Galicia se opone «al trágala» del reparto de migrantes: «No tenemos ni una plaza»

Una contundencia mostrada por la titular de Política Social tras ser preguntada por el real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, en el que se establecen los criterios para el reparto de 4.400 menores migrantes. Un cálculo polémico donde se tienen en cuenta factores como la población, la renta, el paro, la dispersión, insularidad o la cantidad de migrantes acogidos previamente.

De este forma, secunda las palabras del presidente Xunta, Alfonso Rueda, que también solicitó más planificación y recursos al Ejecutivo de Pedro Sánchez este martes. Ayer, Rueda añadió desde Melilla que estos criterios suponen un intento de someter a «un trágala» a las comunidades para satisfacer las necesidades de Junts ante el que no cederán: «Esto hay que hacerlo de otra manera si se quiere hacer bien», afirmó en declaraciones recogidas por Ep.

Tanto el presidente gallego como la conselleira insistieron en que en Galicia siempre «son solidarios» en lo que respecta a la acogida de inmigrantes, con un sistema de «inclusión total» que no distingue entre la procedencia o nacionalidad de los menores que tutela la Comunidad -90 de las 832 plazas son ocupadas por menores inmigrantes-. Sin embargo, critican que esta actitud debe partir de la voluntariedad y no de la imposición del Gobierno central.

«Siempre hemos sido en Galicia una tierra solidaria, nunca nos hemos negado a un acogimiento bien planteado», reiteró Rueda, mientras que García solicitó volver a la senda del diálogo.

«Con lo cual, le pedimos [al Gobierno] que continúe con esa vía de consenso y no con la vía de la imposición. Galicia no va a aceptar un trágala», subrayó la conselleira, que volvió a señalar el preocupante dato de que la Comunidad cuenta actualmente con una «sobreocupación del 104%» en las plazas destinadas a tutelar menores a pesar de que los criterios aprobados por el Consejo de Ministros implicarían la llegada de 326 más a los centros gallegos.

Por último, la conselleira se refirió al aspecto económico, recordando que, con el actual sistema, el Gobierno central solo financia el primer año dentro del sistema de protección (que incluye alojamiento, manutención, educación, etc.), a pesar de que la ayuda que prestan desde la Administración gallega abarca más allá a los 18 años.

Desde la oposición, el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, criticó con dureza la postura de la Xunta, acusando de referirse a los migrantes como «mercancía» al emplear el término «reparto» en vez de «reubicación», lo que implica que el PP se está «impregnando» de las «ideas de la ultraderecha».

«Contemplemos esto desde el punto de vista de la solidaridad, del respeto, sobre todo de compartir un proyecto conjunto en el que las personas se reubiquen de una forma razonable por todo el territorio», defendió Besteiro. Una ‘reubicación’ diferente a la aplicada por sus socios de filas del Gobierno central en Galicia, con la expulsión de inmigrantes acogidos de la Comunidad en varios puntos del territorio por la denegación de las solicitudes de asilo, e incluso por protestar por las condiciones de abandono y maltrato en el caso del centro de acogida en Monterroso. «El mensaje del presidente de la Xunta es un mensaje de intolerancia, de no respetar los derechos humanos», siguió el líder de los socialistas gallegos.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que también empleó el descalificativo de «extrema derecha» y «racista» para referirse al gobierno gallego, solicitó a la Xunta «estar a la altura» de la solidaridad que tiene el conjunto de la ciudadanía en vez de utilizarlo como «arma partidista». «Hablamos de menores que en estos momentos están en unas condiciones que consideramos que no son dignas», añadió Pontón, que señaló como «responsabilidad ética y moral» el hecho de «ser solidario con las personas que más lo necesitan».