Comisiones de investigación: ¿bombas o petardos?

Ahora bien, ¿sirven para algo las comisiones de investigación en un parlamento autonómico? La experiencia dice que, al menos en Galicia, no. Se abren y se cierran, a veces sin conclusiones, en ocasiones contra el criterio del grupo que instó a su creación. Aún hoy sigue sin haberse aprobado el dictamen de la comisión creada para conocer el colapso del sistema financiero gallego, con la quiebra de las antiguas cajas de ahorro. Se esfumó con la disolución del Parlamento en diciembre y esta legislatura ni siquiera se ha creado. ¿Alguien recuerda algo de lo dicho?

Podemos hacer memoria y recordar el sainete de la comisión del Prestige, en las postrimerías del fraguismo, de tintes tan guadianescos como absurdos: si ya existía un órgano investigador en el Congreso, ¿qué sentido tenía abrirlo en Galicia, con una menor capacidad de convocatoria e influencia? O las que el bipartito abrió contra el PP durante su etapa, por los sobrecostes de la Ciudad de la Cultura y el hundimiento de unos tubos en la vía del Salnés. En la primera llegó a comparecer un octogenario Manuel Fraga, en una suerte de linchamiento póstumo por la entonces mayoría de gobierno.

Ni una ni otra impidieron la victoria de Núñez Feijóo en 2009, que también probó los sinsabores de aquella otra comisión por la agente electoral del PSOE, cuyas conclusiones pactaron socialistas y nacionalistas para que no hubiese damnificados. El escándalo lo había destapado el PP, pero PSOE y BNG lo enterraron porque tenían el mismo control de su funcionamiento del que ahora harán gala los populares.

Hubo más, eh. Se abrió otra por el accidente de O Marisquiño, que el PSOE plantó pero a la que acudió ufano Abel Caballero, como si el accidente no hubiera sido en Vigo. Acabó su plan de trabajo, languideció, se secó y murió, sin conclusiones. Casi como aquella otra que montó la oposición sobre la situación de la sanidad en 2018, de la que se fue porque el PP no le permitió llamar a más de un centenar de comparecientes, como pretendían, y montaron un foro alternativo que acabó cerrando Miguel Santalices por usar de manera no permitida el Parlamento.

Las conclusiones de las comisiones de investigación no se fijan en sede parlamentaria, sino en los relatos de los distintos partidos políticos. Ante la polarización que atraviesa la sociedad -y de la que Galicia no se libra-, los votantes de izquierdas y nacionalistas creerán firmemente que había una trama para enriquecer a la concesionaria del Cunqueiro, la empresa del novio de Ayuso y la multinacional en la que trabaja la hermana de Feijóo. Y da igual que se diga o demuestre lo contrario, porque los cafeteros necesitan su cafeína. Los simpatizantes del PP, por su lado, defenderán que todo forma parte de una desesperada estrategia de la oposición por tener algo que decir tras el varapalo de las autonómicas.

Entonces, ¿con qué carta hay que quedarse si se es neutral? A la vista de que las comisiones de investigación en nada se parecen a las de las películas y series americanas, el lugar donde se resuelven los ilícitos penales son los tribunales. A un juez no se le niega documentación, ni se le rechaza una llamada a declarar, y en juicio un testigo tiene obligación de contestar a lo que se le pregunte. Todavía se respeta a la justicia, salvo que investigue a la mujer del presidente del Gobierno, claro está.

Así que si alguien espera que de esta comisión surja alguna bomba cuyos efectos políticos y electorales se hagan notar y alteren el actual orden de las cosas, cabría más bien hacerle ver que esto -muy probablemente- en vez de elaborada pirotecnia bien puede acabar siendo meros petardos, que hacen ruido un instante y al siguiente se han olvidado.