiamiento de las autonomías no puede ser una herramienta de castigo para las discrepantes y de incentivo para las que puede serle políticamente útiles al Gobierno».

Así, Rueda ha garantizado que su gobierno «no se embarcará en aventuras políticas de escaso recorrido, que sacrifican el bienestar de todos y la cohesión social en el altar de la ideología», y ha insistido en la idea de que «nuestra tierra es distinta, es segura«, y que »seguiremos siendo previsibles, fraternales, responsables e inspirando confianza«.

Uno de los anuncios más relevantes de la intervención de Rueda ha sido en el ámbito de las políticas de atención a la dependencia. A partir del próximo año, ha adelantado, «todas las personas con dependencia grande o severa y que sean cuidadas por un familiar en su domicilio tendrá derecho a un bono de 5.000 euros al año», que no estará condicionado por umbrales de renta. «Galicia se convertirá en la Comunidad con más apoyo para que las personas mayores sean atendidas en su casa» con este bono universal, que la Consellería de Política Social calcula que le costará alrededor de 150 millones de euros y beneficiaría en la actualidad a unas 18.400 familias. Es una medida «sin precedentes ni equivalentes en España», ha subrayado Rueda.

Las ayudas se extenderán también a los dependientes en residencias. Aquellos que ya cuenten con bonos de ayuda para acceder a estos centros «recibirán un complemento de 1.200 euros al año», un plus «independiente de la capacidad económica y del grado de dependencia». «Cada gallego, con el apoyo de su familia, escogerá la atención que más encaje dentro de su carácter y estado físico», políticas adoptadas con el objetivo de ser «líderes nacionales en atención a la dependencia». Este bono se sumará al ya anunciado de 120 euros para que las familias adquieran material deportivo para los hijos.

En el apartado fiscal, donde empieza a quedar escaso margen para la rebaja tras catorce años consecutivos de retoques, también hubo novedades. Galicia rebajará un punto -del 9 al 8%- el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de viviendas de segunda mano. En un inmueble de 200.000 euros, el ahorro será de 2.000 euros. La Xunta mantendrá, además, «las bonificaciones que ya existen» para determinados colectivos, como los menores de 36 años, las víctimas de violencia de género, las familias numerosas o las viviendas en zonas poco pobladas. En política de vivienda, Rueda ha avanzado que su gobierno impulsará «cerca de 1.900 nuevas viviendas públicas para alquiler y otras 3.000 de promotores privados», que se sumarán a «un incremento del 50% en el tamaño de nuestro parque de vivienda protegida, en el que Galicia invertirá 250 millones de euros».

Para el colectivo de los mayores Rueda tenía otro anuncio en el discurso. Se creará un carné +65 «que les ofrecerá a las personas mayores descuentos semejantes a los que ya incluye el Carné Xove», principalmente en transportes públicos, y se pondrá en marcha «un nuevo programa de viajes impulsado por la Xunta y estadías de ocio activo, porque alcanzar la jubilación es una meta demasiado bonita como para no aprovecharla al máximo».

El principal anuncio en materia económica y empresarial es una agilización y simplificación administrativa para la implantación industrial que promete traer cola con los concellos. A partir del próximo año, la Xunta tendrá un año como máximo para tramitar los «proyectos industriales estratégicos», aquellos que «creen 25 o más empleos, cuenten con financiación de dos millones de euros o más y cuenten con una importante incidencia territorial y socioeconómica». Si se supera ese plazo «por causas atribuibles a la Administración», esta «indemnizará al promotor con el 1% del importe total del proyecto, hasta un límite de 500.000 euros».

En los proyectos «de tamaño medio, con una inversión superior a los 800.000 euros» se aplicará «un plan de aceleración» mediante una «ventanilla única» para que «se reduzcan los plazos a la mitad», y arrogándose el gobierno autonómico la capacidad para «emitir licencias de obras (...) en el caso de que los permisos de competencia municipal se demoren sin motivo». La Xunta tiene el aval de su asesoría jurídica para una medida que invade de manera evidente una competencia municipal y que anuncia con toda probabilidad un frente de conflicto con los alcaldes de PSOE y BNG.

Por último, la otra gran medida en este ámbito será la creación de un fondo público-privado «que contará con un capital inicial de 300 millones de euros» y en el que la Xunta aportará un 10%, con el que se pretende «favorecer los proyectos con mayor repercusión socioeconómica en Galicia» y que «tengan acceso a la financiación que requieran». Este fondo se presentará «en las próximas semanas» ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

A partir de las 16 horas será el turno de la oposición.